El PSOE y el PP se enredan a cuenta de los recortes sociales en Elche

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Elche, Mariano Valera, ha acusado este lunes al Partido Popular de desmantelar el denominado “escudo social” tanto desde la Generalitat Valenciana como desde el Consistorio ilicitano. Según el edil socialista, las políticas impulsadas por el PP responden a un cambio de modelo que sustituye la protección social por medidas que solo gestionan situaciones límite. Valera ha señalado directamente a los dirigentes populares al afirmar que esta estrategia tiene “nombres y apellidos: Pablo Ruz y Juanfran Pérez Llorca”, en referencia al alcalde de Elche y al presidente del Consell.

El concejal socialista sostiene que el problema no se limita a la insuficiencia de recursos económicos, sino a una modificación profunda en la orientación de las políticas públicas. En este sentido, ha advertido de que “lo más grave no es solo la insuficiencia presupuestaria en dichas partidas, sino el cambio de modelo: de una política social que intentaba sostener a las personas a una política que simplemente administra la caída”. Desde el grupo municipal socialista reclaman que el Ayuntamiento refuerce medidas estructurales para garantizar una red real de apoyo a las personas vulnerables.

Críticas al modelo social del PP

Durante su comparecencia, Valera ha pedido al equipo de gobierno que impulse medidas concretas en materia de vivienda y mediación social. En su intervención ha reclamado que el Ayuntamiento “refuerce de verdad la política de vivienda, la mediación y la alternativa habitacional estable” para quienes lo necesiten, y que “deje de esconder su inacción detrás de recursos de emergencia que, siendo necesarios, no pueden sustituir a una política pública integral”.

El portavoz adjunto socialista también ha criticado el acercamiento ideológico del PP a Vox en materia social. En este sentido, ha pedido que “el PP deje de comprar el discurso a Vox, tanto en la Generalitat como en Elche, porque, cuando lo asumen, quienes pagan son siempre los más vulnerables".

El concejal ha añadido, además, que las advertencias sobre la gestión social también están llegando desde instituciones de control. Según explicó, “solo en enero y febrero hemos detectado más de 15 quejas y requerimientos del Síndic de Greuges y del Defensor del Mayor dirigidos a Servicios Sociales del Ayuntamiento. Cuando los órganos de garantía empiezan a pedir explicaciones de manera reiterada, el problema ya no es puntual, es de gestión”.

Dependencia y Renta Valenciana de Inclusión

El edil socialista ha vinculado la situación local con decisiones adoptadas por el Gobierno autonómico del PP. En concreto, ha señalado la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) impulsada en la Generalitat, que según Valera supone un endurecimiento de las condiciones para acceder a esta prestación.

En este sentido, ha criticado que “donde el PP ha cedido a Vox en la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para poner más trabas a las personas vulnerables —especialmente a las personas migrantes—, endurecer requisitos, limitar la ayuda y asumir un discurso que deja de proteger para empezar a señalar".

El portavoz socialista también ha alertado del colapso del sistema de dependencia a nivel autonómico. Según los datos aportados, al cierre de 2025 existen 28.847 personas en lista de espera, más de 24.000 expedientes pendientes de resolución y una tramitación media de 300 días, casi el doble del plazo legal previsto.

Además, ha destacado que 67.181 personas aguardan una plaza pública residencial y que 258 personas fallecen cada mes mientras esperan la resolución de su prestación. A su juicio, estos datos evidencian un deterioro estructural del sistema. Por ello ha afirmado que “no estamos ante un fallo puntual: estamos ante el deterioro de uno de los pilares básicos del escudo social".

Valera también ha señalado que “el propio Defensor del Mayor reconoce entre las principales problemáticas atendidas en 2025 el retraso en la dependencia, problemas con pensiones o mayores que no pueden acceder a centros de día".

Falta de inversión en vivienda social

El portavoz socialista ha trasladado estas críticas también al ámbito municipal, donde considera que se está produciendo un abandono de las políticas preventivas en materia de vivienda. Según ha afirmado, “ese mismo modelo, ese mismo abandono de la prevención y de la protección real, es el que estamos viendo también en Elche con Ruz, que ha cambiado una política pública de vivienda, mediación y acompañamiento por una de urgencia, de parche, de dispositivo temporal y de llegar tarde".

