Una mujer de 60 años, esposada y encañonada delante de sus nietos en Elche: la Policía irrumpió en su casa por error

Una mujer ha presentado una denuncia penal ante un juzgado de Instrucción de Elche acusando a la Policía Nacional de entrar a la fuerza por error en su vivienda sin una orden de registro en el marco de una operación antidroga en el barrio de Carrús. Según el escrito de la defensa, se habrían vulnerado derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal. El documento, al que ha tenido acceso este diario, describe unos hechos que los letrados califican de “quiebra radical del espacio de máxima protección constitucional”.

La denuncia, formalizada recientemente, solicita la apertura de diligencias penales para investigar una actuación que, según se expone, podría encajar en delitos de allanamiento de morada, detención ilegal, lesiones, coacciones y daños. La mujer estaba con sus nietos de 6 y 11 años y asegura que la tuvieron esposada unos veinte minutos.

Fuentes policiales consultadas por INFORMACIÓN reconocen que se produjo una equivocación en el domicilio al que accedieron los agentes, pero insisten en que el error se subsanó “en cuestión de segundos, en cuanto comprobamos que no era el objetivo” por lo que no se registró la vivienda. Según esta versión, la intervención formaba parte de un operativo autorizado judicialmente y dirigido a una vivienda colindante y que se tuvo que actuar con celeridad para que no se viese frustrado el operativo. Mantienen desde la Comisaría que la actuación contaba con todas las garantías legales, incluida la presencia de la letrada de la Administración de Justicia, figura encargada de dar fe de los registros judiciales. "Si hubiera habido cualquier extralimitación, no lo habría permitido”, exponen.

17 de marzo

Sin embargo, de acuerdo con el relato recogido en la denuncia de la mujer, asistida por los abogados José Manuel Yepes y Concepción Ferrández, los hechos se remontan a las 6.20 horas de la mañana del pasado 17 de marzo. La denunciante se encontraba en su vivienda junto a sus dos nietos, de seis y once años, cuando, según la versión aportada por sus abogados, se produjo la entrada violenta de un grupo de entre doce y quince agentes.

Siempre según el documento, los agentes irrumpieron en el domicilio tras derribar la puerta de acceso, algunos de ellos vestidos de paisano, otros con vestimenta oscura y varios con el rostro cubierto, portando armas de fuego. La denuncia sostiene que en ningún momento se exhibió orden judicial ni se produjo una identificación efectiva previa a la entrada.

El escrito subraya que la intervención se realizó “mediante una irrupción violenta, súbita y carente de cobertura legal”, lo que, a juicio de la representación legal, vulnera directamente el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Los letrados insisten en que no se trataría de una irregularidad subsanable, sino de una actuación ejecutada “sin control, sin garantías y sobre una persona completamente ajena a cualquier actuación policial”.

Encañonada

Una vez dentro de la vivienda, según consta en la denuncia, los agentes se dirigieron a la mujer, que se encontraba en su cama, la encañonaron y le ordenaron tirarse al suelo. A continuación, le exigieron de forma reiterada información sobre el paradero de un hombre al que identificaban como su pareja.

La denunciante habría explicado en repetidas ocasiones que ella no tenía pareja y que su marido había fallecido años atrás y que, por tanto, se trataba de un error. Si bien, según el escrito, estas explicaciones no fueron atendidas en ese momento y la actuación policial se mantuvo con una “actitud intimidatoria sostenida”, según la defensa.

Grilletes

La mujer denuncia que hasta que se la identificó estuvo retenida durante al menos 20 minutos con las esposas, un dato que niegan desde la Comisaría, desde donde exponen que el error se subsanó en cuestión de segundos. Respecto a la reducción de la mujer, fuentes policiales reconocieron que fue engrilletada en el momento de la entrada, pero justificaron esta actuación dentro de los protocolos habituales de seguridad en intervenciones de este tipo.

De cualquier modo, el documento sostiene que la intervención excedió “cualquier margen legítimo de intervención policial”, al prolongarse incluso cuando, según los abogados, existían indicios claros de que se estaba actuando sobre un domicilio equivocado.

Uno de los aspectos más relevantes de la denuncia es la presencia de dos menores durante la intervención. Según se describe, el más pequeño se despertó de un sobresalto al escuchar el ruido tras la rotura del acceso y los gritos, y que su instinto fue abalanzarse sobre su abuela en actitud de protección, suplicando que cesara la actuación.

Ante ello, el escrito indica que los agentes no adoptaron medidas de cautela ante la presencia del menor, y que terminó sufriendo un episodio de ansiedad con temblores y pánico. Asimismo, consta en el escrito que la otra menor habría sido despertada de forma brusca e interrogada sobre su padre, pese a manifestar que no residía en el país ni mantenía relación con él.

Según el relato de los abogados, uno de los agentes regresó posteriormente para retirar las esposas, limitándose a indicar que se habían equivocado. La denuncia subraya que no se ofreció explicación adicional, que no se exhibió orden judicial ni se le facilitó identificación alguna de los agentes actuantes.

Secuelas

La denuncia también detalla que estos hechos les han dejado secuelas a los tres integrantes de la vivienda. Según se expone, la mujer ha sufrido un cuadro de ansiedad severa con manifestaciones físicas como taquicardias, insomnio persistente y otros síntomas que han requerido asistencia médica. La denunciante explica a este diario que desde aquel episodio ha tenido que acudir a varias citas médicas porque ha notado parálisis en parte de la boca a causa del susto.

En el caso de los menores, el escrito señala la aparición de alteraciones emocionales significativas, incluyendo miedo intenso, ansiedad y problemas de conducta y sueño, todo ello vinculado directamente a la experiencia vivida.

A nivel material, la entrada forzosa provocó la destrucción total de la puerta de acceso a la vivienda. Según la denuncia, los daños no han sido cubiertos por la aseguradora al derivarse de una actuación policial, por lo que se solicita que sea la Administración la que asuma la responsabilidad económica correspondiente. Por lo pronto la propia afectada ha tenido que cubrir el coste para poder reponer la puerta cuanto antes. A este respecto, fuentes policiales indican que, efectivamente, en caso de existir daños materiales, estos se encuadrarían en el ámbito de la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio del Interior.

En el apartado final, la representación legal solicita al juzgado la incoación de diligencias penales para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades tanto penales como civiles. Asimismo, pide que se requiera a la Comisaría correspondiente la identificación de los agentes participantes y la remisión del informe de la intervención.

"No es un mero error"

Se apoyan en que los hechos no pueden considerarse como un "mero error sin relevancia penal", sino una vulneración “directa, grave y acumulada” de derechos fundamentales, que requiere una investigación para evitar la normalización de actuaciones de esta naturaleza. A nivel policial trasladan que no se ha ocultado que hubo una equivocación y que el error está documentado y puesto en conocimiento del juzgado.

Suscríbete para seguir leyendo