La Audiencia Nacional vuelve a poner el foco en la cúpula de ETA y llama a declarar a cuatro exdirigentes por el atentado de Santa Pola

El mismo día en que el gobierno vasco le ha concedido el régimen de semilibertad a la exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias "Anboto", la Audiencia Nacional ha acordado tomarle declaración como investigada por su supuesta relación con el atentado terrorista del 4 de agosto de 2002 con coche bomba contra la casa cuartel de Santa Pola que mató a Cecilio Gallego, de 57 años Y que esperaba el autobús, y a la pequeña de seis años Silvia Martínez, hija de un guardia civil.

También se ha admitido que declaren los exdirigentes Ainhoa Mújica, alias "Olga"; Juan Antonio Olarra y Félix Ignacio Esparza. Así lo comunicó este martes el titular de la plaza 6 del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que informa de que "se fijará" una fecha para la declaración de los cuatro exetarras para indagar en el ataque.

De esta manera, el juez accede a lo solicitado por la acusación, entre la que se encuentra la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia. Precisamente, "Anboto" salió este martes pasadas las 10 horas de la cárcel de Martutene de San Sebastián al habérsele concedido un régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir.

"Historial criminal"

Si bien, la salida ha sido polémica con la oposición de Dignidad y Justicia, que denunció que este gesto supone volver "a traicionar a las víctimas del terrorismo". Desde el colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, consideraron "escandaloso e injustificable" que se le admita este régimen que según el colectivo cuenta con un "historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos".

Para concederle este permiso, el recluso debe entregar un "plan de ejecución", en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. Este mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

En lo que respecta a "Anboto", en octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, Antza, en una casa de Salis-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista. Años después, en 2018, fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

Cabe recordar que el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, procesó en 2024 a otros exdirigentes de ETA por estos mismos hechos.

En esta causa se investiga la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado perpetrado en la villa marinera. Según comunicó en su momento el magistrado en un auto, la investigación permite concluir que, desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, "sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA".

Ese ataque se habría planteado, añadió, "como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés".

Condena

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias "Iosu", y Óscar Celarain Ortiz, "Peio", al considerar probado "sin ningún género de duda" de que fueron los autores del atentado. Ahora, el magistrado Piña investiga quiénes fueron los autores intelectuales, por lo que siguen sin estar todas las piezas del rompecabezas cuando cuando se cumplen casi 24 años de un atentado terrorista con coche bomba que dejó unas secuelas irreversibles en la localidad.

Ya el pasado abril "Anboto" así como los otros exjefes Juan Antonio Olarra Guridi, "Juanvi"; y Ainhoa Múgica Garmendia, "Olga", rechazaron responder acerca de su presunta responsabilidad en el atentado. Los tres, que cumplen condena por otros atentados, se negaron a declarar por videoconferencia ante el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, tras haber aceptado Francia, donde fueron detenidos, ampliar su entrega para que puedan ser juzgados en España por estos hechos. Las autoridades galas concedieron también la entrega por este atentado de un cuarto exdirigente de ETA, Félix Ignacio Esparza Luri, si bien en este caso, al estar aún cumpliendo condena en Francia, su entrega era "diferida", es decir, que su formalización queda en suspenso hasta el cumplimiento de la pena que allí le fue impuesta, que se preveía para 2027.

Francia

El pasado agosto, el anterior titular del Juzgado, Manuel García Castellón, dejó a "expensas" de la decisión de Francia el procesamiento de estos exjefes de ETA, por lo que su sucesor podía dictar el procesamiento para estos cuatro. Según dictaminó entonces García Castellón, existen "indicios fundados de criminalidad en las actividades llevadas a cabo por los investigados", entre los que también figuran Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza, y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, quienes se encuentran en libertad y ya están procesados por este atentado al no haber tenido que pedir a Francia el permiso para ello.

El sumario de este atentado se reabrió en marzo de 2022, al ser admitida a trámite una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, y, a la luz de lo investigado, fueron imputados estos seis exjefes de ETA como miembros del máximo órgano director y coordinador de la banda terrorista cuando se perpetró este atentado.

Auto de procesamiento

Una acción terrorista que fue reivindicada por ETA en un comunicado en el que criticaba el proceso de ilegalización de Batasuna. La organización terrorista culpaba a PP y PSOE de haberlo "puesto en marcha" tras este atentado, "cuando en realidad ese proceso ya se encontraba en marcha", indica el auto de procesamiento de Antza y Sagarzazu. Como autores de la masacre ya fueron condenados en 2012 los integrantes del comando Argala Óscar Zelarain y Andoni Otegi y a este respecto el auto apunta que ellos "se limitaron a recoger el vehículo ya preparado como coche-bomba y cargado con los 100 kilogramos de explosivos que les fue entregado desde Francia", donde se asentaba la cúpula de ETA. 

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