PSOE y Compromís recelan del plan de vivienda protegida de Ruz en Elche por el papel que tienen las promotoras privadas

Un plan, el denominado Casa Fácil, que permitirá construir en torno a 240 viviendas de protección pública en El Pla, Carrús y Torrellano, pero del que, desde el principio, los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Elche, PSOE y Compromís, recelan. Sobre todo, por lo que supone de ceder parcelas de titularidad pública a la empresa privada, por más que luego pase una parte de esos pisos a la sociedad pública Pimesa. Esos reparos, sin embargo, en los últimos días no han hecho más que intensificarse tras escándalos como el de las polémicas adjudicaciones de les Naus en Alicante, y ahora la guinda al pastel, a juicio de la izquierda, la ha puesto el anuncio por parte del alcalde, Pablo Ruz, asegurando que el protocolo para acceder a esos inmuebles se va a endurecer, hasta el extremo de que los interesados deberán firmar un documento específico sobre la ausencia de incompatibilidades; no podrán apuntarse concejales, altos cargos ni personal eventual; y habrá un canal anónimo de denuncias.

De su partido a la “licencia exprés”

El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, asegura que este paquete de medidas planteadas por el regidor ilicitano pueden estar bien, pero hay muchos “peros”. Comenzado por el hecho de que, como subraya, “la cuestión de fondo para mí es un modelo que enajena suelo público para que promotoras privadas hagan negocio”, cuestión en la que, desde un principio, la bancada de la izquierda siempre ha puesto el foco. Ahora bien, no es la única pega que plantea. También se queja de la forma en la que se ha presentado este paquete de control y pone el foco en que el propio partido de Ruz, el PP, es el que precisamente gobierna en Alicante. “Habla de una medida de la que no hemos podido leer nada, señalando aquí a todo el mundo político y funcionarial, cuando el problema lo tiene su partido”, argumenta Díez. Finalmente, se remite a la polémica que generó lo que los socialistas denominaron la “licencia exprés” del alcalde: “Habla de ejemplaridad cuando a él le han dado la licencia de obra de su casa en dos meses y medio meses, y cuando la media para actuaciones similares está en ocho meses”, destaca.

La importancia de lo público

No menos crítica se muestra la portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, que, tras las declaraciones del lunes, y una vez conocido el anuncio de los mayores controles en el acceso a estas casas, vuelve a la carga con el argumento de que “los anuncios de Pablo Ruz sobre la adjudicación de las viviendas protegidas en trámite no suponen ningún avance significativo en materia de control”. También en su caso pone el acento en que “la adjudicación va a seguir siendo por parte de las constructoras privadas, y son ellas las que van a encargarse de la publicidad, del registro y de demandar la información”. La portavoz de la formación valencianista indica que “también se supone que la Administración pública verificaba a posteriori el proceso en el caso de Alicante y ya conocemos el resultado”. Por eso, cree que es “fundamental” que el Ayuntamiento se encargue del cien por cien del proceso. “Faltaría más que los concejales y asesores no puedan inscribirse en esta promoción de viviendas o que quien incumpla los requisitos o dé información fraudulenta no pueda acceder, eso ya se supone que lo regula la norma, pero la clave está en que desde lo público se controle la totalidad del trámite’, sentencia.

“Postureo”

“Lo que hoy Pablo Ruz no ha contado es que podrán seguir accediendo a estas viviendas personas con ingresos de hasta 66.000 euros porque así lo aprobó el PP en 2024 y que también ha subido el precio al que las constructoras podrán vender el metro cuadrado, además de que sólo revertirá al Ayuntamiento un 16% aproximadamente del total de casas”, señala Esther Díez, quien hace hincapié en que “estos anuncios son otro capítulo más en el postureo de Pablo Ruz, pero no suponen ningún avance de calado ni abordan los elementos principales en el acceso a las VPP, y en Compromís somos absolutamente exigentes con unas viviendas que van a construirse en suelo público, en suelo que es de todas y todos, y que debemos asegurar que sean para quienes realmente lo necesitan”.

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