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La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto

Los operarios retiran el mobiliario pendiente del bloque 11 y 14 para iniciar la limpieza de fibrocemento mientras los residentes aseguran que no han recibido aviso de las obras ni de si tienen que tomar medidas de seguridad

Operarios sacan mobiliario pendiente de los bloques afectados este miércoles antes de la retirada del fibrocemento

Operarios sacan mobiliario pendiente de los bloques afectados este miércoles antes de la retirada del fibrocemento / AXEL ALVAREZ

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Las obras de demolición de dos de los cuatro bloques pendientes en San Antón, en Elche, se reanudan después de dos meses sin actividad a expensas de las autorizaciones para retirar el fibrocemento. El alcalde, Pablo Ruz, confirmó este miércoles que el pasado jueves recibieron la autorización del Consell para actuar y aunque inicialmente se pensaba que el lunes se retomarían los trabajos no fue hasta este 14 de enero cuando empezaron los preparativos sobre el terreno para que a partir del viernes empiecen las delicadas tareas para eliminar las placas de amianto que tiene tanto el edificio 11 como el 14 en las cubiertas.

Cuando comenzaron las actuaciones el pasado octubre sobre el bloque 11 ya avisó la empresa pública Pimesa de que el derribo de los edificios no sería coser y cantar, para quitarles a todos de la cabeza esa idea de que una bola arrasaría con los cimientos y que en cuestión de horas los inmuebles se convertirían en escombros.

Lejos de esa situación, se ha dado la casuística de que el Ayuntamiento ha tenido que esperar varias semanas para que la Generalitat diera luz verde a quitar estas placas de material contaminante, un proceso que deberá seguirse de forma muy minuciosa para evitar que queden partículas en suspensión que pueden ser cancerígenas. Ruz incidió en que se tratará de una actuación progresiva y lenta "pero va a ser importante".

Sin plazos

Ahora bien, desde el Ejecutivo de PP y Vox no se arriesgan a dar plazos de cuánto puede durar ese procedimiento para liberar los inmuebles del amiantado porque entienden que la intervención puede ser muy flexible y durar o una semana o alargarse si hay que cortar piezas. Insisten desde el equipo de gobierno en que se tendrá que seguir un completo protocolo de seguridad que al menos hasta este miércoles desconocían los residentes.

Desde la asociación vecinal San Antón Quiere Vivir trasladan a este diario que el Ayuntamiento no se ha reunido con los propietarios para explicarles el proceso, y que tampoco se ha difundido ninguna circular ni notificación que indique si los residentes que viven próximos a estos bloques en ruina tienen que tomar alguna medida de prevención mientras duren los trabajos: "Es que no sabemos algo tan básico como si podemos salir a tender la ropa o hay que evitar el contacto al máximo", manifiesta Mari Ángeles López, presidenta del colectivo y, además, vecina del bloque 7, a escasos metros del número 11 que se va a demoler.

La entidad celebra que por fin se reanuden los trabajos, para que los tiempos no sigan alargándose, pero cuestiona que casualmente se retomen en plenas fiestas de San Antón, que es cuando el barrio recibe a miles de visitantes. Precisamente, a colación de las celebraciones en honor al patrón de los animales, desde la entidad notan que en las últimas semanas hay mayor interés del Ayuntamiento en adecentar zonas ajardinadas y limpiar el barrio, con lo que aprovechan para reivindicar que se tenga en consideración a la zona todo el año "porque está todo destartalado y hay muy poca iluminación, por lo que uno se siente inseguro cuando sale por las calles", cuentan desde la asociación de vecinos.

Ratas

Aún y así, detectan que se han dado pasos para atajar problemáticas como la proliferación de ratas alrededor de los bloques desalojados después de haberse acometido una desinfección de las alcantarillas, y no tienen constancia de que se hayan vuelto a repetir nuevos capítulos de saqueos en los bloques vacíos, así como tampoco robos en los edificios habitados como ocurrió hace unas semanas, cuando los residentes denunciaron que habían arrancado las puertas de dos portales. Uno de ellos se localizó en Los Palmerales al tiempo después, mientras que nada más se supo del otro, con lo que los propietarios de uno de los bloques han tenido que asumir una derrama para blindar de nuevo el acceso a las zonas comunes del edificio.

Edificios vallados antes del derribo en Elche

Edificios vallados antes del derribo en Elche / Áxel Álvarez

En cuanto al proceso de derribo, en las primeras semanas, hasta mediados de noviembre, se notaba actividad de operarios sacando todo el mobiliario y enseres pendientes, teniendo en cuenta que la condición del contrato era desmontar pieza a pieza de forma manual, incluidas puertas y ventanas, para reciclar todo lo posible. Este miércoles podía apreciarse como seguían retirándose desde muebles hasta restos de madera o incluso alguna bañera para dejar, al máximo posible, la edificación en el esqueleto. Así las cosas, el plazo que se dio era de unos tres meses, o algo más, y mientras llegaban los permisos solo se ha podido optar por el desmontaje poco a poco como se hizo con el Mercado Central.

Ocupaciones

La idea inicial del Consistorio era echar abajo al menos cuatro bloques pero se toparon con que había pisos ocupados, propietarios que no querían abandonarlo y otros que están pendientes de lanzamiento judicial, con lo que finalmente fueron dos los elegidos, además del bloque 8 que se desalojó el pasado abril, y que sigue en tramitación de derribo, que llegará cuando se adjudique también la construcción de las 45 nuevas viviendas donde el Consell confirmó que inyectará 2,5 millones de euros. Fue a finales de noviembre cuando el Ayuntamiento firmó el convenio con la Administración autonómica por el que los propietarios abonarán 1,9 en un plan plurianual en el que hasta la fecha no entra el Gobierno central.

Este proyecto incluirá un calendario de trabajo para la retirada de las pertenencias pendientes de los pisos, una medida que anunció el bipartito tras las quejas vecinales recibidas por parte de los inquilinos, que llegaron incluso a denunciar en el pleno de diciembre que tengan que esperar a la adjudicación de la demolición para hacerse con sus cosas, al tiempo que insistieron en que las partidas de ayudas para comprar enseres o cubrir el alquiler son insuficientes porque no les ayudaban a reconstruir su vida tras haber perdido sus viviendas cuando se decretó el desalojo por riesgo de colapso del edificio.

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