Valera ha defendido que la función de las administraciones debe centrarse en anticiparse a las situaciones de exclusión social. En esa línea ha señalado que “no se limita a derivar. No se lava las manos con un recurso de emergencia. El Ayuntamiento está para prevenir, mediar, acompañar, trabajar el caso, buscar alternativa habitacional y sostener a la persona antes de que se rompa. Eso era construir escudo social. Lo que están haciendo ahora es otra cosa".

Para respaldar sus críticas, el concejal ha citado cifras del presupuesto municipal destinadas a vivienda social. Según ha detallado, “los datos del presupuesto municipal de Elche son claros. Si miramos la capacidad real para crear alternativas estables, la foto es lamentable: solo hay 50.000 euros para adquisición de viviendas sociales, solo hay 20.000 euros para rehabilitación de nuevas viviendas sociales, y la Oficina Xaloc ni siquiera aparece nominativamente en las cuentas".

Asimismo, ha precisado que “la referencia que sí aparece es la Oficina Municipal de Vivienda Social, con apenas 3.000 euros para actividades y suministros". A su juicio, con esa dotación económica “no se refuerza la mediación, no se previenen desahucios, no se acompaña a familias en riesgo, no se sostiene una política seria de vivienda".

Valera ha aportado además un indicador que, según afirma, refleja el aumento de situaciones de vulnerabilidad. Ha explicado que “solo en la Oficina Municipal de Vivienda Social, los informes de vulnerabilidad solicitados por los juzgados han pasado de 14 en noviembre a 22 en diciembre, un 57% más en solo un mes".

Un caso reciente como ejemplo

El portavoz socialista ha ilustrado las consecuencias de esta situación con un caso reciente que, según afirma, ha llegado al grupo municipal. Se trata de una persona trabajadora con ingresos mínimos que, tras una situación judicial sobrevenida, perdió su vivienda de forma repentina.

Según el relato de Valera, “la salida que se le planteaba era, prácticamente, un recurso de emergencia sin más”, lo que provocó que la persona afectada pasara varios días durmiendo en su coche, mientras su familia se alojaba en casas de amigos y sin recursos para cubrir necesidades básicas.

Para el edil, este tipo de situaciones evidencian fallos en el sistema de protección social. Por ello ha afirmado que “cuando una persona trabajadora, con ingresos, en una situación sobrevenida, acaba pidiendo auxilio porque el sistema no le da una salida digna, es que el sistema está fallando. Y en Elche está fallando".

Reivindicación de un modelo social preventivo

Valera ha concluido su intervención insistiendo en que una política social eficaz debe centrarse en prevenir situaciones de exclusión antes de que se produzcan. A su juicio, la función de las administraciones públicas no es solo ofrecer recursos cuando la crisis ya se ha producido.

En este sentido ha señalado que “no consiste solo en tener una cama disponible cuando todo ha explotado, consiste en evitar que la persona llegue ahí: en acompañar antes, intervenir antes, mediar antes, ofrecer salidas dignas y no simplemente administrar el hundimiento. Pero esto lo están dejando perder, están dejando perder recursos que tanto han costado levantar".

El portavoz adjunto socialista ha cerrado su intervención con una crítica directa al actual gobierno municipal: “Elche no merece un gobierno que administre la caída. Elche merece un gobierno que proteja a las personas y familias más vulnerables".

Respuesta del Gobierno municipal

Desde el equipo de gobierno formado por PP y Vox, la concejala de Acción Social, Celia Lastra, ha respondido a las críticas defendiendo la gestión del área. Según ha explicado, el Ayuntamiento ha incrementado los recursos humanos destinados a tramitar expedientes de dependencia.

La edil ha señalado que, teniendo en cuenta la aplicación de la Ley de Dependencia, el número de profesionales ha aumentado en los últimos años. En concreto, ha indicado que en junio de 2023 había seis valoradoras y actualmente hay diez, mientras que el personal administrativo encargado de registrar expedientes ha pasado de tres a cinco trabajadores.

Lastra también ha apuntado que se han reforzado los equipos de la Oficina Municipal de Vivienda, que anteriormente contaba con dos trabajadores sociales y ahora dispone de uno más.

Según ha defendido la responsable municipal, “duplicamos casi los recursos humanos para poder agilizar los trámites. Unos trabajan y los otros confunden.”

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