Las obras para reparar los socavones del Pont del Bimil·lenari de Elche se alargan más en el tiempo

La próxima cita con las urnas para decidir quién gobierna en la Plaça de Baix será en mayo de 2027 y, precisamente, 2027 es el horizonte que, por una o por otra cosa, se ha fijado para la mayoría de obras de envergadura que están sobre la mesa en este momento. El último proyecto en sumarse a este paquete es el de la reparación de la calzada de la glorieta del Pont del Bimil·lenari de Elche, después de que la junta de gobierno local aprobara el pasado 5 de febrero una ampliación de los plazos sin que, una vez más, se diera cuenta públicamente de este acuerdo. Con el matiz importante en este caso de que una semana antes, desde el Ejecutivo local de PP y Vox informaron de que se habían iniciado una serie de trabajos para profundizar en el estudio de las causas que están generando los socavones detectados en la zona y poder definir una solución definitiva que evitara problemas futuros, sin mención alguna a los tiempos, que, inicialmente, se habían establecido en dos meses para la redacción del proyecto y seis en total desde la formalización del contrato, que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre. Eso implicaba que los trabajos debían estar concluidos a más tardar para el segundo semestre del año, pero no será así.

Suspensión de plazos

De hecho, lo que se ha aprobado ahora es la suspensión del plazo para la redacción del proyecto por plazo de seis meses desde la solicitud, así como la ampliación de los tiempos para su redacción en un mes adicional desde el levantamiento de la suspensión del contrato de redacción del proyecto de construcción y ejecución de las obras de reparación de la calzada de la glorieta del Pont del Bimil·lenari, formalizado con la UTE integrada por Involucra SL y Alcudia Servicios y Obras SL. Con ello, se apunta a que la redacción del proyecto estará para el próximo 2 de septiembre -aunque en la documentación oficial, en lo que parece una errata obvia, se habla del 2 de septiembre de 2025-, de manera que las obras está previsto que acaben el 2 de enero de 2027, “de conformidad con la solicitud presentada por la citada mercantil y lo informado favorablemente por los responsables municipales del contrato”.

Nuevo estudio

Lo que la UTE argumentó en una instancia registrada el pasado 14 de enero para lograr el visto bueno a la suspensión temporal del contrato durante seis meses y la ampliación del plazo de redacción del proyecto de ejecución en un mes y medio es que, para la correcta redacción del plan, resultaba imprescindible la realización de un nuevo estudio geotécnico específico, adaptado a las patologías detectadas, así como la monitorización de la zona, que, precisamente, es lo que vendió el Ejecutivo local a finales de enero, sin mención alguna a la prórroga ya pedida por la adjudicataria y que se aprobaría solo unos días después. La UTE, en este sentido, señalaba que “dicha instrumentación requiere un periodo mínimo de observación y registro continuado, estimado en al menos seis meses, con el fin de analizar la evolución temporal del comportamiento del terreno y del cimiento, determinar con fiabilidad la causa real de los hundimientos y diseñar una solución constructiva que garantice la estabilidad estructural y geotécnica a largo plazo”.

Se planteaba, además, cuando el plazo de dos meses que se había dado cuando se formalizó el contrato estaba próximo a su vencimiento. “En consecuencia, no es técnicamente posible disponer, dentro del plazo contractual, de información geotécnica suficiente, representativa y concluyente que permita definir un proyecto de ejecución adecuado y seguro”, afirmaban desde las empresas, a lo que añadían que, “debido a la monitorización, puede ser necesario, realizar durante la obra modificaciones del proyecto previsto en función de las lecturas e información recogida ‘in situ’, motivadas por la aplicación de tensiones al terreno con base en el proyecto diseñado”. Los argumentos, al final, recibieron el plácet de los técnicos y, por consiguiente, de la junta de gobierno, partiendo de la base, además, de que la ampliación no conlleva ningún efecto económico, puesto que no varía el importe del contrato.

Largo peregrinar

Este nuevo paso llega después de que la junta de gobierno local diera luz verde a principios de octubre a la adjudicación del contrato después de un largo peregrinar en una cuestión que se consideraba “urgente” por “la inseguridad que acarrea para los usuarios que utilizan esta vía de tráfico rodado y peatonal”, aunque, para ello, el equipo de Pablo Ruz se acabara tomando dos años para sacar a licitación la redacción del proyecto de construcción y ejecución de las obras. Todo cuando, además, el plan quedó desierto en 2023, después de que el Ejecutivo local de PSOE y Compromís lo sacara a concurso por 1,7 millones de euros. Así las cosas, en abril del año pasado el actual Gobierno municipal volvió a hacer un segundo intento incrementando el presupuesto base de licitación en 800.000 euros, hasta llegar a los casi 2,6 millones de euros, con el IVA incluido, con el fin de que fuera más atractivo para las empresas.

Firmas locales

Sin embargo, como informaron desde el equipo de gobierno en su día, en España solo había siete empresas habilitadas para una obra de estas características y ninguna se presentó a la licitación, en buena medida porque nadie era capaz de asegurar al 100 % el origen y la solución. De ahí que, al final, dos mercantiles con cuartel general en Elche, Involucra y Alcudia Servicios y Obras, a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), y que, precisamente, son las que se encargan de la rehabilitación del Mercado Central junto a Gestaser, acabaran asumiendo el encargo, con un contrato que se formalizó el pasado 3 de diciembre y para el que ahora se pide más tiempo.

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