El bipartito tumba los recursos contra la ampliación del Parque Empresarial de Elche con la vista en la reparcelación antes del verano

La junta de gobierno local desestimó este jueves hasta 13 recursos de reposición presentados por otros tantos propietarios contra el Programa de Actuación Integrada (PAI) para el desarrollo del sector E-49 del Plan General de Ordenación Urbana, esto es, la ampliación de Elche Parque Empresarial. Unos recursos con los que empresas y particulares trataban de mostrar su oposición al desarrollo de la zona, sobre todo por cuestiones económicas, después de que buena parte de sus alegaciones fueran rechazadas el verano pasado. Desde el bipartito de PP y Vox atribuyeron sobre todo a discrepancias con las valoraciones económicas esa nueva tanda de recursos, aunque, desde el principio, algunos afectados también han apuntado a la idoneidad de ese entorno, entre otras cosas, por el riesgo de inundabilidad, por ejemplo.

Con 36 meses para la urbanización

De hecho, los recursos de reposición no han frenado la tramitación, como es lógico. Hasta el punto de que la empresa municipal Pimesa ha venido dando pasos para que la expansión del parque industrial de Torrellano sea una realidad tras diez años de idas y venidas, y cuando, además, Tempe -la empresa comercializadora del calzado y los complementos del grupo Inditex para marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius-, vistos los tiempos, acabó optando por cambiar Elche por Parc Sagunt. Así, se sigue trabajando en la reparcelación, con la vista puesta en que reciba el visto bueno antes del verano. En el PAI aprobado en julio, se incluía una proposición jurídico-económica fechada en noviembre de 2024 en la que la tramitación del PAI se estimaba en nueve meses -se aprobó en julio del año siguiente-, y se calculaban seis meses para la licitación de las obras de urbanización, nueve meses para la tramitación del proyecto de reparcelación y la iniciación de las obras de urbanización sería en los seis meses siguientes desde la inscripción de la reparcelación. El plazo de ejecución de los trabajos de urbanización, en este sentido, es de 36 meses.

Los cambios

De hecho, la aprobación del PAI en julio pasado ya llevó aparejados ligeros cambios sobre la hoja de ruta inicial, en especial, por lo que respecta a los costes. Hasta el extremo de que se incrementó el valor del suelo en situación de origen beneficiando a las personas que optaran por no adherirse al proceso; y se modificaron ligeramente los valores de repercusión de suelo utilizados en los cálculos de la Memoria de Viabilidad Económica, aunque el resultado en este caso no varió, ya que la actuación, tanto en el anterior documento como en el nuevo, es económicamente viable. Junto a ello, se incluyeron indemnizaciones por construcciones que no se habían tenido en cuenta. No obstante, al final, se redujeron las cargas de urbanización en un 0,8 %, porque, al mismo tiempo, se quedó fuera la rehabilitación de la Casa de la Mina, también conocida como Torre Ibarra, propiedad en estos momentos de la empresa municipal Pimesa, que, además, actúa como agente urbanizador de la ampliación, reivindicación en la que coincidían los más de los afectados a juzgar por las alegaciones planteadas.

Obligación de los propietarios

Al respecto, los servicios técnicos municipales consideraron que la Casa de la Mina es “una obligación de las personas propietarias, que en este caso es la Administración local, y no una carga de urbanización”. Se ampararon en lo que marca la legislación autonómica y determinaron que es necesario excluir ese importe como carga de urbanización del PAI, aunque eso podría frenar su recuperación a corto y medio plazo. Asimismo, la incorporación de las indemnizaciones por construcciones que no se habían tenido en cuenta inicialmente llevó a que el importe pasara de 762.806 euros a los 958.936 euros que se contemplan en la nueva valoración, aunque, una vez más, es una estimación provisional.

“Irregularidades”

En cuanto a lo que se plantea ahora en los recursos de reposición, que suele ser el paso previo a la vía contencioso-administrativa, la portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, apuntó a que, fundamentalmente, aludían a la valoración de los costes, pese a la revisión hecha el pasado año. No obstante, algunos de los afectados, más allá de que las valoraciones son inadecuadas, de los sobrecostes urbanísticos o de las restricciones en la forma de pago, también han venido apuntando a “serias irregularidades” y a que se podría haber escogido otra zona, porque ésta, según afirman, tiene alto riesgo de inundación.

Hasta 48,6 millones

De momento, y más allá de si los afectados van a la vía judicial una vez tumbados los recursos de reposición, la tramitación para ampliar Elche Parque Empresarial sigue y el total de cargas de urbanización se eleva a 40,2 millones de euros, 48,6 millones de euros si se tiene en cuenta el IVA. De este modo, si se suman las indemnizaciones y el canon de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar), la cifra global se situaría ahora en 49,9 millones de euros.

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