Así acabó la operación Alianza-Fariña-Cereal con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas desarticulada en Elche

Siete personas detenidas en Elche, entre ellas cinco hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 36 y los 42 años, por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Ese es el resultado del operativo llevado conjuntamente por agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación Alianza-Fariña-Cereal, que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.

Los primeros arrestos

En una primera fase de la investigación, se procedió a la detención de uno de los supuestos integrantes del grupo, al que le fueron incautados 200 gramos de cocaína durante una intervención policial. Posteriormente, se arrestó a otro hombre cuando transportaba en su vehículo, ocultos en un doble fondo –caleta-, cuatro paquetes que contenían cocaína camuflada en envases de leche en polvo y café molido, con un peso total de 3,5 kilogramos. Fue así como, tras estas dos detenciones, se abrió una segunda fase en las que las pesquisas se centraron en el principal investigado, que es quien está considerado el líder de la organización.

Seguimientos

De este modo, a través de las vigilancias y seguimientos realizados, se logró identificar al resto de los miembros del grupo, quienes desempeñaban funciones diferenciadas dentro de la estructura criminal, según fuentes de la investigación. Mientras algunos se encargaban de la adquisición de la sustancia estupefaciente, utilizando para ello vehículos con caletas, otros asumían las tareas de ocultación y posterior distribución a terceros. Una vez realizadas las ventas, el dinero obtenido era entregado al supuesto jefe de la organización.

El dispositivo

Con estos puntos de partida, y ya en la fase de explotación de la investigación, se estableció un dispositivo policial que culminó con la completa desarticulación de la organización criminal investigada, indican desde el Cuerpo Nacional de Policía. Como resultado de ese operativo, se llevaron a cabo seis registros simultáneos en la localidad de Elche, procediéndose a la detención de cinco hombres y dos mujeres por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

Prisión provisional

En las entradas y registros practicados se intervinieron 17 kilogramos de marihuana envasados al vacío, 110 gramos de cocaína, 260 plantas de marihuana, un arma de fuego con munición, 78.240 euros en efectivo, joyas de gran peso y valor, cinco básculas de precisión y siete vehículos, algunos de ellos preparados con compartimentos ocultos en sus asientos traseros para el transporte y ocultación de la sustancia estupefaciente. Además, se solicitó el bloqueo de diferentes activos de la organización desarticulada, como inmuebles, vehículos y productos bancarios. Cinco de los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción en funciones de guardia en Elche, y el juez decretó el ingreso en prisión provisional de todos ellos.

Denuncia

Se da la circunstancia de que, en el marco de este operativo, que se desarrolló a mediados de marzo, una mujer presentó una denuncia penal ante un juzgado de Instrucción de Elche acusando a la Policía Nacional de entrar a la fuerza por error en su vivienda sin una orden de registro en el marco de la operación antidroga. Según el escrito de la defensa, se habrían vulnerado derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal. El documento, al que tuvo acceso este diario hace unos días, describe unos hechos que los letrados califican de “quiebra radical del espacio de máxima protección constitucional”. La denuncia, formalizada recientemente, solicita la apertura de diligencias penales para investigar una actuación que, según se expone, podría encajar en delitos de allanamiento de morada, detención ilegal, lesiones, coacciones y daños. La mujer estaba con sus nietos de seis y once años, y asegura que la tuvieron esposada unos veinte minutos.

Equivocación

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por INFORMACIÓN reconocen que se produjo una equivocación en el domicilio al que accedieron los agentes, pero insisten en que el error se subsanó “en cuestión de segundos, en cuanto comprobamos que no era el objetivo” por lo que no se registró la vivienda. Según esta versión, la intervención formaba parte de un operativo autorizado judicialmente y dirigido a una vivienda colindante y que se tuvo que actuar con celeridad para que no se viese frustrado el operativo. Mantienen desde la Comisaría que la actuación contaba con todas las garantías legales, incluida la presencia de la letrada de la Administración de Justicia, figura encargada de dar fe de los registros judiciales. "Si hubiera habido cualquier extralimitación, no lo habría permitido”, exponen.

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