Zonas sin luz en el barrio de San Antón en Elche y vecinos realojados en pisos que se quedan pequeños

"Ruz, escucha, bloque 8 sigue en lucha". Este era el lema que rezaba en las camisetas negras que varios vecinos del barrio de San Antón llevaron este viernes al pleno de Elche como mecanismo de presión contra el Ejecutivo local de PP y Vox por la situación que arrastran desde que el pasado abril ellos, al igual que otras decenas de familias, fueran desalojadas del bloque 8.

Aprovecharon el turno de ruegos y preguntas al cierre de la sesión para exigir, una vez más, que se les devuelva inmediatamente las pertenencias que quedan en los inmuebles y que no pudieron sacar los bomberos, e incluso sostuvieron que han reunido 1.200 firmas para conseguirlo. Por alusiones, el alcalde, Pablo Ruz, defendió que como ya anunció hace tres semanas, los propietarios podrán contar con sus enseres cuando se vaya a ejecutar la demolición, prevista en 2026, con algún momento en el que la tensión se elevó demasiado, por la intensidad de la discusión entre los residentes y el propio regidor ilicitano.

Degradación

Ahora bien, en uno de los recesos los vecinos también alertaron de que la degradación va un paso más al llevar prácticamente una semana sin alumbrado público en las zonas próximas a los edificios 11, 12, 13 y 14 que en su día fueron desalojados. Con lo cual, hay personas mayores que cogen la línea de autobús y cuando paran se encuentran con tal nivel de oscuridad que admiten sentirse indefensos frente a tropiezos por la escasa visibilidad.

A este respecto, desde la asociación vecinal San Antón Quiere Vivir reconocen la problemática e incluso su presidenta, Mari Ángeles López, confiesa que siente miedo al aparcar el coche cuando vuelve del trabajo porque hay calles que están en penumbra: "Da sensación de peligro e inseguridad". Al hilo, reivindica más vigilancia policial porque están detectando que, después de los saqueos a las viviendas vacías, también se han topado en los últimos días con dos robos de puertas de postigos en bloques que sí que están habitados, como es el caso del número 5.

Señalan que por ahora no tienen una explicación sobre el hecho de que no haya luz en ciertas partes de la vía pública e incluso critican que hasta las luces de Navidad que se han colocado en algunas palmeras para adornar el barrio cerca de la parroquia también han dado fallos.

Forma ordenada

El colectivo vecinal, que se desligó de las reivindicaciones de retirar urgentemente las pertenencias, explica a este diario que, después de haber elevado varias reclamaciones al Ayuntamiento a este respecto, entendieron la explicación municipal de que la entrada a los inmuebles se tendría que hacer de forma ordenada y una vez firmado el convenio y tramitado el derribo, que es lo que intentó explicar el regidor a los vecinos.

Si bien, residentes, indignados, cargan contra el hecho de que ante avisos de robo en el interior de los edificios la Policía Local no pueda entrar ahora al bloque si no hay una orden judicial "mientras a nosotros con una orden del miedo nos sacaron de nuestras casas", manifestó Raquel López. Al hilo, denunciaron que hay propietarios que están pagando recibos de la basura sin estar viviendo en esos bloques y exigieron que haya una vía de comunicación clara con la Administración local, y que se establezca una ventanilla única para atender a los afectados y que haya, por tanto, un acompañamiento constante. Pusieron incluso el ejemplo de un pueblo de Huesca donde también se produjo un riesgo de colapso de un bloque y sus inquilinos pudieron entrar a recoger personalmente sus cosas.

Ruz negó esta posibilidad: "Los técnicos decían que no había debate y que había que desalojar". Con lo que insistió en que no podían saltarse a la torera la evaluación de los técnicos y que los informes de los arquitectos, que los vecinos insistieron en que no se les han facilitado, impedían el acceso al inmueble por seguridad.

El primer edil aprovechó su alocución, con la que cerró el pleno, defendiendo que, pese a una "estructura jurídica compleja", se alojaron, siguiendo una lista de vulnerabilidad, a cerca de una veintena de familias a los nuevos pisos de San Antón promovidos por Pimesa que se han pre-entregado y pre-escriturado sin coste por ahora pese a que el bloque 8 sigue siendo de propiedad privada.

Menos habitaciones

A este respecto, Rocío González, una de las propietarias que vive con sus padres, afeó que tuvieran que abandonar su piso de tres habitaciones por uno nuevo de dos y que se haya dado el caso de residentes que vivían en pisos más pequeños de dos habitaciones y han optado a uno de tres en las nuevas construcciones cedidas, según la versión de esta propietaria. Por otro lado, hubo vecinos como José Antonio Leal que denunció no haber encontrado ninguna alternativa habitacional desde el desalojo, pese a ser propietario en San Antón durante 21años. "Vivo donde me dejan, en casa de amigos, de un hermano... Y así no puedo seguir", lamentaba.

Frente al acalorado debate después de que residentes expusieran que las ayudas al alquiler o a la compra de enseres no son suficientes para empezar desde cero, el alcalde sacó pecho de los paquetes de ayudas que el Consistorio ha lanzado en los últimos meses para aliviar las dificultades de los propietarios. Al respecto, recordó que la Generalitat inyectará 2,5 millones para el bloque de las 45 viviendas, con la vista puesta en que en la primera quincena de enero se liciten las obras que contemplan también el derribo del bloque 8. En ese proceso habrá un plan de obras parea retirar los enseres, "y se hará cuando los técnicos consideren que se puede", zanjó el máximo representante municipal.

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