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El PSOE alerta del impacto de la nulidad de la tasa de basuras en Elche con las sentencias del TSJ

La edil Patricia Macià tilda de "verdadero varapalo" las resoluciones, y critica que PP y Vox solo han trasladado a la ciudadanía las partes favorables de los fallos

La edil Patricia Macià este martes con las sentencias del TSJ contra la tasa de basuras

La edil Patricia Macià este martes con las sentencias del TSJ contra la tasa de basuras / INFORMACIÓN

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

El PSOE de Elche reaccionó con dureza este martes a las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que afectan a la modificación que se hizo en 2025 de la ordenanza fiscal de la tasa de basura. La concejala socialista Patricia Macià calificó los fallos de “verdadero varapalo” y señaló que supone la nulidad de los cambios aplicados en la normativa. Aprovechó también para acusar al alcalde, Pablo Ruz, y al edil de Hacienda, Francisco Soler, de no haber hecho bien su trabajo en la tramitación.

Las declaraciones del PSOE llegan apenas unos días después de que el propio Soler compareciera para explicar el contenido de las resoluciones judiciales, en las que el Alto Tribunal avala algunos aspectos del modelo implantado por el Ayuntamiento, como la aplicación progresiva de la subida o el sistema de bonificaciones, pero cuestiona otros elementos clave del procedimiento de aprobación.

Defectos de forma

Desde el PSOE, si bien, pusieron el foco en los aspectos más lesivos de la sentencia, que, según Macià, declara “nula de pleno derecho” la ordenanza fiscal por defectos formales y por la insuficiencia de los informes técnicos y económicos que la sustentan.

En concreto, la concejala recordó que el TSJCV basa su decisión en dos argumentos principales. El primero hace referencia al incumplimiento del artículo 17.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, relativo a la correcta publicación del periodo de exposición pública de la ordenanza. Según señaló, este defecto de forma ya fue advertido durante la tramitación por un ciudadano cuyas alegaciones fueron rechazadas en el pleno municipal, pero que ahora han sido respaldadas por la justicia.

El segundo motivo que, a juicio del tribunal, invalida la ordenanza tiene que ver con la base técnica del tributo. Tal y como subrayó Macià, los informes económicos y técnicos utilizados por el Ayuntamiento no justifican adecuadamente los criterios empleados para calcular la tasa. “No justifican la objetividad de los criterios empleados”, resumió la edil socialista, apoyándose en el contenido de la sentencia.

Este punto conecta con una de las cuestiones ya avanzadas por el concejal de Hacienda en su comparecencia anterior, en la que admitía que el sistema de clasificación de calles utilizado para determinar el importe de la tasa presentaba problemas y debía ser revisado, aunque defendía que se había mantenido de forma provisional para poder aprobar la ordenanza en plazo.

Comunicación

Más allá del contenido jurídico, los socialistas cargaron especialmente contra la forma en la que el equipo de gobierno trasladó el fallo judicial a la ciudadanía porque entiende que ofreció una versión parcial de la sentencia, destacando únicamente los aspectos favorables e ignorando la nulidad de la ordenanza.

En este sentido, criticó que en los canales oficiales del Ayuntamiento se difundió el mensaje de que el TSJ “avala las medidas de reciclaje y el pago diferido de la tasa”, sin mencionar que el tribunal declara nula la ordenanza. Para la concejala, esta forma de comunicar supone “engañar y ocultar la verdad a la ciudadanía”.

Ahora bien, la reacción socialista contrasta con la interpretación ofrecida por el edil de Hacienda, quien defendió que la sentencia no cuestiona el fondo económico de la tasa ni su necesidad, sino aspectos procedimentales que el Ayuntamiento espera recurrir mediante un recurso de casación.

Recibos

En otro orden de cosas, uno de los aspectos que más preocupación genera en el PSOE es la situación de los recibos que se están emitiendo actualmente correspondientes a la tasa de basura. Macià planteó qué ocurrirá con los pagos del primer semestre de 2026, teniendo en cuenta que, según afirmó, se sustentan en los mismos informes que el TSJ ha considerado insuficientes.

“¿Qué ocurre con el pago de los recibos que se están emitiendo ahora?”, cuestionó la edil, advirtiendo de que estos recibos todavía no son firmes al encontrarse en periodo de pago voluntario. En este contexto, anticipó que habrá ciudadanos que opten por recurrirlos, lo que podría abrir un nuevo frente administrativo para el Ayuntamiento, alertaron desde la oposición.

Bonificaciones

Otro de los puntos señalados por el PSOE es la gestión de las bonificaciones vinculadas a la tasa de basura. Según Macià, el área de Hacienda ha reconocido que se está revisando la situación de los recibos anulados en el segundo semestre del año pasado, un proceso que avanza lentamente, en parte debido al impacto del ciberataque sufrido por el Ayuntamiento.

La concejala aseguró que más de un millar de solicitudes de bonificación, en concreto, 1.170, fueron anuladas, y que esta situación se está arrastrando en el ejercicio actual. Según su análisis, esto está generando un efecto acumulativo que complica la gestión administrativa y aumenta la carga de trabajo en el departamento de Hacienda. “Se arrastra una serie de recibos que no se han liquidado”, alertó, advirtiendo de que esta situación contribuye a “hacer más grande la pelota” en la gestión de la tasa.

Este escenario se enmarca en uno de los elementos que el propio equipo de gobierno había defendido como uno de los avances de la ordenanza, como era la introducción de bonificaciones para incentivar el reciclaje, una medida que fue avalada por el TSJCV pero cuya aplicación práctica sigue generando dificultades.

Por ello, la edil socialista reclamó más claridad por parte del Ayuntamiento sobre las consecuencias reales de la sentencia y sobre las decisiones que se adoptarán en los próximos meses. A su juicio, el fallo judicial no solo tiene implicaciones jurídicas, sino que pone en cuestión la gestión económica del Gobierno local y su capacidad para tramitar correctamente una de las ordenanzas fiscales más relevantes del municipio.

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