Ruz: "No queremos que la tierra agrícola y fértil en Elche se convierta en un campo de hierro”

El Ayuntamiento de Elche avanza en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de dificultar al máximo la implantación de macroplantas solares en suelo fértil del Camp d’Elx. Así lo aseguró este viernes el alcalde, Pablo Ruz, al ser preguntado por la situación de los proyectos fotovoltaicos previstos en el término municipal. El regidor dejó clara la posición del Gobierno local: "No queremos que la tierra agrícola y fértil se convierta en un campo de hierro” y, dentro de las competencias municipales, promoverá "todos los cambios urbanísticos posibles para que esas instalaciones resulten inviables en las partidas rurales".

La modificación ya está en su fase final, según explicó también el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, que expuso, como ya hizo el lunes, que el cambio busca "dar seguridad jurídica tanto a vecinos como a empresas, estableciendo reglas concretas en una materia que hasta ahora no estaba suficientemente ordenada". El principal cambio consiste en imponer un retranqueo mínimo de 100 metros entre el vallado de una planta fotovoltaica y las viviendas cercanas, una limitación que el gobierno considera decisiva en un municipio caracterizado por el minifundio y por la fragmentación parcelaria.

Un freno urbanístico en un campo de pequeñas parcelas

Ruz defendió que el modelo territorial de Elche hace especialmente sensible la expansión de este tipo de infraestructuras. Recordó que el Camp d’Elx está formado por una sucesión de pequeñas parcelas con viviendas dispersas y cultivos en zonas como Asprillas, Puçol, La Baia o Perleta. En ese contexto, el retranqueo de 100 metros respecto a una casa convierte, según el alcalde, en prácticamente inviable la instalación de plantas solares de gran tamaño en muchas de las áreas más productivas del término.

El alcalde resumió así la filosofía del gobierno: "una parcela de tierra fértil debe servir para cultivar, no para producir energía solar". En una de sus reflexiones más contundentes, cuestionó que la legislación urbanística valenciana —"pese a que ahora coincidamos gobernantes del mismo signo político"—, exija una finca mínima de 10.000 metros cuadrados para poder construir una vivienda —limitada además al 2% de la parcela— y, al mismo tiempo, abra la puerta a grandes instalaciones fotovoltaicas sobre suelo agrícola. A su juicio, "esa contradicción evidencia que algo falla en la forma de proteger el medio rural".

Soler reforzó esa idea al subrayar que, si se observa el plano del término municipal, "las posibilidades reales de implantación son ya muy reducidas por la presencia de palmerales, núcleos tradicionales y otras limitaciones del territorio". Aún así, el Ayuntamiento ha querido cerrar aún más el cerco mediante la modificación del planeamiento.

Competencias limitadas y oposición política frontal

Pese a ese endurecimiento urbanístico, tanto Ruz como Soler advirtieron de que "el Ayuntamiento tiene un margen de actuación limitado". El alcalde recordó que muchas macroplantas no dependen de autorización municipal, sino de la Generalitat o del Estado, por lo que el Consistorio no puede impedir por sí solo su tramitación. Pero “nos van a tener enfrente”, vino a decir, aunque matizó que el gobierno local no puede extralimitarse porque se expondría a una prevaricación administrativa.

Soler insistió en que el Ejecutivo ha hecho lo que tenía que hacer dentro de sus competencias: regular, ordenar y dejar clara su oposición pública y política. Añadió que, allí donde exista cualquier “resquicio legal”, el Ayuntamiento lo aprovechará para defender el territorio frente a instalaciones que considera inadecuadas. De hecho, el vicealcalde recordó que el gobierno ha sido transparente con este proceso y ha convocado la mesa de las energías renovables para informar a todos los interesados, incluyendo a la patronal autonómica del sector fotovoltaico.

Ruz insistió en que la oposición del gobierno es “evidente” y la extendió más allá de Elche, al afirmar que "ni en la huerta valenciana ni en el Camp d’Elx ni en ninguna otra huerta debería permitirse la ocupación de suelo fértil por macroplantas". También señaló que "la polémica generada incluso con administraciones de nuestro mismo signo político no cambia la posición municipal".

Veintiséis expedientes y un debate aún abierto

El edil Soler no concretó este viernes el número exacto de proyectos que dependen del Estado, aunque recordó que en la reciente rueda de prensa sobre esta materia se habló de 26 expedientes relacionados con competencias municipales y en distintas fases de tramitación. Algunos de ellos están pendientes de informes de la Conselleria y otros de valoración municipal, dentro de un proceso que el gobierno local sigue de cerca.

La modificación del Plan General pretende precisamente influir sobre esos expedientes y sobre futuros proyectos, constreñendo la implantación a una mínima expresión. Soler afirmó que el Ayuntamiento ha llegado hasta donde podía llegar, conscientes de que las decisiones que exceden de la esfera local tendrán que combatirse con alegaciones, posicionamiento político y, en su caso, con las herramientas jurídicas disponibles.

El alcalde remató su argumento con una crítica al modelo actual de implantación energética. A su juicio, no tiene sentido preservar el campo para unos usos y desprotegerlo para otros de mayor impacto territorial. Por eso, reivindicó la necesidad de revisar el equilibrio entre la transición energética y la protección del suelo agrícola, especialmente en municipios como Elche, donde la tierra productiva forma parte de la identidad histórica y económica del territorio. En esa línea, el gobierno local se dispone a utilizar el urbanismo como principal escudo frente a unas macroplantas que considera incompatibles con el modelo de campo que defiende para el futuro.

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