EU pide en Elche la gestión pública directa de la residencia de Altabix tras el informe del Síndic

Esquerra Unida de Elche ha exigido este lunes la gestión pública directa de la residencia de mayores de Altabix tras conocerse la resolución del Síndic de Greuges, que la coalición califica de “demoledora” y que, a su juicio, evidencia el fracaso del modelo privatizado aplicado en el centro. La formación considera inaceptable que, después de meses de denuncias de familiares y trabajadores, el organismo autonómico siga detectando vulneraciones de derechos y concluya que las medidas de control adoptadas por la Conselleria han sido “insuficientes”.

La valoración se ha hecho pública unos días después de que INFORMACIÓN adelantara las resoluciones del Síndic sobre la situación de la residencia, un centro que arrastra una fuerte conflictividad social y laboral y que ha sido objeto de reiteradas quejas por la atención prestada a las personas mayores.

Críticas al modelo privatizador

Para Esquerra Unida, el caso de Altabix no es un episodio aislado, sino la consecuencia directa de convertir los cuidados en un negocio. La organización sostiene que la gestión privada de servicios esenciales como las residencias de mayores acaba derivando en recortes de personal, precariedad laboral y un deterioro progresivo de la atención.

En este sentido, el co-coordinador local de EUPV Elche, Héctor García, ha señalado de forma explícita "la responsabilidad política de la administración autonómica en la situación actual del centro".

La dignidad de los mayores, en el centro del debate

“Lo que ocurre en Altabix es la cara más amarga de un sistema que antepone el beneficio económico al bienestar de las personas. No sirven más expedientes burocráticos ni fiscalizaciones externas que llegan tarde; la dignidad de nuestros mayores y los derechos de la clase trabajadora que los atiende no pueden estar en manos de fondos de inversión”, ha afirmado García.

Desde la formación subrayan que el propio informe del Síndic refuerza esta lectura, al constatar que las actuaciones de supervisión realizadas hasta ahora no han sido suficientes para garantizar el respeto a los derechos de los residentes.

Reversión a la gestión pública

Ante la gravedad de los hechos, Esquerra Unida ha reclamado formalmente que la Generalitat Valenciana abandone la vía de las sanciones administrativas y proceda a una intervención total e inmediata de la residencia para apartar a la actual empresa gestora.

La coalición exige el inicio urgente del expediente de reversión hacia un modelo de gestión cien por cien pública, al considerar que es la única fórmula capaz de asegurar condiciones dignas tanto para las personas residentes como para la plantilla del centro.

Según EUPV, la precariedad laboral de los trabajadores está directamente relacionada con el deterioro del servicio, por lo que defienden que recuperar la gestión pública permitiría mejorar de forma estructural la atención y evitar que se repitan situaciones como las denunciadas en Altabix.

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