El Consell planea ayudas al Camp d'Elx tras la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca estudia implementar ayudas directas a los agricultores como los del Camp d'Elx para paliar los altos costes derivados de la guerra en Oriente Medio, especialmente en fertilizantes. El secretario autonómico, Vicente Tejedo, confirmó este martes a INFORMACIÓN que desde la Generalitat se están analizando fórmulas de apoyo complementarias a las del Gobierno central, afeando que hasta la fecha las de la Administración de Pedro Sánchez resultan insuficientes.

A este respecto, y pese a que el Consell no tiene competencias directas, señaló que deberían articularse a través de una orden ministerial, como ocurrió durante la sequía o en el contexto de la guerra de Ucrania.

El responsable autonómico hizo estas declaraciones momentos antes de una intensa reunión en Elche con representantes de La Unió Llauradora i Ramadera de toda la provincia de Alicante en la que el conseller Miguel Barrachina presentó un ambicioso plan de modernización de las explotaciones agrarias a través de la nueva línea de ayudas dotada con 50 millones de euros, dirigida a mejorar la competitividad y reforzar la viabilidad de las explotaciones en un contexto marcado por el incremento de costes, la necesidad de ganar eficiencia y la presión creciente sobre los mercados.

Desde el departamento autonómico manifestaron que estos aportes para las nuevas generaciones vinculadas al campo cuadriplicarían los del anterior gobierno del Botànic. Barrachina especificó que esta nueva línea supondrá un salto importante en capacidad inversora para el sector porque permitirá acompañar a los agricultores en decisiones clave para el futuro de sus explotaciones.

Hasta 200.000 euros

La publicación de la ayuda se estima entre mayo y junio, y la cuantía máxima podrá alcanzar los 200.000 euros por explotación en el caso de personas físicas, con una intensidad de ayuda del 40 % de la inversión subvencionable, que podrá elevarse hasta el 75 % en determinadas situaciones.

Al hilo, desde el Consell explicaron a los presentes que las subvenciones permitirán financiar inversiones vinculadas a la mejora estructural de las explotaciones, incluyendo construcción o adquisición de bienes inmuebles, plantaciones, acondicionamiento de terrenos, instalaciones de riego, energías renovables, maquinaria, vehículos de carga y transporte, además de equipos informáticos y también actuaciones dirigidas a recuperar el potencial productivo tras una catástrofe, una plaga o una enfermedad. Desde el sector trasladan que este tipo de ayudas se viene reclamando desde 2021 y esperan ahora que la tramitación la haga factible.

Precisamente en la reunión se habló de la resolución de ayudas pendientes para la primera instalación agrícola. Si a finales de marzo la propia entidad agraria cargaba contra el Consell por el bloqueo para entregar las ayudas a más de 600 solicitantes, desde La Unió se quedaron con buen sabor de boca tras el encuentro con el conseller, que les pidió paciencia por el alto nivel de tramitación.

El secretario autonómico trasladó que en convocatorias anteriores se ha llegado a tardar hasta diez meses para resolver, mientras que por ahora, cuando aún no se ha cumplido la mitad del plazo, ya se ha resuelto un centenar de expedientes dirigidos a usuarios entre 41 y 56 años, y quedan pendientes aproximadamente medio millar para agricultores hasta 40 años.

Durante esta cita se aclaró, por tanto, que se están dando pasos para reducir la burocracia para que a los beneficiarios les lleguen antes las ayudas dentro del plan Simplifica.

Mercosur

No pasó por alto en este encuentro el estado del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En este punto, Barrachina trasladó que la posición del Consell está en la defensa de la agricultura mediterránea reclamando, por tanto, “reciprocidad estricta en normas sanitarias, ambientales y sociales", así como la aplicación efectiva de cláusulas espejo y controles efectivos, tanto en puertos de entrada como en origen.

