El Consell rechaza intervenir la residencia de Altabix, en Elche, pese a las advertencias del Síndic de Greuges

La Conselleria de Servicios Sociales descarta intervenir de manera directa la gestión de la residencia de Altabix como reclamó hace días el Síndic de Greuges por el déficit de los servicios asistenciales que durante años vienen criticando familiares. La titular del departamento autonómico, Elena Albalat, expuso que se han estudiado todas las posibilidades y defendió este miércoles en una visita a Elche que la solución pasa por esperar a que concluya el proceso de adjudicación de la nueva concesión, que fue licitada el pasado noviembre. La consellera tampoco dio plazos concretos, solo que el procedimiento se resolverá en los próximos meses.

Desde el Consell recalcaron que la concesión caducó en 2022, durante el gobierno de PSOE y Compromís, y que el Ejecutivo autonómico actual ha logrado "poner orden" renovando el contrato. Albalat detalló que el coste por plaza y día se encontraba en 62 euros, una cifra que la Generalitat pretende elevar hasta 100 euros con la futura contrata que salió a licitación por 4,6 millones para cubrir un servicio por tres años prorrogables, ya que hasta la fecha la atención la sigue prestando la empresa concesionaria fuera de contrato.

Este incremento, aseguró, se traducirá en una mayor atención a los residentes, más personal y salarios más dignos para los profesionales que trabajan en el centro.

Al respecto, la edil de Infancia y Mayores, Aurora Rodil, salió al paso de las constantes quejas en torno a la gestión de la infraestructura y aseguró que mantienen “diálogo muy fructífero” con la asociación de familias tratanto de canalizar cada una de sus preocupaciones.

Informe

El detonante de la controversia fue un reciente informe del Defensor del Pueblo Valenciano en el que reclamaba que al menos de forma provisional la residencia pasase a tener una gestión pública porque, según su diagnóstico, existían problemas estructurales en la atención y en las condiciones de vida de las personas mayores residentes. La institución defendía que la Administración debía hacer un ejercicio más activo de control y supervisión, incluso hasta intervenir temporalmente el servicio si fuera necesario.

El Síndic advertía de la responsabilidad de la Administración autonómica para garantizar unos estándares mínimos de atención en servicios tan sensibles como una residencia de ancianos. En medio del debate, los profesionales que trabajan en la residencia decidieron este miércoles también salir a la palestra para transmitir un mensaje de calma y responsabilidad con el bienestar de los residentes.

Mientras tanto, en un comunicado, la plantilla recuerda a la ciudadanía que su labor diaria tiene un único eje: el cuidado, la atención y la dignidad de las personas mayores que viven en el centro.

Trasladaron que detrás de cada turno hay profesionales sanitarios, auxiliares, personal de atención directa, limpieza, cocina y servicios generales "que sostienen con esfuerzo y compromiso" la vida cotidiana de la residencia. Manifestaron, por tanto, que los residentes están correctamente atendidos y que existen protocolos de cuidado y seguimiento establecidos. Asimismo, reivindican que cualquier proceso de revisión o mejora debe hacerse siempre “desde el rigor, la responsabilidad y el respeto a quienes viven y trabajan en el centro”.

Más atención

Al margen de esta cuestión, la consellera aprovechó el encuentro con el alcalde, Pablo Ruz, para anunciar un futuro plan de ampliación de plazas residenciales para personas mayores y con discapacidad, y que se van a iniciar unas rondas de contactos con los ayuntamientos para analizar las carencias en materia de equpamientos sociales. Avanzó que el futuro modelo se basará en la colaboración público-privada con el objetivo de incrementar el número de plazas disponibles.

La responsable autonómica detalló que la Comunidad Valenciana necesita alrededor de 27.000 nuevas plazas para personas mayores, una cifra que, según explicó, refleja el déficit acumulado durante los últimos años. En este sentido, criticó que durante los gobiernos del Botànic no se construyeran nuevas residencias y que, incluso, se produjera el cierre de instalaciones, lo que habría provocado que en 2023 existieran menos plazas que en 2015, según la versión del Consell.

Hizo estas declaraciones en respuesta a las preguntas de este diario sobre el desarrollo del Plan Convivint, que no llegó a ejecutarse. La responsable de Servicios Sociales fue especialmente crítica con el Botànic, calificando de “plan fracasado” y “fantasma” el proyecto del Gobierno de Ximo Puig, que planteaba numerosas infraestructuras sociales, como centros de día y recursos para mayores y personas dependientes.

Semanas después de que Compromís en Elche anunciase una moción para exigir a la Generalitat que se activase el plan, Albalá sostuvo que en su momento no pudo desarrollarse por no existir partidas presupuestarias adecuadas, y aprovechó para cargar contra el anterior Consell por dejar un escenario de "inseguridad jurídica" por contratos caducados con las residencias que cifraron en 100 millones.

Críticas al Gobierno central por la dependencia

Albalat también aprovechó su comparecencia para denunciar lo que considera una infrafinanciación por parte del Gobierno central para aplicar la Ley de Dependencia. La consellera insistió en que la ley establece un sistema de financiación compartida, con un 50 % a cargo de las comunidades autónomas y otro 50 % del Estado. Sin embargo, reprobó que el Gobierno de Pedro Sánchez solo estaría aportando en torno al 20 % de la financiación necesaria.

Pese a esta situación, Albalat subrayó que se está haciendo un esfuerzo para reducir las listas de espera a pesar de que, según sus datos, el Estado mantiene una deuda acumulada de unos 4.000 millones de euros en materia de dependencia con la Comunidad Valenciana. Apuntó a la colaboración con los ayuntamientos para agilizar trámites, detectar situaciones de vulnerabilidad y reducir los tiempos de espera.

Suscríbete para seguir leyendo