Los cazadores se unen para recurrir el veto nocturno en El Hondo de Elche y Crevillent y Las Salinas de Santa Pola

Los cazadores, arrendatarios y propietarios de fincas cinegéticas de El Hondo de Elche Y Crevillent y Las Salinas de Santa Pola, han decidido unir fuerzas para recurrir la resolución de la Generalitat Valenciana que prohíbe la caza nocturna en estos dos humedales del sur de la provincia. En total, doce cotos de caza, integrados y no integrados en la Federación de Caza, han acordado actuar de forma conjunta al considerar que sufren un agravio comparativo con respecto a otros espacios húmedos de la Comunidad Valenciana, especialmente en cotos del entorno de la Albufera de València.

“Vamos a agotar la vía administrativa porque estamos hartos de que no se nos haga caso”, aseguran los representantes cinegéticos consultados por INFORMACIÓN, quienes no descartan más acciones si la Conselleria de Medio Ambiente mantiene su postura.

Comparación con la Albufera y las "càbiles"

Uno de los argumentos de los cotos afectados se basa en la desigual aplicación de la normativa. Mientras que en El Hondo y Las Salinas se mantiene el veto a la actividad nocturna -los cazadores pedían 45 minutos tras el crepúsculo-, en los cotos del entorno de la Albufera de València se autoriza la práctica tradicional de las ‘càbiles’, una modalidad cinegética arraigada que se desarrolla entre mediados y finales de enero y que incluye disparos durante la noche en espacios regulados. Además, normalmente se puede cazar allí hasta hora y media después del crepúsculo.

“La Albufera también está incluida en un proyecto Life para la protección de la cerceta pardilla y, sin embargo, allí sí se permite la caza nocturna. No entendemos por qué en Valencia pueden disparar, incluso toda la noche, y aquí no”, señalan. Los cazadores subrayan que ambos humedales comparten figuras de protección europea y están en el Proyecto Life Cerceta Pardilla, por lo que consideran injustificado que se aplique un criterio distinto y que un juzgado prohíba la actividad tras caer el sol en el sur de Alicante pero no en Valencia, cuando el razonamiento es la protección de un ave en peligro de extinción que cuenta con población en ambos ecosistemas.

El informe de Vida Silvestre

La resolución de la Generalitat se apoya, según explican los afectados, en un informe del Servicio de Vida Silvestre que califican de “demoledor” para la actividad cinegética, aunque ellos lo tachan realmente de “chapucero”, al estar basado —afirman— en suposiciones. El documento sostiene que en los últimos años (desde 2019) se habrían abatido cinco ejemplares de cerceta pardilla en cotos de caza, basándose en el seguimiento de transmisores GPS colocados a estas aves. Sin embargo, los cazadores niegan que exista prueba alguna que vincule esas muertes con la actividad cinegética.

“De esas cinco cercetas solo se han encontrado los emisores, no los cuerpos. No hay cadáveres, no hay necropsias... No se puede afirmar que hayan sido abatidas, no se conocen las causas de la muerte”, recalcan. Añaden que los transmisores, que es lo único que se ha encontrado, pueden desprenderse del animal por múltiples causas como enganches en vegetación, pero también se mueren las aves por otras razones como hambre o depredación natural, una constante cada vez mayor a causa de la proliferación sobre todo de jabalíes, pero también de gatos salvajes, zorros, incluso de nutrias.

Incongruencias y censos cuestionados

Los representantes cinegéticos ponen el foco en contradicciones concretas del informe. Uno de los emisores apareció en el coto de Balserones donde no se caza desde hace más de 30 años, lo que —a su juicio— desmonta la tesis oficial. En otro caso, se atribuye una supuesta muerte por caza en un día y franja horaria que no encajan con la actividad habitual: “La finca de Lo Vaquero siempre caza los sábados por la tarde, y el día del informe era viernes”. Con respecto a este informe de Vida Silvestre, el caso es que solo una de las muertes de cerceta se produce en un coto y en horario de caza, concretamente en El Espigar. El resto de transmisores detectados aparecen en Balserones, donde no se caza, y en zonas sí acotadas pero en días distintos a los que tuvieron tiradas oficiales. "No hay justificación alguna ni reseñas al respecto. A su vez, en la resolución final de la Conselleria no mencionan para nada estás discrepancias sobre los transmisores encontrados en horario no cinegético" , remarcan los representantes del colectivo.

Además, subrayan que los dispositivos solo registran fecha y hora de caída del emisor, pero no permiten concluir la existencia de un disparo. “Decir que ha sido por caza es una suposición”, insisten.

Otro de los puntos de fricción es el sistema de censos de aves, del que dependen los cupos y restricciones. Los cazadores cuestionan que estos recuentos se realicen en horarios con escasa presencia de aves visibles, lo que ofrecería una imagen distorsionada de la realidad poblacional.

Más allá de la caza

El conflicto, según subrayan, trasciende el ámbito cinegético. A la protesta se han sumado propietarios y gestores de fincas con usos agrícolas, pesqueros, ganaderos o de viveros, todos ellos afectados por las limitaciones. En conjunto, las decisiones de la Conselleria inciden sobre un entramado de usos tradicionales que abarca unas 4.000 hectáreas, generando un malestar generalizado, según exponen.

“Los ecosistemas que ahora se protegen existen porque los hemos construido y mantenido durante décadas. Si hay aves es porque nosotros hemos cuidado estas zonas”, defienden.

Las críticas también se extienden a la gestión del proyecto Life de la cerceta pardilla, que consideran fallido en El Hondo y Las Salinas. Uno de los interlocutores es el propietario de la finca El Bosquet y graduado en Ciencias Ambientales, Borja Pérez, que asegura haber formado parte del comité asesor de esta iniciativa y denuncia que se han destinado fondos a la compra de fincas que después no se han mantenido, quedando secas y abandonadas, salvo en actuaciones puntuales “para la foto”.

Según relata Pérez, tampoco se ha desarrollado una verdadera red de custodia del territorio para alcanzar acuerdos con propietarios privados, pese a estar contemplada en el presupuesto del proyecto. “Se ha hablado mucho de gestión conjunta, seminarios y reuniones, pero en la práctica no se ha hecho nada efectivo”, señala, mientras —afirma— se destinaban recursos al desbroce puntual de charcas gestionadas por asociaciones conservacionistas.

Próximos pasos

Ante este escenario, los cazadores aseguran que han negado a la conselleria el acceso a sus fincas para realizar actividades como censos y le han solicitado a la Administración un informe detallado sobre el estado de conservación de las charcas públicas. Confirman a este periódico que ya trabajan en los recursos administrativos. El conflicto, advierten, ya no afecta solo a ocho cotos, sino a doce explotaciones cinegéticas que han decidido coordinarse para defender lo que consideran un trato desigual, "sustentado en criterios sin base científica sólida". A su vez, el descontento se está extendiendo a otras explotaciones.

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