Protección de datos admite la reclamación de Ruz sobre la revelación de su domicilio y pide su versión al PSOE de Elche

La polémica por la supuesta revelación del domicilio del alcalde de Elche, Pablo Ruz, vuelve a estar en el candelero casi cinco meses después. Fue el propio Ruz quien quiso comunicar a los periodistas este miércoles que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha admitido a trámite la reclamación contra la concejala socialista Patricia Macià por supuestamente dar detalles de la ubicación de su casa el pasado septiembre en una rueda de prensa, donde cargó contra lo rápido que se había resuelto la licencia de obras de reforma del primer edil frente al resto de expedientes. No obstante, esta información que se filtró al equipo de gobierno de PP y Vox a través de un audio nunca terminó publicada en los medios de comunicación, por pura deontología profesional, ni tampoco aparecían detalles de la calle ni de la zona de la vivienda del alcalde en las comunicaciones oficiales de los socialistas tras esa convocatoria.

Aún y así, el primer edil reafirmó nuevamente este 11 de febrero que "llegará al final del asunto" porque entiende que la revelación de estos datos es "gravísima" y que ha atentado directamente contra su persona, afectándole en el plano personal. Según la versión del regidor, la Agencia ha reconocido indicios de vulneración de sus derechos fundamentales como ciudadano. En cualquier caso, la AEPD, en la misiva remitida a Ruz como reclamante, tan sólo explica que la reclamación ha sido tomada en cuenta al haber transcurrido los tres meses ordinarios que establece el organismo desde que se presentó el pasado 7 de noviembre, sin entrar en más detalles de fondo.

"Nadie me pidió perdon"

Ruz sostuvo, sin dar nombres ni del partido ni de la concejala en cuestión, que si le hubieran perdido perdón por esta revelación no hubiera decidido seguir con esta lucha personal. “Nadie se ha puesto en contacto conmigo”, afirmó, al tiempo que reprochó que la propia edil le negara en varias ocasiones haber revelado su dirección.

Ruz, además, le exigió al PSOE que adopte medidas internas. “No voy a luchar solo por mis derechos, sino por los de todos, porque no todo vale”, y se retrotrajo a aquel septiembre en el que hubiera agradecido una disculpa, pero manifestó que, por lo contrario, se topó con gestos de "soberbia" y "negación".

La oposición tumba la versión del alcalde

Por contra, minutos después de estas declaraciones, el grupo municipal socialista difundió un comunicado negando la versión ofrecida por Ruz. Los socialistas manifiestaron que la Agencia no había admitido todavía la denuncia, sino que había solicitado información adicional para conocer las circunstancias del caso antes de decidir si la reclamación se tramita o no, pero negaron que se esté avalando la existencia de una infracción.

En el escrito que recibió de Protección de Datos la persona reclamada, en este caso la edil socialista, se le pide documentación y un plazo de un mes para presentar alegaciones previas, con lo que desde el PSOE entienden que Ruz ha sobredimensionado el alcance de esta notificación para alimentar la confrontación política y como maniobra para sacar “rédito político”.

De cualquier modo, en estos momentos el procedimiento se encuentra en una fase preliminar ya que el organismo público deberá analizar la información remitida por ambas partes antes de decidir si continúa formalmente con la reclamación y abre un expediente sancionador.

De hacerlo, el proceso podría concluir con una resolución administrativa que determine si existió vulneración de la normativa y, en su caso, con la imposición de multas. En caso contrario, la denuncia podría ser archivada.

Desde la oposición quisieron ir al fondo de la cuestión y volvieron a reabrir el frente político con la licencia de obras de la vivienda del alcalde, reprobando que se diese luz verde en dos meses cuando otras solicitudes similares tardan hasta ocho meses en resolverse, según los socialistas.

Un pleno bronco

El pleno del pasado septiembre estuvo precisamente marcado por la "licencia exprés" del alcalde. La sesión estuvo dominada por tres debates relacionados con este asunto con una comparecencia del propio alcalde para dar explicaciones, una moción del PSOE para crear una comisión de investigación sobre las licencias de obras y, finalmente, la reprobación de la concejala socialista Patricia Macià por haber difundido la dirección del inmueble, lo que el bipartito consideró una vulneración de la Ley de Protección de Datos.

Desde el inicio, el equipo de gobierno centró su estrategia en presentar a Ruz como víctima de un ataque a su intimidad, desviando el foco del debate sobre un posible trato de favor. PP y Vox insistieron en este enfoque, mientras acusaban al PSOE de “embarrar” la política local y lanzar “calumnias”. Vox incluso retó a los socialistas a acudir a los tribunales si creían que hubo presiones a funcionarios.

En su intervención, Pablo Ruz defendió que todo el procedimiento fue legal y ajustado a los plazos. Citó el derecho constitucional al honor y a la intimidad y detalló fechas, tasas y trámites de sus licencias. Aseguró que hubo cuatro permisos, dos aprobados en junta de gobierno, y que se concedieron “en tiempo y forma”. Además, aportó datos sobre otras licencias municipales para demostrar que muchas se resuelven en plazos similares o incluso más rápidos.

El alcalde también contraatacó señalando posibles conflictos de interés en el entorno socialista y recordó otros casos del pasado en los que, según él, hubo licencias concedidas con mayor rapidez.

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