Precisamente Barrachina manifestó que lo que teme el campo valenciano es la competencia desleal, de ahí que se asegurase que no se van a aceptar "concesiones desproporcionadas" que generarían desequilibrios competitivos en productos como los cítricos, las frutas y hortalizas o el arroz, de ahí que insistiese en que cualquier avance en el acuerdo debe ir acompañado de garantías previas y de un análisis de impacto real sobre las regiones del arco mediterráneo, recordando que la propia UE ha articulado un marco de salvaguardas para responder a posibles distorsiones derivadas del acuerdo, con posibilidad de abrir investigaciones y aplicar medidas provisionales cuando concurran riesgos suficientes para la industria agraria europea.

Respuestas

El debate sobre Mercosur también sirvió para lanzar críticas hacia el Gobierno central, porque entienden desde el Consell que no se está ofreciendo una respuesta "firme y eficaz" en defensa de los sectores expuestos y para alcanzar el equilibrio por el que la apertura comercial no perjudique al productor europeo.

En este sentido, el conseller señaló que “el problema no es competir, sino verse obligado a hacerlo en inferioridad de condiciones por la falta de reciprocidad y por la pasividad de un Gobierno central que vuelve a llegar tarde a los problemas del campo”.

Sobre esta cuestión, desde La Unió dudaron del acuerdo y temen que llegue a ser más perjudicial que beneficioso, poniendo en tela de juicio las supuestas cláusulas de salvaguarda.

Fitosanitarios

Alberto Travé, responsable de la asociación agraria, aprovechó que era la primera visita oficial de un conseller a las instalaciones del Camino de Vizcarra, para elevar una batería de demandas. Entre ellas las referentes a los fitosanitarios para que el gobierno autonómico presione al ministerio con tal de que en España puedan utilizarse de forma excepcional materias activas permitidas en otros países de la UE para combatir las plagas como hacen en puntos como Italia.

Por otra parte, se reclamó a la Generalitat que intermedie con tal de agilizar que el Ministerio para la Transición Ecológica ponga a punto la balsa de San Diego de Villena, infraestructura clave vinculada al trasvase Júcar-Vinalopó que desde que se construyó en 2010 está inoperativa por fugas.  En su primer llenado de prueba hace ahora más de tres lustros el agua desapareció por filtración en el subsuelo del vaso, que por su capacidad iba a ser único en el país. Desde entonces los agricultores usuarios han evitado su uso debido a las seguras pérdidas de agua por filtraciones.

Primero realizaron una pequeña mota, que terminó llamándose "San Dieguín" en el propio embalse para que la entrega de agua se hiciera de forma efectiva en el embalse, pero inmediatamente se trasladara a la infraestructura del postrasvase. Hace semanas el Gobierno central confirmaba que se ha fijado un calendario para rehabilitarla con la vista puesta en 2028.

Si bien, desde La Unió apuntaron que se necesitan todas las infraestructuras donde haya excedencia de agua ante tiempos de déficit, y afearon volver a hacer una inversión millonaria para solventar estas instalaciones en lugar de haberse acogido en su momento al plazo de garantía de la obra para que la empresa asumiese las deficiencias.

Trasvase

El edil de Aguas, Juan de Dios Navarro, apuntó por su parte que el arreglo de esta infraestructura será clave para asegurar recursos después de detectarse fugas al 80 %. Sobre el trasvase Tajo-Segura, el concejal también señaló a este diario que las nuevas reglas de explotación "son la muerte" para el sector porque entiende que pese a que el caudal ecológico que se quiere implantar "está bien" por las últimas lluvias, habrá escasez de recursos en el corto plazo.

Entre varias problemáticas también se abordaron límites del proyecto Vertido Cero, donde La Unió reclamó también que todas las estaciones depuradoras implementen salinizadoras para aprovechar al completo el agua regenerada.

Después de cerca de tres horas de reunión, la jornada se completó con una visita del conseller a uno de los mayores viveros del término municipal donde se encontró con el alcalde, Pablo Ruz, quien también manifestó la necesidad de apostar por este sector al ser uno de los que más facturación tienen, además de capacidad exportadora.

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