Vox desafía desde Elche al Gobierno con la regularización de migrantes y exige deportar a reincidentes

El grupo municipal de Vox en Elche ha vuelto a encender el debate migratorio con una moción que elevará al próximo pleno contra la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada recientemente por el Gobierno en el Consejo de Ministros. La formación va más lejos y llega a reclamar que se deporte a aquellos migrantes, estén o no de forma irregular, que hayan cometido delitos graves o una sucesión de delitos leves de forma reincidente.

La iniciativa, firmada por el concejal Samuel Ruiz, denuncia lo que considera “una regularización masiva” de más de 500.000 inmigrantes irregulares que, según la formación, amenazan la sostenibilidad de los servicios públicos, el mercado laboral y la convivencia social en Elche y en toda España.

La propuesta, cuya discusión está prevista para el próximo pleno municipal, plantea un rechazo frontal a la medida estatal, cuestiona las cifras oficiales del Gobierno y choca de frente con los sectores que apoyan una política migratoria basada en la integración y los derechos. Pero, más allá de la discusión municipal, la moción ilicitana forma parte de un debate nacional mucho más amplio que ha puesto en el centro una de las políticas migratorias más ambiciosas del actual Ejecutivo central.

Solicitantes

El real decreto, que se aprobó el pasado 27 de enero, inicia la tramitación de una regularización extraordinaria de personas migrantes que se encuentran en situación irregular en España, que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y hayan residido en España al menos cinco meses, así como a solicitantes de asilo que hayan planteado su petición antes de esa fecha.

Con la aprobación, que según el Ejecutivo retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, se pretende que el proceso se inicie a principios de abril y se prolongue hasta finales de junio, con una tramitación que podría resolverse en un máximo de tres meses. Según detalló incluso recientemente la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la autorización incluirá un permiso de trabajo válido en todo el país y para cualquier sector económico. Los interesados deberán demostrar que no tienen antecedentes penales y su permanencia en el país, con distintas formas de acreditación posibles, incluidas facturas o contratos.

"Respuesta ordenada"

El Gobierno todo este tiempo ha defendido la medida como una respuesta “ordenada, eficaz y conforme al marco legal español y europeo”. Por contraposición, desde Vox insisten en que ese proceso “premia el incumplimiento de las leyes” y que se ha llevado a cabo por real decreto para “evitar el debate parlamentario”, lo que a juicio de la formación debilita la legitimidad democrática de la medida.

Además, Vox se ampara para contrariar al Gobierno en que más de 3,9 millones de inmigrantes viven actualmente en España sin trabajar, lo que supondría el 58 % del total de población extranjera, y que uno de cada cuatro desempleados en el país es extranjero, cifras que no son de carácter oficial y que usan para cuestionar la narrativa sobre los beneficios económicos de la inmigración.

Cualificación

La moción sostiene que la inmigración “poco cualificada” no compensa el déficit estructural del sistema de pensiones ni aporta soluciones reales a la sostenibilidad del Estado de bienestar. Para reforzar su posición, Vox también cita informes internacionales, como los del Ministerio de Finanzas de Dinamarca y el CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, que, según el grupo municipal, demostrarían que la inmigración no occidental genera un déficit fiscal neto que ni siquiera el empleo de baja cualificación compensa.

"Efecto llamada"

Al hilo, en el texto de la propuesta acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de generar un “efecto llamada permanente” que, a juicio de Vox, transmite el mensaje de que “la ilegalidad es premiada” y desautoriza a quienes cumplen los procedimientos legales para entrar y trabajar en España. También advierten de lo que consideran una sobrecarga terminal en servicios como sanidad, educación y seguridad, así como en el mercado de la vivienda y en las ayudas sociales, e insisten en que se genera un impacto negativo en la convivencia en barrios y pueblos, reforzando un discurso que durante todo este tiempo la oposición ha calificado como xenófobo.

La moción de Vox Elche no se limita a rechazar la regularización estatal, sino que también plantea una serie de medidas locales como la deportación de cualquier inmigrante que cometa delitos graves o que use el delito leve como forma de vida, así como de aquellos que “no se integren a la cultura de la nación que acoge o intenten imponer la suya”.

Repatriación

También piden la repatriación de menores extranjeros no acompañados (coloquialmente conocidos como menas) con sus padres a sus países de origen. La moción insta, además, a implementar “una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades del mercado laboral español”, garantizando la “prioridad nacional” y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como su adaptación cultural.

Por otro lado, la formación propone suprimir ayudas y beneficios sociales a inmigrantes que estén en el país de forma irregular, excepto las estrictamente humanitarias necesarias hasta su supuesta devolución, y acabar con las políticas que, según ellos, provocan que miles de personas pongan en riesgo sus vidas en la búsqueda de un futuro mejor en Europa.

Centros de menas

La iniciativa de Vox secunda otras iniciativas que han avivado en los últimos meses la tensión política local en torno a la migración, como el debate entorno a los centros de menores migrantes no acompañados el pasado septiembre, cuando los socios del PP se opusieron a iniciativas relacionadas con los menores migrantes no acompañados, en un debate en el que el alcalde, Pablo Ruz, llegó a afirmar que no existía voluntad política de acogida, mientras en respuesta desde el PSOE y Compromís denunciaban discursos xenófobos y llamaban a una política migratoria basada en la acogida y la convivencia.

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