Pablo Ruz endurece el protocolo para acceder a una de las 240 viviendas de protección pública en Elche: “Si se inscribe un asesor, lo ceso”

La ciudad de Alicante se ha convertido en estos momentos en el espejo en el que nadie se quiere mirar. Más cuando el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en enero, y por decimotercer mes consecutivo, ha vuelto a situar la vivienda como principal problema de los españoles, además, con un 42,6 % nada desdeñable de personas que así lo creen, lo que supone tres puntos más que un mes antes. Por eso, escándalos como el de las polémicas adjudicaciones de les Naus en la capital de la provincia cuestan más de digerir y, por eso mismo también, el Ayuntamiento de Elche ha optado por endurecer el protocolo para una de las 240 viviendas de protección pública que se van a construir en Carrús, El Pla y Torrellano, y cuya tramitación encara su recta final.

Controles y garantías

Fue el alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien flanqueado por el vicealcalde y responsable municipal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y el gerente de la empresa municipal Pimesa, Antonio Martínez, compareció para dejar claro que se han introducido “cláusulas muy claras, mecanismos de control y garantías adicionales desde el inicio del proceso”. Todo, puntualizó, “con un objetivo muy claro: que no accedan a la vivienda pública personas a las que no les corresponda”. Las declaraciones se producían una vez convocado el consejo de administración de Pimesa para el jueves, cuando se adjudicarán, de forma provisional, dentro del programa Casa Fácil, el lote 1, que incluye una parcela del Sector-27, en el entorno del Hospital del Vinalopó; otra en el número 18 de la calle Hispanoamérica de Torrellano; y una tercera en el número 19 de la calle Carmelo Serrano García, en Carrús, para el que se ha presentado una empresa; y el lote 2, con los terrenos que ahora se utilizan como aparcamiento junto al Mercado del Pla de Sant Josep, para el que hay dos firmas que concurren.

Con el filtro de Pimesa

Ruz puso el acento en que se trata de viviendas públicas y protegidas, con el objetivo de paliar el problema de la emergencia habitacional, de manera que una parte de los pisos serán gestionados directamente por Pimesa en régimen de alquiler asequible para jóvenes, y la otra correrá a cargo de las empresas adjudicatarias, aunque, como subrayó el regidor ilicitano, “siempre bajo control público”. Esto implica que las mercantiles no podrán obrar por su cuenta y riesgo, con lo que todas las personas que quieran acceder a una vivienda deberán pasar los datos a Pimesa, que será quien revise, verifique y valide el cumplimiento de los requisitos, una vez que se abra el plazo para las inscripciones, probablemente dentro de un año y medio, con unos criterios claros y en los que el orden de registro no será un factor que se valore. Para ello, la empresa pública ha elaborado un documento específico sobre ausencia de incompatibilidades, que deberá ser firmado obligatoriamente por todos aquellos que quieran optar a una casa pública. “Con ese documento y los filtros de Pimesa, se garantiza que no exista conflicto de intereses ni situaciones irregulares en el acceso a la vivienda”, apuntó el alcalde.

Canal de denuncias

En paralelo, se va a poner en marcha un canal de denuncias, para que cualquier persona pueda comunicar de forma segura y confidencial posibles irregularidades en el proceso. Partiendo de la base, en este sentido, de que no podrán optar a un inmueble público de alguno de estos dos lotes quien ya disponga de vivienda, quienes no cumplan con los requisitos legales o incumplan la ley, o quienes intenten hacerlo mediante fraude o información falsa. Especialmente incisivo se mostró con los cargos electos, estén o no en el consejo de Pimesa, los altos directivos de la Administración y los asesores del Ejecutivo local. Hasta el extremo de que Pablo Ruz afirmó que, “si algún asesor mío se inscribiera en cualquier proceso para la obtención de una vivienda pública, le ceso automáticamente, y tampoco podrá acceder a la vivienda. Se quedará sin nada”. Un protocolo que, alegó, “lo que busca no es endurecer el acceso a una casa, sino proteger a quienes realmente necesitan una vivienda”, a lo que añadió que “Casa Fácil es vivienda pública con garantías, pensada para las personas y sobre todo para los jóvenes, no para los abusos ni los privilegios”, dejando claro que es “casa imposible para los políticos”. De hecho, en los pliegos de comercialización se incorporarán las condiciones que va a imponer el Ayuntamiento a las promotoras para endurecer los controles y la fiscalización, ya que no sólo serán aplicables a los pisos que gestione Pimesa, también los de las empresas.

De Compromís a Alicante

Declaraciones que, por otra parte, Pablo Ruz argumentó que no tenían nada que ver con lo que dijo Compromís per Elx un día antes, cuando su portavoz, Esther Díez, afirmó que “el modelo de vivienda de Ruz es igual al del pelotazo de las casas protegidas en Alicante”. El alcalde afirmó que era una comparecencia que estaba pensada y decidida la semana pasada. A lo más que llegó, sin citar el nombre de la formación valencianista, es a comentar que era “inmoral” lo que había dicho Díez, recriminándole, de paso, que durante su etapa en el Gobierno local no se hubiera promovido ninguna vivienda pública. Tampoco quiso vincular este paso con lo sucedido en Alicante, donde resaltó que se optó por una cooperativa, al contrario que en Elche. “Este modelo jamás se planteó con un modelo cooperativista y lo que hacemos es contar lo que veníamos pensando desde hacía meses”, expresó, para tratar de zanjar una cuestión que es inevitable vincular con lo que ha ocurrido en la ciudad vecina. “Lo único es que es verdad que hay que hacer más pedagogía después de lo que ha ocurrido. Hay que contar las cosas mejor y con más detenimiento”, añadió Ruz, a lo que Francisco Soler puntualizó también para atajar el tema que “pueden pasar cosas en cualquier sitio y aquí de lo que se trata es de que no pasen, pero Pimesa está muy bien preparada”.

La tramitación

Estas palabras llegaban justo cuando la adjudicación de los lotes encara la recta final. Es más, el gerente de Pimesa señaló que, una vez superado este trámite, las empresas deberán elaborar el proyecto, partiendo del hecho de que en el lote 1 hay tres parcelas y, por consiguiente, tres proyectos, y también habrá que pedir las correspondientes licencias y visados, lo que podría llevar a que el proceso culminara en el último trimestre del año, cuando empezaría la construcción, que supondría en torno a dos años. En cuanto a la proporción que pasaría a manos de la empresa pública, a cambio de la cesión de los terrenos a los promotores, dependerá de los proyectos. De momento, los pliegos, en el lote 1, sitúan el valor mínimo de la permuta y, por tanto, lo que le corresponde al Ayuntamiento a través de Pimesa, en 6,1 millones de euros, y en el lote 2, en 2 millones. Para la parcela del Sector E-27, con una superficie de 4.567 metros cuadrados, se prevén 150 viviendas y 193 garajes en total, en un edificio con ocho plantas; en Torrellano, en un terreno de 211,5 metros cuadrados, se habla de cinco plantas y diez casas; en Carrús, con 85 metros cuadrados, se plantean cuatro pisos, uno por planta; y junto al Mercado del Pla, con 1.164 metros cuadrados, se proponen cinco plantas, con 57 viviendas y 78 plazas de garaje.

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