El Síndic de Greuges exige a la Generalitat intervenir ya en la residencia de Altabix en Elche

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, ha reclamado a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia una intervención inmediata en la Residencia para Personas Mayores Dependientes de Altabix, en Elche, tras constatar una" situación prolongada de deficiencias que afecta a la atención, los derechos y la seguridad de las personas usuarias". Así lo recoge la resolución correspondiente a la queja motivada por denuncias de familiares y de la Asociación de Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana (ReCoVa), y firmada el 28 de enero de 2026 por el Síndic.

El informe concluye que "las medidas adoptadas hasta ahora" por la Administración autonómica "han sido claramente insuficientes" y subraya la "obligación legal de actuar ante una situación" que sigue siendo valorada como de "indefensión y vulnerabilidad manifiesta, con posibles perjuicios graves para la salud y la seguridad de los residentes".

Deficiencias reiteradas en la atención y la gestión

Las quejas atendidas e investigadas por el Síndic detallan un amplio listado de problemas estructurales y asistenciales que se repiten desde hace años en este centro de titularidad pública. Entre las principales deficiencias detectadas figuran una alimentación deficitaria, con incumplimientos de gramajes, menús y calidad nutricional; falta de hidratación adecuada; problemas de higiene; carencias en el servicio de lavandería y escasez de toallas; así como incumplimientos de horarios establecidos por decreto.

A ello, siempre según el informe, se suman deficiencias en el cuidado de personas dependientes, con grúas y bañeras averiadas durante largos periodos, uso inapropiado de espacios comunes y rampas de emergencia como almacén, presencia de cucarachas y obstáculos a la participación de familiares. El propio documento recoge que el centro ha sido objeto de «seguimiento continuo de actuaciones» por quejas anteriores, sin que ello haya supuesto una solución efectiva.

El Síndic también cuestiona el funcionamiento del sistema de inspección, al constatar que algunas visitas fueron anunciadas públicamente con antelación. De hecho, recuerda que en un pleno municipal se afirmó que la residencia «recibirá una nueva inspección, sé que pronto, quizás en esta semana», produciéndose la visita apenas dos días después.

Inspecciones, denuncias y un contrato caducado

La resolución pone el foco en la anómala situación contractual del centro. El contrato de gestión integral finalizó el 31 de octubre de 2022 sin posibilidad de prórroga y desde entonces opera el mecanismo de resarcimiento por enriquecimiento injusto, una fórmula que el Síndic considera extraordinaria y cuya normalización «genera importantes problemas en la gestión de los recursos».

Durante la tramitación de la queja se incorporaron denuncias ante la Policía Nacional, algunas de ellas trasladadas a la Fiscalía, así como múltiples informes de inspección. Aunque en alguno de estos documentos se llegó a afirmar que «no se había podido constatar ninguno de los hechos denunciados», el Síndic subraya que el conjunto de datos evidencia una persistencia en el tiempo de los incumplimientos.

Especialmente llamativo resulta, como cita el informe oficial, que la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias no tuviera conocimiento de la magnitud de los problemas hasta enero de 2025, pese a ejercer competencias de planificación, coordinación y supervisión de estos centros públicos.

Las exigencias finales del Síndic a la Conselleria

En sus consideraciones a la Administración, el Síndic es contundente. En primer lugar, recuerda la obligación legal de garantizar los derechos de las personas usuarias y de mejorar de manera continua la calidad de la atención. También recuerda el deber legal de adoptar medidas de urgencia cuando exista una situación de vulnerabilidad, sin perjuicio de abrir los expedientes sancionadores que correspondan.

La principal recomendación pasa por que la conselleria, como titular del centro público, asegure de forma inmediata la correcta dirección del mismo, mediante la designación temporal de personal funcionario, al considerar que las decisiones adoptadas hasta ahora han sido ineficaces. Además, recomienda realizar una inspección interna para depurar posibles responsabilidades por incumplimientos del deber de confidencialidad y secreto profesional en las inspecciones.

El Síndic sugiere asimismo que se adopten medidas urgentes para garantizar una atención basada en criterios de calidad, respeto y atención centrada en la persona, así como actuaciones inmediatas para asegurar el derecho a la participación de usuarios y familiares. Por último, insta a la conselleria a informar periódicamente a la institución del avance del pliego en curso, las mejoras introducidas y la subsanación de los incumplimientos detectados.

Según la ley reguladora del Síndic de Greuges, la Administración dispone de un mes para comunicar si acepta estas consideraciones y, en su caso, detallar las medidas que aplicará. Este expediente vuelve a situar el foco en la gestión de los centros públicos de mayores en la Comunidad Valenciana.

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