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Polémica sanitaria

El PSPV-PSOE lleva a la Fiscalía la posible reutilización de material sanitario en el Hospital del Vinalopó de Elche

Los socialistas denuncian ante el Ministerio Público las presuntas irregularidades, y piden investigar las responsabilidades empresariales y la falta de control autonómico

Concentración a las puertas del Hospital del Vinalopó por la prórroga a Ribera Salud

Matías Segarra

V. L. Deltell

V. L. Deltell

El PSPV-PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, un centro sanitario gestionado por la concesionaria Elche Crevillent Salud SA, del grupo Ribera Salud. La denuncia apunta inicialmente al gerente del hospital, Rafael Carrasco Moreno, y a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable durante la investigación por posibles delitos relacionados con la gestión sanitaria y la seguridad del paciente.

La iniciativa judicial se basa en informaciones periodísticas que revelan correos internos del grupo sanitario en los que se sugiere la reutilización de material de un solo uso. Según el PSPV, esta práctica podría haber comprometido la seguridad, la esterilidad y la integridad de dispositivos médicos utilizados en intervenciones.

Posible reutilización de material sanitario

Los socialistas sostienen que, según los mensajes internos conocidos, el hospital habría reutilizado catéteres hasta diez veces, pese a tratarse de material diseñado para un único uso. En concreto, mencionan un correo del 6 de octubre de 2025 en el que la jefa de auditoría del grupo instaba a aplicar en el hospital de Torrejón prácticas que, según el propio mensaje, “ya se estaban realizando en Elche”, con el objetivo de ahorrar costes.

El PSPV recuerda que tanto el reglamento europeo de productos sanitarios como la normativa estatal establecen condiciones extremadamente restrictivas para el reprocesamiento de estos dispositivos. A su juicio, la reiteración de estas prácticas podría haber supuesto un riesgo sanitario relevante para pacientes y profesionales.

Sospechas de lucro y financiación pública

En el escrito presentado ante la Fiscalía, los socialistas consideran que estas actuaciones responderían a un “desmedido afán de lucro” en la gestión de un servicio público esencial. La formación recuerda que el contrato de concesión del Departamento de Salud Elx-Crevillent fue adjudicado en 2007 y prorrogado hasta 2030 por más de 826 millones de euros.

Para los socialistas, de confirmarse los hechos, existiría una vulneración grave de las obligaciones legales y contractuales vinculadas a la prestación de la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos.

El foco también en la Generalitat

Además de la actuación empresarial, la denuncia pone el foco en la posible falta de supervisión de la Generalitat Valenciana. El PSPV recuerda que los pliegos del contrato atribuyen a la Conselleria de Sanidad la responsabilidad de garantizar la calidad asistencial y vigilar el cumplimiento del servicio.

El partido solicita que se investigue si pudo existir dejación de funciones inspectoras y advierte de que el Código Penal contempla responsabilidades cuando la omisión de control favorece intereses privados en perjuicio del interés público.

En la denuncia, los socialistas piden diligencias como la declaración del gerente del hospital, el requerimiento del expediente completo de la concesión, el análisis de la ejecución contractual por la Intervención General y la identificación de responsables de supervisión.

El PSPV afirma que actúa “en defensa de la legalidad, la salud pública y el interés general” y subraya que la sanidad pública, incluso cuando se gestiona mediante concesión administrativa, debe garantizar los máximos estándares de transparencia, control y seguridad. La formación concluye diciendo que, “cuando se trata de la salud de los ciudadanos, no cabe el ahorro a costa de la seguridad”.

Críticas políticas al modelo concesional

La portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Yaissel Sánchez, calificó la situación de “absolutamente escandalosa” y acusó a la empresa de haber podido priorizar el beneficio económico sobre la salud de la ciudadanía adscrita al departamento sanitario.

Sánchez sostuvo que, de confirmarse los hechos, se evidenciarían los riesgos del modelo concesional. Asimismo, responsabilizó a la Conselleria de Sanidad y al Consell por no ejercer el control “férreo y riguroso” previsto en la concesión.

La dirigente recordó que se trata de la única concesión sanitaria vigente en la Comunidad Valenciana por decisión del actual Gobierno autonómico y aseguró que el PSPV seguirá defendiendo un sistema sanitario público centrado en la protección de la salud y la confianza ciudadana.

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