El PSOE de Elche le exige a Vox retirar su moción por "inconstitucional" y atacar a los sindicatos

Una moción de Vox que ha traído cola. Primero por la oposición de los sindicatos CC OO y UGT y después del PSOE, que este jueves solicitó a los socios del PP en Elche que retiren la proposición en la que plantean un plan de choque para frenar los cierres industriales. Los socialistas entienden que vulnera el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y que contiene ataques directos a los sindicatos.

La formación defendió que el texto debía ser inadmitido por incluir, según su interpretación, contenidos contrarios a la Constitución y por incurrir en injurias hacia organizaciones reconocidas constitucionalmente.

En concreto, el portavoz socialista, Héctor Díez, explicó que la iniciativa de Vox incumple el artículo 25.4 del ROM, que impide debatir propuestas que vulneren la Carta Magna o que contengan descalificaciones hacia personas, entidades o instituciones públicas. En este sentido, subrayó que los sindicatos tienen reconocimiento expreso en el artículo 7 de la Constitución, por lo que consideró especialmente grave que la moción cuestionara su papel.

“El reglamento es claro: no se pueden debatir mociones que sean contrarias a la Constitución ni aquellas que supongan injurias”, sostuvo Díez, quien defendió que la propuesta de Vox encajaba en ambos supuestos. Por ello, anunció que el PSOE pediría formalmente su retirada en la Junta de Portavoces previa al pleno.

El edil socialista también interpeló directamente al alcalde, Pablo Ruz, al que instó a posicionarse públicamente ante esta situación. “O está con la Constitución o está escorado con Vox”, reprendieron los socialistas.

Críticas

Díez lamentó que este no es un caso aislado, sino que atiende a una dinámica que, a su juicio, se viene repitiendo en el Ayuntamiento. El portavoz aseguró que “llueve sobre mojado” y criticó que el pleno municipal se esté convirtiendo en un espacio “alejado de los problemas reales de la ciudadanía”.

En esa línea, reprochó que se estén permitiendo debates sobre mociones que, en su opinión, no contribuyen a mejorar la vida de los vecinos, sino que generan confrontación política y atacan a determinados colectivos. Entre ellos, mencionó propuestas anteriores que, según indicó, habían ido dirigidas contra personas vulnerables, migrantes u organizaciones sociales.

El dirigente socialista consideró que la moción de Vox seguía esa misma línea y advirtió de que, en esta ocasión, el foco se había puesto en las organizaciones sindicales. “Ahora la extrema derecha va a por el siguiente objetivo: los sindicatos”, señaló.

Respaldo

El PSOE defendió de forma explícita el papel de los sindicatos en la sociedad, recordando que su función está recogida en la Constitución como garantes de los derechos laborales. Díez insistió en que respaldar a estas organizaciones es también defender el marco constitucional.

“Ser español es defender la Constitución”, afirmó, al tiempo que reiteró el apoyo de su grupo a la labor que desarrollan las organizaciones sindicales en la defensa de los trabajadores.

Este posicionamiento se produjo apenas un día después de que los sindicatos UGT y CC OO manifestaran públicamente su rechazo a la moción de Vox. Ambas organizaciones calificaron el texto de “ataque directo” a los derechos laborales y alertaron de que suponía una amenaza para el modelo industrial.

Reacción

En un comunicado difundido el miércoles, los sindicatos cargaron con dureza contra la propuesta que Vox pretendía llevar al pleno, señalando que, bajo la apariencia de defensa de la industria, escondía un intento de “desmantelar los derechos de los trabajadores y el sistema de protección social”.

Ambas fuerzas sindicales cuestionaron además las críticas de la formación a la supuesta “rigidez laboral” y defendieron que la competitividad del sector industrial ilicitano debía basarse en la innovación, la formación y el valor añadido, y no en la precarización del empleo.

Las organizaciones sindicales también rechazaron que se pusiera en cuestión su legitimidad, recordando que esta emana de los procesos electorales en los centros de trabajo y de la propia Constitución. Asimismo, calificaron de “intolerable” cualquier intento de limitar el derecho a la huelga.

En su análisis, advirtieron de que el verdadero riesgo para sectores como el calzado no radica en los derechos laborales, sino en modelos basados en bajos salarios y economía sumergida, así como en la falta de adaptación a los estándares europeos en materia de sostenibilidad.

Así las cosas, mientras Vox defendió su propuesta como un plan de choque para frenar la fuga de empresas y aliviar la presión fiscal, sindicatos y PSOE han coincidido en rechazar ese enfoque, al considerar que ponía en riesgo derechos consolidados y no abordaba los retos estructurales del sector.

Suscríbete para seguir leyendo