María Dolores Cano: «La IA es un monstruo que puede mostrar a los menores solo una visión del mundo»

Los casos de abandono, soledad o vulneración de derechos de menores y mayores no cesan. ¿Está fallando el sistema de protección?

Son dos ámbitos distintos y el problema se enfoca desde dos puntos de vista, porque no es lo mismo para los mayores que para los menores. Respecto de los menores de edad sí que es cierto que cuentan con una normativa propia desde el año 1996, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, donde se les reconoce un estatuto jurídico propio y una serie de derechos. Tenemos además una convención internacional de derechos del menor y normativa europea. Otra cosa distinta es que luego en la práctica se aplique o no se aplique. Pero sí que es cierto que los menores tienen una normativa específica y que también aparecen recogidos en el ámbito del Derecho Civil, del Código Civil o de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Con los mayores no ocurre lo mismo?

El problema de las personas mayores es relativamente reciente. Hasta finales del siglo pasado prácticamente se consideraba a los menores como seres vulnerables donde regía un proteccionismo paternalista, pero el tema de las personas mayores ni siquiera se planteaba. Hay que tener en cuenta que ahora cada vez somos más mayores y que hace relativamente poco una persona de 60 años era prácticamente considerada muy mayor, mientras que hoy en día una persona de esa edad o 65 años está casi en la plenitud de la vida y puede vivir una etapa magnífica. El problema es que las normas no se han adaptado a esta nueva realidad y no existe ninguna ley específica que contemple los problemas propios de las personas mayores. Desde estas jornadas, que además están vinculadas a distintos proyectos de investigación, lo que hemos querido es estudiar todos esos problemas que tienen las personas mayores y buscar soluciones jurídicas desde distintos ámbitos, porque aquí intervienen cuestiones sanitarias, la brecha digital, la soledad o el papel de las personas mayores dentro de la familia.

«Escuchar al menor en los procesos de familia sigue siendo muchas veces la excepción»

¿El problema viene desde el propio entorno?

Muchas veces se sigue viendo a los mayores como una carga a la que hay que cuidar cuando hoy en día en muchos casos son los propios abuelos quienes cuidan de los nietos y sostienen económicamente a la familia con su pensión. Pero a pesar de todo eso no existe una normativa específica que contemple un estatuto jurídico de las personas mayores y además muchas veces se tiende a equiparar persona mayor con persona discapacitada cuando no tiene nada que ver.

¿Cómo debería fundamentarse esa futura normativa?

Estamos trabajando en propuestas lege ferenda, que es una expresión que utilizamos los juristas para proponer distintos marcos jurídicos de solución al problema de las personas mayores. Por ejemplo, en el Código Civil, que tiene casi 2.000 artículos, no hay ni un solo artículo que haga referencia a las personas mayores. Más allá de cuestiones como las relaciones entre abuelos y nietos en procesos de divorcio, donde se puede reconocer un derecho de visitas en determinados casos, no existe un reconocimiento jurídico del colectivo de las personas mayores. Por eso consideramos necesario darles visibilidad y reconocerles un estatuto jurídico propio, igual que ocurre con los menores.

En las jornadas también se habló de pactos asistenciales o acogimiento familiar. ¿Habría que cambiar el modelo tradicional?

Son cuestiones que entran dentro de la autonomía de la voluntad y de cómo se configuran las relaciones familiares en este nuevo escenario donde la persona mayor no tiene que ser tratada ni configurada como una persona con discapacidad a la que hay que cuidar de forma paternalista. Existen muchas situaciones distintas y varias de ellas se tratan en estas jornadas, por ejemplo en el ámbito sanitario. Muchas veces se trata al mayor como si fuese un menor. En el consentimiento informado parece que se da por hecho que hay que explicarle el tratamiento a los hijos o a los familiares cuando la persona mayor está ahí y es a ella a quien realmente le afecta la decisión y no tiene por qué ser una persona con discapacidad ni muchísimo menos.

Esa situación, ¿se combate solo con leyes o también con sensibilización?

El esfuerzo tiene que venir de todos los ámbitos, eso está claro, pero como jurista creo que si todo queda plasmado en una norma jurídica es mucho mejor porque eso nos da un marco jurídico claro donde todos sabemos cómo tenemos que actuar. Otra cosa distinta es que luego no se cumpla, pero al menos existe un marco. También hace falta el compromiso de distintos colectivos como el sanitario, el médico o el de enfermería, pero también de otros como el bancario o el tecnológico. La brecha digital es enorme. Hoy en día la sociedad avanza muy rápido con la digitalización, la Inteligencia Artificial o las nuevas tecnologías, pero no al mismo ritmo que las personas mayores. Eso no significa que sean incapaces o no puedan adaptarse, pero sí que hay que adaptar también los sistemas a ellos.

