Vox exige recortar partidas sociales en el presupuesto de Elche y una oficina antiokupa

Una fiscalización de las ayudas sociales (lo que incluye financiar actos promovidos por otras religiones) y del gasto que asume el Ayuntamiento, recorte o desaparición del fondo de cooperación, control del empadronamiento, reducción de préstamos que "dopan" los ingresos municipales, reducción de gastos en algunas áreas, firmeza contra la delincuencia o el tráfico de drogas, tolerancia cero con la ocupación de viviendas con una oficina antiokupa y más apoyo al empleo son solo algunas de las condiciones impuestas por Vox desde hace al menos tres meses en la mesa de negociación con el PP para llegar a un acuerdo en el presupuesto municipal de Elche para 2026. La alfombra roja que encontró Pablo Ruz para los proyectos presupuestarios de 2024 y 2025 se ha tornado ahora en líneas rojas. Muchas de las medidas se resumen en recortes y control que lleven a menor gasto.

Desde el verano pasado el alcalde sabía que la relación con sus socios había girado 180 grados, pero no debió darse por enterado cuando anunció que quería que el presupuesto del próximo año entrara en vigor el 1 de enero de 2026 o cuando el 7 de octubre, junto al edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, aseguró que ascendería a 288 millones de euros en una comparecencia a la que no acudió nadie de la formación de Abascal. Fuentes del PP aseguran que han hecho concesiones que no especifican, pero que creen que Vox no tiene intención de firmar. Desde esta formación, Samuel Ruiz dijo este martes, como aseguró en una entrevista en INFORMACIÓN, que lo que no tienen es prisa, "nos da lo mismo si es el 19 de diciembre, el 19 de enero o el 19 de febrero", refiriéndose a que el 19 de diciembre está convocado el pleno ordinario que parece ser la última oportunidad para aprobarlo en 2025. Vox quiere que el presupuesto refleje parte de su argumentario, lo que no ha visto estos dos años y que el PP no crea que puede aumentarlo año tras año a base de préstamos. El préstamo de 2026, si se quiere llegar a esos 288 millones de euros, debería ascender a 26 millones de euros. También reclama ajustes que pasan por reducir gastos en algunas concejalías.

El concejal Samuel Ruiz aseguró este martes a INFORMACIÓN que, "a día de hoy, no hay presupuesto. Seguimos trabajando. Hemos puesto una serie de condiciones y, si llegamos a buen puerto, el día 19 (de diciembre) habrá un pleno de presupuestos y si no, pues será ordinario". Admitió avances, "pero no depende de nosotros. Sabemos a lo que ha venido Vox a la política, somos un partido fiel a nuestros principios con un ADN que no escondemos nada y a día de hoy la pelota está en el tejado de nuestros compañeros gobierno". Dijo que si en los dos años anteriores no han tensado esta cuerda ha sido por "falta de madurez para afrontar este tipo de situaciones. Los presupuestos van a tener muchísima huella de Vox si quieren que salgan adelante". Ruiz dijo que no tienen miedo a la crítica por sus líneas rojas, "hay que ir de frente. Los problemas que estamos viendo van en aumento en nuestro municipio. A eso ha venido Vox, a ponerles solución. Queremos el desarrollo económico del municipio y de nuestros ciudadanos. Problema que veamos, vamos a ir de frente a erradicarlo, guste más o guste menos". Así citó la okupación de viviendas o las drogas en los barrios, dos asuntos que le tienen "preocupadísimos. Elche va a tener una oficina contra la okupación, para prevenir y a asesorar. Y un punto para que la gente pueda acudir a formular denuncias sobre venta de droga". El edil dijo que quería que la partida para la oficina aparezca en el presupuesto "por escrito".

Empleo

En declaraciones a la periodista Ros Mari Alonso, en el programa Día a Día de TeleElx, añadió otras prioridades, como el empleo, porque "no me creo que una ciudad industrial como Elche, con la capacidad que tiene a día de hoy tenga 18.000 desempleados". El concejal dijo que en vez de dar tantas ayudas sociales, "debemos dedicar más a la búsqueda de empleo de calidad. Esa es la mejor política social". Y que 2026 tenía que ser el año de la puesta en marcha de la Escuela del Calzado y del Learning Factory, un proyecto fraguado por el Gobierno de Ximo Puig que nunca se concretó. Añadió que Vox "no odia al de fuera, el problema es que tenemos mucho amor al de dentro. Los primeros recursos tienen que ser para nosotros. En materia de cooperación internacional va a haber un vuelco grande si quieren aprobar los presupuestos. El año pasado fueron casi 200.000 euros (a cooperación) porque ya nos pusimos un poquito serios y se recortó, pero era una partida muy considerable". Vox, además, le ha dicho al alcalde que no se puede gastar 3 millones en el contrato programa (que vincula ayudas sociales en varias áreas), que tiene que reducir esa partida porque "algo no nos cuadra de las ayudas de emergencia. La cantidad es elevadísima para el municipio que somos. Y luego, ¿en líneas de emergencia cuánto se destina? Eso es una competencia impropia, la conselleria solo aporta trescientos y pico mil euros, lo demás lo asume el Ayuntamiento. No asumamos lo que otros no pueden". Sobre asuntos sociales, también dijo que el certificado de vulnerabilidad solo se puede dar si existe fiscalización "severa" porque hay "una pillería que cada vez va en aumento". Ruiz dijo que no están en contra de dárselo a quién lo merezca, pero se han dado "muchísimos y eso ha permitido que no se paguen alquileres sin fiscalización. Ayudar a aquella persona que lo necesita, por supuesto, pero hay muchos que no".

Volvió a recordar que desde el Gobierno local se ha destinado "dinero público a enfrentar a ciudadanos" sin querer especificar si se refería al cisma festero por la ofrenda a la Virgen, que organiza la Gestora, y del que se desligó la Unió de Festers. "Aquellas entidades, asociaciones o colectivos que reciban dinero tienen que ser para hacer el bien en nuestra calle, o quedarse sin esa asignación o aprender a usarla". Lo que calificó de "problemas cotidianos", pero que "van en auge".

Empadronamiento

Ruiz dijo que también quieren poner control a los certificados de empadronamiento de forma que se sepa quién reside en cada vivienda y "lógicamente la tributación que ha hecho el último año. Tú puedes ser vulnerable y tu mujer está cobrando 4.000 euros. Hay casos". El edil habló del control de todo el núcleo familiar. "Son cosas tan básicas y hay que empezar porque hemos detectado que están en auge". Añadió que no se puede llegar a vivir hace tres años a Elche, "una ciudad que da oportunidades viviendo de ayudas". También aseguró que han detectado mafias que traen a migrantes como turistas dos días a España para que se den de alta en el padrón, como si fueran residentes, pues hasta se abren una cuenta. "Elche no se lo va a poner fácil", dijo, pero en este asunto no hay acuerdo con Ruz porque, según el edil, el PP está pensando más en la pérdida de votos que le pueda suponer.

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