Los ecologistas llevan a los tribunales la caza en zonas sin señalizar

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la orden de vedas aprobada el pasado mes de abril por la Conselleria de Medio Ambiente, al considerar que permite la actividad cinegética en espacios rurales sin señalización ni control, con el consiguiente riesgo para el medio natural y para la seguridad de las personas. La impugnación se centra en la autorización de la caza en las denominadas zonas comunes de caza.

Una figura cinegética sin control

El colectivo ecologista explica que la actual legislación cinegética valenciana establece que, salvo en los espacios naturales protegidos, los terrenos rústicos que no formen parte de cotos de caza pasan automáticamente a ser considerados zonas comunes de caza. A diferencia de otras figuras cinegéticas, estas áreas no están sujetas a ningún tipo de control específico sobre la actividad cinegética ni obligadas a desarrollar actuaciones en beneficio de la fauna silvestre, lo que, a juicio de AHSA, genera un impacto negativo sobre el medio natural.

Riesgos para la seguridad ciudadana

AHSA advierte además de que las zonas comunes de caza no tienen obligación de estar señalizadas, una circunstancia que incrementa el peligro para los usuarios del medio natural ajenos a la caza. Senderistas, ciclistas o montañeros pueden acceder a estos espacios sin saber que se trata de terrenos cinegéticos. La asociación recuerda que en los últimos años se han producido varios incidentes con cazadores en zonas comunes de caza del entorno de la ciudad de Alicante, uno de los cuales llegó a saldarse con un herido por disparos en el monte Orgegia.

Una ley desfasada y presión sobre el territorio

La normativa que regula la caza en la Comunitat Valenciana fue aprobada hace más de veinte años y, según Amigos de los Humedales, no responde a la realidad social actual. En este periodo, subrayan, ha aumentado de forma notable la sensibilización ambiental, así como la práctica de actividades recreativas en la naturaleza como el senderismo, la bicicleta, el montañismo o la escalada. Actividades que, sostienen, son incompatibles con la caza en espacios naturales sin señalización ni información previa.

Por otra parte, los ecologistas consideran que la ley vigente actúa como una forma de extorsión para los propietarios de terrenos rústicos, a quienes se empuja a integrar sus fincas en cotos de caza o a ceder su gestión a sociedades de cazadores —donde el número de escopetas está limitado— para evitar que sus tierras sean declaradas zonas comunes de caza, donde puede cazar cualquier número de personas con licencia. Esta situación, denuncian, convierte el territorio valenciano en un gran cazadero, con efectos negativos tanto para el medio natural como para quienes disfrutan de la naturaleza al margen de la actividad cinegética.

Amigos de los Humedales recuerda que durante la primera legislatura del Pacto del Botànic promovió sin éxito una reforma de la ley de caza, planteando a los grupos políticos del Consell la supresión de la figura de zona común de caza. Ante el aumento progresivo de la presión sobre los espacios naturales, la asociación ha decidido finalmente acudir a los tribunales, a pesar del importante esfuerzo económico que supone el proceso judicial. Para hacer frente a estos gastos, AHSA tiene previsto impulsar una campaña de crowdfunding destinada a recaudar fondos.

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