También existe discriminación por edad en otros ámbitos...

Claro, y ni siquiera hemos entrado todavía en el ámbito laboral. Hoy en día muchas veces con 50 años ya ni siquiera te llaman para una entrevista de trabajo. No se valora la experiencia ni el bagaje que tiene una persona que ha aprendido a lo largo de toda su vida y sin embargo se prefiere a una persona de 25 años antes que a una de 55. Eso es algo que como sociedad tenemos que replantearnos porque cada vez vamos a ser más personas mayores y además vamos a vivir más años. Dentro de poco llegar a los 100 años ya no será algo excepcional. Si pensamos en una persona de 65 años que pueda vivir hasta los 95, estamos hablando de 30 años más de vida y el sistema tiene que estar preparado para esa realidad.

¿Realmente se escucha a un menor en procesos como divorcios?

El menor tiene derecho a ser escuchado en los procesos de familia, especialmente en separaciones y divorcios, porque se toman decisiones muy importantes para su vida, como con quién va a vivir, cómo se organiza la custodia o cuestiones relacionadas con su educación. Ese derecho está reconocido en la Convención de Derechos del Niño, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Sin embargo, en la práctica muchas veces no se aplica y en muchos tribunales escuchar al menor sigue siendo la excepción. Cuando estos casos llegan al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, ambos tribunales dicen claramente que si no se ha escuchado al menor se puede haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y se puede llegar incluso a anular todo lo que se ha hecho hasta ese momento.

«Las normas no se han adaptado a la nueva realidad de una sociedad cada vez más envejecida»

¿Está el juez obligado a aplicar lo que diga el menor?

No, escuchar al menor no significa que el juez tenga que hacer exactamente lo que el menor diga, pero sí significa que hay que escuchar su opinión y que si se decide no seguirla el juez tiene que motivarlo de forma reforzada. Solo se puede evitar escuchar al menor en determinadas circunstancias, por ejemplo si existe un perjuicio psicológico para él o si no tiene la madurez suficiente, pero eso debe estar acreditado por informes profesionales. No se puede simplemente prescindir de su opinión porque exista un informe del equipo psicosocial, ya que ese informe es una prueba pericial más mientras que escuchar al menor es un derecho del propio menor. Además, cuanto mayor sea más peso debe tener su opinión en la decisión final.

En los últimos años se ha acentuado el fenómeno del ‘sharenting’, la sobreexposición de menores en redes sociales. ¿Cómo pararlo?

En teoría los padres deberían proteger a sus hijos, pero en estos casos ocurre lo contrario porque son los propios padres quienes pueden vulnerar los derechos del menor. Estamos hablando de derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. En algunos casos incluso hay padres que viven económicamente de esa exposición del menor en redes sociales. Son fenómenos que se están produciendo actualmente y no hay una normativa todavía como tal donde realmente se regulara de forma exhaustiva, más allá de la ley de la protección al honor o a la intimidad... Aquí quien debería intervenir es la Fiscalía porque los menores son una cuestión de orden público, pero la realidad es que se actúa mucho menos de lo que se debería.

¿Está el Derecho preparado para combatir que la IA cree perfiles ideológicos o comerciales de menores?

Es un tema muy novedoso. El problema de la Inteligencia Artificial son los algoritmos, porque tienden a ser absolutamente complaciente con la persona, no te lleva la contraria y muestra información que refuerza lo que ya estás buscando o pensando. Eso puede ser muy muy peligroso, especialmente para los menores que todavía no tienen una ideología o unos conocimientos sólidos de muchísimas cosas. Una persona adulta puede contrastar información, pero un menor puede ir alimentando al monstruo y acabar viendo solo una visión del mundo si utiliza la IA como principal fuente de información. Si buscas que la Tierra es plana, al final toda la información que me da la IA es que la Tierra es plana. Se retroalimenta y podemos crear personas que no tengan más visión que la que la IA quiere que tengan. De ahí la importancia de la labor de los padres, de los educadores y de los centros educativos para que delimiten y controlen la Inteligencia Artificial, que no es una herramienta, es otra cosa.

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