Colectivos feministas de Elche se movilizarán contra la polémica moción de Vox contra el aborto
La Coordinadora Feminista reclama educación sexual en las aulas, reprueban la derivación a clínicas privadas y cargan contra las subvenciones a asociaciones provida
"Fuera rosarios de nuestro ovarios": las plataformas feministas de Elche protestan contra la moción abortista de PP y VOX / Áxel Álvarez
Días después de desatarse una tormenta política en Elche tras apoyar el PP la moción de Vox contra el aborto, los colectivos feministas ahora amenazan con una movilización el próximo sábado, 18 de abril convocada por la Asamblea 8M a la que se sumará la Coordinadora Feminista, colectivo que este miércoles denunció la “deriva antifeminista” del alcalde, Pablo Ruz, mientras exigía medidas en educación sexual y acceso público a la interrupción voluntaria del embarazo.
La Coordinadora calificó de “vergonzante” la sesión plenaria en la que el bipartito elevó un discurso que criminaliza el aborto y cuestiona derechos consolidados.
Sentencias
Según expusieron, se trata de un intento de reabrir debates que consideran superados en España y que cuentan con el aval de distintas sentencias del Tribunal Constitucional, como en su momento también reprobaron desde la oposición o incluso la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, o la de Igualdad, Ana Redondo, así como el secretario general del PSOE en Elche, Alejandro Soler.
La cuestión trascendió de la escena local e incluso la dirección nacional del PP terminó desautorizando los discursos del primer edil ilicitano por el apoyo a la propuesta de sus socios de gobierno.
Manifestacion 8 M en Elche / Matias Segarra
Desde la Coordinadora Feminista señalan que, aunque la postura de Vox no les sorprende, sí consideran especialmente grave que el Ayuntamiento se posicione en esta línea, al entender que se trata de un ataque directo a la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.
Educación sexual
Más allá de la crítica institucional, la Coordinadora Feminista puso el foco en lo que considera las verdaderas prioridades de la administración pública. Entre ellas, destacan la necesidad de implantar educación sexual en todos los centros educativos, a diferentes edades, así como reforzar la prevención del embarazo no deseado, especialmente entre adolescentes.
Asimismo, reclamaron políticas activas en materia de igualdad y prevención de la violencia de género, insistiendo en que el papel del Consistorio debe centrarse en garantizar derechos y no en cuestionarlos.
El colectivo también afeó que la Administración local destine recursos públicos a asociaciones antiabortistas o provida, algo que consideran “indignante en pleno 2026”. En su opinión, este tipo de actuaciones evidencian una falta de propuestas reales para la ciudadanía y un intento de reactivar debates ideológicos ya superados.
Además, criticaron lo que califican como una “doble moral” en torno a la objeción de conciencia, señalando que algunos profesionales sanitarios que no practican abortos en la sanidad pública sí lo hacen en clínicas privadas.
Fuera de la red pública
Uno de los puntos centrales de la denuncia que elevó la entidad es la falta de acceso real al aborto en la sanidad pública. Según la Coordinadora, la Conselleria de Sanidad deriva de manera sistemática a las mujeres a clínicas privadas, lo que genera un doble coste.
Por un lado, enumeraron el coste personal, ya que muchas mujeres deben desplazarse a otras localidades y volver a explicar su situación. Por otro, un coste económico, ya que estas derivaciones resultan más caras para la administración que la prestación directa del servicio.
A esto se suma, según denunciaron, la presión que sufren muchas mujeres por parte de grupos provida que se sitúan en las puertas de las clínicas.
Problema global
La Coordinadora Feminista recordó que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido en España y respaldado por el Tribunal Constitucional, insistiendo en que restringirlo no elimina los abortos, sino que aumenta los riesgos.
En este sentido, se apoyaron en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cifra en 25 millones los abortos inseguros que se producen cada año en el mundo, con alrededor de 39.000 muertes de mujeres y millones de hospitalizaciones por complicaciones.
Exigencias
Ante esta situación el colectivo feminista planteó, por tanto, que no se recorten los derechos de las mujeres, cumpliendo, por tanto, la Ley 2/2010, que las interrupciones voluntarias del embarazo puedan realizarse en centros sanitarios cercanos al lugar de residencia y que no se criminalice a los profesionales sanitarios que cumplen la ley.
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