CCOO carga en Elche contra el Consell por bloquear 7.000 plazas para personas dependientes

Comisiones Obreras y la Plataforma por la Ley de Dependencia alertan en Elche de que el Consell tiene paralizadas normativas y planes estratégicos como el 'Pla Convivint' que preveía 250 centros y 7.000 plazas públicas.Así lo expusieron en una conferencia organizada esta semana en la Universidad Miguel Hernández con motivo del 19 aniversario de la citada legislación nacional.

La secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, afeó que el Sistema Valenciano de Servicios Sociales está experimentando un retroceso con las decisiones del actual gobierno autonómico y que si no se tienen en cuenta las medidas pactados en el diálogo social no se puede garantizar una atención digna a las personas dependientes.

Servicios

Además de ahondar en lo que supuso la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la dirigente sindical reivindicó más infraestructuras, más servicios profesionales y una red territorializada. “Apostamos por un modelo que permita envejecer y vivir en el entorno habitual, gracias a servicios como la ayuda a domicilio, la teleasistencia avanzada y centros de día suficientes para evitar desarraigo e institucionalización innecesaria”, ha recalcado Montero.

Sostuvieron que más de la mitad de las personas trabajadoras tienen contratos parciales o temporales y que los salarios de los valencianos son muy inferiores a la media estatal, con lo que ven la precariedad laboral en el sector como una de las mayores amenazas para la calidad de los cuidados. Por ello entienden que el incumplimiento del acuerdo de mejora de condiciones laborales de la red pública supone un "retroceso inaceptable" en un sector altamente feminizado y esencial”, puntualizó la dirigente sindical.

Listas de espera

Por todo ello, desde el sindicato exigieron acabar con las listas de espera para percibir la ayuda y con los retrasos sistemáticos para resolver los expedientes. “Solo con más recursos, profesionalización y compromiso político podremos garantizar un sistema más sólido, justo y centrado en las personas”, ha concluido Montero.

Por su parte, Eva Guzmán, representante de la Coordinadora de Plataformas por la Ley de Dependencia a nivel autonómico, manifestó que la Secretaría autonómica no se ha reunido con ella. La portavoz hizo hincapié en la necesidad de valorar a las personas cuidadoras “que tengan derechos y descansos, que se les dé nombre” y reclamó una mayor atención específica según el perfil de la persona usuaria. Guzmán también afirmó que existe una distinción entre las residencias de gestión pública y las de gestión privada.

Recortes

Rosario Rives, portavoz de la Plataforma de la Dependencia de Elche, explicó cómo han evolucionado las reivindicaciones de esta organización desde sus orígenes. Su objetivo era que se cumpliera la norma, “pues había personas a las que las prestaciones de la ley no les llegaban hasta pasados cuatro años”.

Un escenario que según la responsable empeoró especialmente con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno central y con el decreto de recortes de 2012. “Eso marcó un antes y un después. Las plataformas fueron creciendo porque la situación era complicada". Señaló que llegaron a pagar "copagos altísimos", y que la situación, por tanto, era insostenible.

"Había personas que tenían a su familiar en centros de salud mental que estaban pagando más de mil euros de copago. Todos los copagos ilegales se pusieron aquí, en la Comunidad Valenciana”, reprobó la portavoz.

Al hilo, señalaron que conforme fueron pasando los años las plataformas incrementaron su actividad, su lucha, sus reuniones con responsables políticos, para lograr la reversión de esos recortes. “La respuesta era que se pagaría a las personas que ganaran en los tribunales. Tuvimos que judicializar las solicitudes de la gente, hacer contenciosos. Se ganaron muchas sentencias y entonces pagaban los atrasos”, relató Rives.

Decreto

En otro orden de cosas, la portavoz recordó que la Ley es estatal, pero había que “aterrizarla” en las comunidades autónomas con un decreto de desarrollo que llegó en 2017 con el Botànic. El documento recogió toda una serie de reivindicaciones, como la figura del asistente personal para grados de dependencia altos, la figura del profesional trabajador de integración (PATI) para la atención a menores o una dotación presupuestaria para la prevención de la autonomía.

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