El plan de 240 viviendas protegidas en Elche: 48 para alquiler asequible y precios de venta que van de los 120.000 a los 255.000 euros

Elche ha dado un paso más para que la construcción de 240 viviendas de protección oficial, dentro de lo que se ha dado en llamar el plan Casa Fácil, sea una realidad. Lo ha hecho, además, en un momento clave. Por un lado, porque, por decimotercer mes consecutivo, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles. Por otro, por el escándalo por las polémicas adjudicaciones de les Naus en Alicante. Un paso que, en el consejo de administración de Pimesa, se materializó este jueves en la adjudicación provisional de los proyectos, a través de la enajenación de cuatro parcelas municipales mediante permuta para la construcción de esos inmuebles, y en la aprobación de una serie de medidas reforzadas para evitar casos como los sucedidos en la ciudad vecina. Es en este contexto en el que se anunció que, del total de viviendas, 48 serán gestionadas por Pimesa en régimen de alquiler asequible para jóvenes, mientras que los precios de venta del resto de pisos, en función de las zonas y de los metros, y teniendo en cuenta los topes marcados por el Ejecutivo central, oscilarán entre los 120.120 euros que se plantean, por ejemplo, para Carrús, y los 255.600 euros a los que se apunta en el caso del Sector E-27, en la zona del Hospital del Vinalopó, según se recoge en los expedientes de Pimesa, aunque el alcalde, Pablo Ruz, en su comparecencia, dio precios sensiblemente inferiores, al dar los costes sin el IVA que hay que pagar, y sin avisar de ello.

Las zonas

Ruz hizo una declaración pública para dar los detalles de la adjudicación provisional un poco antes del consejo de administración de Pimesa. Como hiciera el martes, cuando anunció que se iba a endurecer el protocolo para acceder a una de las 240 viviendas de protección pública en Elche, hasta el extremo de llegar a decir que, “si se inscribe un asesor, lo ceso”, apareció, de nuevo, flanqueado por el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y el gerente de Pimesa, Antonio Martínez. Con estos puntos de partida, el alcalde señaló que el lote 1, que incluye una parcela del Sector-27, en el entorno del Hospital del Vinalopó; otra en el número 18 de la calle Hispanoamérica de Torrellano; y una tercera en el número 19 de la calle Carmelo Serrano García, en Carrús, se había preadjudicado a Fama Rehabilitaciones SLU -empresa que se había presentado a los dos procesos-, mientras que en el lote 2, con los terrenos que ahora se utilizan como aparcamiento junto al Mercado del Pla de Sant Josep, la preadjudicataria sería Alcudia Servicios y Obras SL.

Los precios

Tras destacar que, de la cifra global de pisos, Pimesa recibirá 48 para poner a disposición de los jóvenes en régimen de alquiler, apuntó a los precios, que, apostilló, “oscilarán entre los 176.000 euros y los 208.000”, a lo que añadió que “son precios ajustados, un 35 % por debajo de lo que marca el mercado y, además, topados en función de los límites que marca el Gobierno central”. El problema es que, unos minutos después de acabada la comparecencia, el portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, con datos bajo el brazo, trató de sacarle los colores a Ruz, al matizar esos números y situar los costes entre los 120.120 euros que se proponen para Carrús y los 255.600 euros a los que se apunta para las viviendas de tres dormitorios en el Sector E-27, algo que después corroboraría su homóloga de Compromís, Esther Díez. Mientras, especificaron para los aparcamientos no vinculados se apuntaba a 18.720 euros, y para los trasteros, a 11.520 euros.

Los edificios

En cuanto a los edificios en sí, en el E-27 se construirán 168 viviendas, 230 plazas de aparcamiento, 230 trasteros y dos locales comerciales, y Pimesa recibirá 37 casas con garaje vinculado; en Torrellano, se desarrollarán nueve viviendas; en Carrús, cuatro; y en El Pla de Sant Josep, 59 pisos, 71 plazas de parking y 42 trasteros, y la empresa municipal se quedará con once viviendas con plaza de estacionamiento vinculada. Unos guarismos que le valieron a Ruz para afirmar que, “desde nuestro punto de vista, Casa Fácil demuestra que es posible, demuestra que es viable, demuestra que es real y demuestra que con voluntad se puede activar suelo público sin vender patrimonio a bajo precio, y se puede generar vivienda protegida real para las familias con precios sensatos, dentro de la realidad del mercado, que es tan compleja”. Una sentencia tras la que apostilló que “se puede obtener más valor económico del exigido en la licitación, como es este caso, y se puede mantener el control público sobre la adjudicación”, poniendo el foco en que se trata de “una política de vivienda orientada socialmente a los jóvenes”.

