PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda

El bipartito de PP y Vox de Elche ha vuelto a poner sobre la mesa la elaboración de una ordenanza municipal de edificación para proteger las zonas y ejes comerciales frente a la conversión, cada vez más creciente, de locales en viviendas, un anuncio que ya realizó el propio Gobierno local en febrero de 2025 y que ahora rescata en plena polémica política. El debate se ha reactivado después de que el PSOE registrara el pasado viernes una moción que se debatirá en el próximo pleno, en la que reclama una revisión de la normativa de cambio de uso de local a vivienda y un blindaje efectivo de las áreas con mayor actividad comercial.

El alcalde, Pablo Ruz, confirmó este lunes que en los últimos años es creciente el fenómeno de la conversión de bajos en viviendas y trasladó que cerca del 60 % de los expedientes que pasan por la junta de gobierno local corresponden a este tipo de licencias. Una cifra que, según defendió, responde a una realidad urbanística y social consolidada en la ciudad desde hace al menos cinco años y que, en su opinión, no puede abordarse demonizando el cambio de uso. Todo para responder a los socialistas que, en su propuesta, alertan de los riesgos de este proceso tanto para la habitabilidad de las nuevas viviendas como para la supervivencia del comercio de proximidad.

Solicitudes

Desde el grupo municipal socialista recuerdan que entre 2024 y 2025 el Ayuntamiento ha concedido cerca de 350 licencias de cambio de uso y obra para transformar locales en viviendas en prácticamente todos los barrios de Elche, y que en menos de un año (de enero de 2025 a mediados de diciembre) se aprobaron 150 expedientes. Cifras que van continuamente en ascenso desde la pandemia de coronavirus. En 2022, el Ayuntamiento dio 51 licencias (para 56 pisos). Un año más tarde, fueron 62 para 77; y en 2024 se duplicó la cifra, pues hubo 128 solicitudes para 168 nuevos hogares.

El propio Ejecutivo local ya manifestó hace un año que con el cambio de gobierno en 2023 se acortaron los plazos. Si bien, a juicio del PSOE estas licencias están cambiando la configuración de la ciudad, por lo que exigen una reflexión y una regulación más clara. Ahora bien, desde el equipo de gobierno se amparan en que la "inmensa mayoría" de las calles del término municipal no son comerciales y que, por lo tanto, es válido el cambio de uso, sin obviar que es "de recibo", según el alcalde, blindar las arterias y zonas con gran actividad de superficies.

Seguridad jurídica

Ruz insiste en que cualquier futura ordenanza tendrá como objetivo compatibilizar ambos usos, el comercial y el residencial, con criterios “claros y objetivos” que aporten seguridad jurídica a propietarios, compradores y técnicos, refiriéndose no sólo al centro sino también a cualquier otra parte que sea susceptible de tener más actividad comercial. El texto normativo se está estudiando desde Urbanismo y la intención es aplicarlo de forma homogénea en barrios y pedanías.

Frente a las insinuaciones del PSOE sobre posibles condiciones de habitabilidad deficientes, el regidor fue tajante poniendo en valor la labor de los técnicos e incluso carga contra la oposición calificándola de “irresponsable” por sembrar dudas sobre la salubridad de viviendas que, según el equipo de gobierno, cuentan con todos los informes favorables tras haberse dado luz verde a las condiciones de altura, ventilación, iluminación y patios interiores exigidas por la normativa.

Por su parte, la portavoz de Vox y concejala de Mayores y Familia, Aurora Rodil, sostiene que la conversión de locales en viviendas responde también al envejecimiento de la población y a la necesidad de ofrecer alternativas residenciales más accesibles porque entiende que, para personas de avanzada edad, el hecho de vivir en una planta baja mejora notablemente su calidad de vida, e incluso incide en que existen todavía en la actualidad muchos edificios que no están adaptados con elevadores por su antigüedad.

Ascensor

Las inmobiliarias también han detectado en estos últimos tiempos que se trata de una oferta que interesa especialmente a gente mayor, con problemas de movilidad, que buscan hogares accesibles y que salen de sus pisos de toda la vida porque carecen de elevador. Un problema extendido en el municipio donde casi la mitad de mayores de 65 años tiene que subir escaleras para entrar a casa porque no hay otros medios. Se calcula que las zonas donde más predominan esta nueva modalidad de vivienda es en Carrús, en El Pla y en la zona de Poeta Miguel Hernández, cerca del centro de la ciudad.

Rodil defiende que existen numerosos locales en zonas no comerciales que no tienen uso ni rentabilidad y que, sin embargo, pueden convertirse en viviendas dignas bajo las estrictas condiciones que marca el Ayuntamiento. Desde su punto de vista, este proceso que cada vez se está extendiendo más “no tiene nada de malo” y lo justifica con una adaptación del parque inmobiliario a nuevas realidades económicas y sociales, mientras que niega que esta transformación de locales esté relacionada con la evidente problemática de acceso a la vivienda para jóvenes o colectivos vulnerables.

Sobre este punto depende el coste del local, que pueden encontrarse a la venta entre 30.000 y 90.000 euros, sin contar con que el propietario tiene que acometer actuaciones para cumplir los requisitos municipales, además de las obras pertinentes para que lo que un día fue un negocio tenga ambiente de hogar.

Propiedad privada

A pesar del interés por evitar descuadres con las zonas comerciales, desde el equipo de gobierno abogan por evitar la “sobrerregulación” y por respetar la propiedad privada dentro de un marco general claro, por lo que desde el bipartito subrayan que la futura ordenanza no puede convertirse en una herramienta arbitraria ni generar inseguridad jurídica, sino que se mantenga el modelo basado en la responsabilidad de propietarios y promotores, reforzado por el control técnico de la Administración.

Frente a estas posiciones, el PSOE planteaba entre sus cuatro acuerdos que, además de revisar las condiciones de alojamiento en los locales para garantizar que las familias vivan en condiciones dignas, y de impulsar de forma urgente la ordenanza, también deberían darse incentivos al comercio local, como los bonos consumo, consensuados con las asociaciones comerciales de la ciudad, para retener a los emprendedores y que deje de haber cierres de locales o espacios cerrados sin uso.

Los socialistas advirtieron del riesgo de que Elche se convierta en una “ciudad dormitorio” si no se protege adecuadamente la actividad comercial, que consideran esencial no solo desde el punto de vista económico, sino también social. Además, lamentan que, casi un año después de que el equipo de gobierno anunciara su intención de aprobar una ordenanza específica, no se haya concretado ninguna medida.

Suscríbete para seguir leyendo