Más plazo para la construcción del edificio de 76 viviendas de alquiler asequible para jóvenes de Travalón

Uno de los proyectos más ambiciosos que tiene entre manos en estos momentos el Ayuntamiento de Elche, a través de la empresa pública Pimesa, precisamente es el edificio de alquiler asequible de Travalón, que hará posible la construcción de 76 viviendas de alquiler asequible para jóvenes, con 75 plazas de garaje y dos locales comerciales, en la calle Maestro Ángel Llorca. Entre otras cosas, por lo que puede suponer en un momento en el que la emergencia habitacional es una realidad palpable como demuestra desde hace trece meses el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa la vivienda como el primer problema para los españoles. Sin embargo, el plan para hacer posible este edificio ha venido acumulando retrasos por causas varias. Entre otras cosas, por la intención de optar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enmarcado en los fondos Next Generation de la UE, algo que se acabó confirmando en 2025, a lo que se sumó la demora entre la adjudicación de los trabajos en octubre a la empresa Avante Construcción, Infraestructuras y Servicios SL y la firma del acta de replanteo. En este contexto, el consejo de administración de Pimesa, como explicó el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, acordó este jueves solicitar a la Generalitat Valenciana una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 para la ejecución y la justificación de los trabajos de un edificio que, además, pasará a denominarse Edificio El Araceli. También se ha solicitado al Consell el abono de la subvención concedida por importe de 2,9 millones de euros.

La ampliación

Francisco Soler alegó que “se pide la ampliación, primero, porque es posible pedirla y porque se ha visto que es una situación en la que está prácticamente toda España”, a lo que recordó que fue en octubre de 2025 cuando se concedió la ayuda europea para impulsar este proyecto, por lo que el Gobierno central era consciente de que los plazos, que en teoría se cumplen el 30 de junio, no se iban a poder respetar. Plazo idéntico al que tiene la regeneración urbana del barrio Porfirio Pascual, para el que también se pedirá una prórroga. El gerente de Pimesa, Antonio Martínez, por su parte, puso el foco en que “la solución que planteamos viene como consecuencia de lo que está escrito en el decreto que daba origen al reparto de los fondos europeos de los programas de vivienda, que recoge expresamente una excepción para que se pueda solicitar una prórroga de los plazos y quien resuelva será la comisión bilateral”, y recordó que, desde el principio, se era consciente de que el edificio necesitaría de un plazo de 20 meses para la construcción, a lo que apostilló que hay ayudas para las que se está dando de tiempo hasta el año 2028 e incluso hasta 2030.

Un 72 % ejecutado para finales de año

En este sentido, y por lo que respecta a la prórroga, es significativo que la firma del acta de replanteo se firmara a principios del pasado mes de diciembre, con cierto retraso respecto a lo ideado inicialmente. De hecho, primero se apuntó al comienzo de las obras en 2024 y, posteriormente, en el programa anual de actuación, inversión y financiación del ejercicio 2025 de Pimesa se situó el arranque de la ejecución en el primer trimestre del año pasado. Tampoco ahí se cumplieron las fechas. Sin embargo, en la hoja de ruta de la sociedad pública para 2026, y partiendo del comienzo de los trabajos en la recta final del año pasado, se planteaba que este ejercicio se cerraría con un grado de ejecución del 72%. Con ello, y cumpliéndose los 20 meses de plazo que se han fijado para la construcción del inmueble, debería ser una realidad en el primer semestre de 2027, año en el que precisamente se celebrarán las próximas elecciones municipales. No obstante, lo que ha pedido el consejo ahora es que se le dé una ampliación hasta diciembre de 2027.

San Antón

Por otro lado, Pimesa dio luz verde a la licitación de las obras del edificio de 45 viviendas en San Antón, con un presupuesto base de 4,17 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, así como a la licitación de los servicios de asistencia técnica, redacción de proyectos y dirección de obra para la demolición del bloque 8, con un presupuesto base de 34.362 euros. Soler, al respecto, destacó que “en estas bases estará incluido el detalle de cómo poder retirar todos los enseres que, por indicación de los informes técnicos, tuvieron que dejarse en este bloque cuando fue desalojado, algo prioritario para este Gobierno municipal”, y que, a la sazón, ha sido una de las principales reivindicaciones de los vecinos y vecinas desalojados el pasado mes de abril.

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