Recalificaciones y Las Bayas

El alcalde, asimismo, apuntó que la idea es continuar en esta senda, a través de otras parcelas municipales, a través de la fórmula que ya anunció en marzo del año pasado en una entrevista en este periódico, de manera que se recalifique suelo dotacional. “Es una voluntad del Gobierno que, en todos aquellos suelos dotacionales que actualmente están en barrios y en entornos donde las dotaciones públicas son las correctas, se pueda cambiar la clave, y que puedan salir para permutas, para construir vivienda joven o vivienda asequible, porque, ahora mismo, la dotación más importante que necesita este país es la vivienda”, expuso Ruz, a lo que Francisco Soler puntualizó que se hará cumpliendo “escrupulosamente” la ley, y que “no se van a mermar los suelos dotacionales, se va a redistribuir si es posible”. Otra cosa es que, por el momento, evitaron decir qué zonas se están tanteando. En cuanto a la parcela que Pimesa tiene en Las Bayas, y que también se dijo en su día que sería para vivienda pública, Antonio Martínez señaló que, en este caso, será la sociedad municipal la que gestionará directamente la promoción, y que se está a expensas de una operación con Urbanismo para conseguir otros terrenos colindantes para completar la actuación.

Recelos

Poco después, comparecían los dos partidos de la oposición, para mostrar, una vez más, los recelos que les genera este plan. Unos recelos que el PSOE mostró en el consejo de Pimesa a través de la abstención, porque los socialistas entienden que los pliegos se han tramitado conforme a derecho, mientras que Compromís votó en contra. Además, durante la reunión, el PSOE también cuestionó el encaje jurídico y técnico que puede tener la prohibición de que los asesores puedan acceder a una vivienda pública, a lo que el PP parece que respondió que es una voluntad política, que, a la sazón, quedó reflejada en la frase que dijo el alcalde de que, si un asesor suyo se presentaba al proceso, lo cesaba.

"Jugosos beneficios"

Sea como fuera, desde el grupo municipal socialista, antes de la reunión, su portavoz, Héctor Díez, definió el plan Casa Fácil como “vivienda cara para los ilicitanos y jugosos beneficios para las constructoras". Díez, en este sentido, afirmó que “estamos absolutamente a favor de construir vivienda, es necesario, pero no dando suelo público a empresas privadas para que el Ayuntamiento solo se quede el 20 % y el resto sea para que las empresas vendan y obtengan beneficios”. De hecho, detalló que, según la documentación del consejo, las dos empresas adjudicatarias de forma provisional obtendrán un beneficio neto de 5,9 millones de euros, mientras la ciudadanía pagará hasta 255.000 euros -IVA incluido- por pisos de tres habitaciones “sin trastero y sin aparcamiento” en lo que calificó como “la milla de oro urbanística de Elche”, esto es, el Sector E-27. Héctor Díez, una vez más, se mostró partidario de la “promoción pública directa de gestión pública en régimen de alquiler asequible, como hacen los países del resto de Europa”. También fue crítico con las cifras que dio el alcalde: "Las personas normales pagamos IVA y gastos hipotecarios", sentenció, a lo que agregó que, “aparte de eso, necesitamos plazas de garaje para aparcar nuestros vehículos".

“Precios de la burbuja”

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, puso el acento en que “Pablo Ruz no está ofertando vivienda asequible en nuestro municipio, sino vivienda a precios de la burbuja de mercado con un pequeño descuento, según hemos pedido revelar los grupos de oposición a partir de la documentación que, de nuevo, este Gobierno municipal traslada tarde para limitar con ello la tarea de fiscalización”, y también resaltó que sólo va a pasar a manos públicas un 20 % de los pisos, así como el beneficio para las empresas, de 4,8 millones en el lote 1 y un millón de euros en el 2, el de El Pla de Sant Josep. “Estamos hablando de viviendas públicas de dos dormitorios que con el IVA se quedan en 225.600 euros, y si les añadimos el garaje y el trastero alcanzan los 255.840 euros. Para las de tres dormitorios hablaríamos, también con el IVA, de 255.600 euros, y si contamos con el garaje y el trastero de 288.840 euros, un precio muy parecido al del ‘pelotazo’ de las viviendas protegidas en Alicante y que son inasumibles por la mayoría de las personas de nuestro municipio”, sostuvo la portavoz de Compromís. Finalmente, habló de que el plazo de ejecución del contrato es de 36 meses, “por lo que pasarán años para que la promoción de estas viviendas acabe siendo una realidad”, y volvió a defender que los 240 pisos deberían haber salido en régimen de alquiler asequible, y que el proceso tendría que haber sido 100 % público.

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