Compromís lleva al pleno de Elche el ruido del aeropuerto y exige medidas urgentes

El grupo municipal Compromís llevará al pleno de abril la problemática de la contaminación acústica en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, con una moción que pretende forzar al Ministerio de Transportes a aplicar de forma efectiva las medidas previstas en el plan estatal contra el ruido. La iniciativa responde a las quejas reiteradas de vecinos de Torrellano, El Altet y urbanizaciones próximas, que denuncian desde hace años el impacto de los vuelos en su vida diaria.

La portavoz municipal, Esther Díez, advirtió de que “los ruidos que generan los vuelos en el entorno del aeropuerto Miguel Hernández son un serio problema para los vecinos y vecinas, especialmente del Altet y Torrellano, por lo que desde nuestro grupo instamos al Ministerio de Transportes a desplegar las medidas previstas en el plan de acción contra el ruido a través de una moción que elevaremos al pleno del mes de abril” .

Un plan desactualizado frente al crecimiento del tráfico

El eje de la propuesta gira en torno a la actualización del actual plan estatal, aprobado en 2022, pero elaborado con datos de 2021, en plena pandemia. Díez subrayó que “hay que destacar que este plan ya se encuentra desactualizado porque se elaboró con datos de 2021, año en que todavía se sufrían los efectos de la pandemia” , lo que provoca que las cifras no reflejen la realidad actual.

El aeropuerto cerró 2025 con cerca de 19,9 millones de pasajeros y más de 126.000 operaciones, lo que supone incrementos superiores al 8% respecto al año anterior. Este crecimiento, unido a la previsión de aumento del tráfici en los próximos años, ha intensificado la presión acústica sobre el entorno, especialmente en zonas residenciales próximas a las pistas.

Según el propio Plan de Acción contra el Ruido 2024-2028, el objetivo es reducir la población expuesta a niveles elevados de ruido y avanzar hacia los estándares europeos de contaminación cero. Sin embargo, desde Compromís consideran que las medidas actuales son insuficientes para una infraestructura que opera 24 horas al día y cuya actividad sigue en expansión.

Pedanías fuera de la protección acústica

Uno de los principales problemas señalados en la moción es que buena parte de las zonas afectadas no están incluidas dentro de la denominada huella acústica, lo que impide aplicar medidas correctoras como la insonorización de viviendas. Barrios y urbanizaciones como Bonavista, Buenos Aires o Montesol quedan parcialmente fuera de esa delimitación, pese a sufrir molestias continuas.

Díez reclamó que “el plan recoge una serie de medidas que debemos garantizar que se hacen efectivas, como ampliar la huella acústica para que las acciones recojan a la población real afectada por los ruidos”. Esta ampliación permitiría incluir a más vecinos en programas de protección y ayudas públicas.

El documento técnico del ministerio reconoce la existencia de zonas de conflicto donde se superan los límites acústicos legales y donde deben aplicarse medidas correctoras. No obstante, también identifica áreas fuera de esos límites donde se producen molestias por sobrevuelos, lo que refuerza la demanda de revisar los criterios actuales.

Medidas concretas: rutas, flota y control

La moción presentada plantea una batería de actuaciones dirigidas a reducir el impacto del ruido. Entre ellas, el rediseño de las trayectorias de despegue y aterrizaje para evitar zonas densamente pobladas, la renovación de aeronaves por modelos más silenciosos y el refuerzo del sistema de monitorización acústica.

En este sentido, la portavoz explicó que también es necesario “cambiar las trayectorias de los aviones para minimizar el impacto sobre las zonas más densamente pobladas o renovar la flota de aeronaves por modelos más silenciosos”. Asimismo, se propone aumentar las estaciones de medición para obtener datos más precisos sobre la afección real.

El plan estatal ya contempla líneas de actuación basadas en el denominado enfoque equilibrado, que incluye actuar sobre la fuente del ruido, la planificación del suelo, los procedimientos operativos y, en última instancia, posibles restricciones. Sin embargo, Compromís insiste en que estas medidas deben aplicarse con mayor intensidad y supervisión.

Críticas a la ampliación del aeropuerto

Otro de los puntos de fricción es la posible construcción de una segunda pista, una opción que desde el Ministerio se sitúa a medio plazo, más allá de 2037. Compromís rechaza esta posibilidad al considerar que incrementaría tanto la contaminación acústica como el impacto ambiental sobre espacios de alto valor ecológico.

Díez aseguró que “mientras el PP sólo se preocupa de la creación de una segunda pista que aumentaría la contaminación ambiental y acústica de nuestro municipio, en Compromís nos ponemos al lado de los vecinos para dar solución a un problema que vienen arrastrando desde hace décadas”.

La formación también advierte de que otros aeropuertos europeos gestionan volúmenes de tráfico similares con una sola pista mediante una mayor eficiencia operativa, lo que cuestiona la necesidad de esta ampliación.

Propuestas urbanas y sociales

Además de las medidas estrictamente acústicas, la moción incorpora propuestas para mejorar la integración del aeropuerto con su entorno. Entre ellas, la creación de una barrera vegetal que actúe como pantalla natural frente al ruido y la contaminación, así como el desarrollo de accesos ciclopeatonales para trabajadores.

También se plantea habilitar aparcamientos gratuitos y facilitar el transporte público para los empleados del aeródromo, con el objetivo de reducir el tráfico y mejorar la movilidad sostenible en la zona.

Compromís considera que estas actuaciones deben impulsarse de forma coordinada entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Elche, que forma parte de la comisión de seguimiento ambiental del aeropuerto.

Un problema estructural

El debate sobre el ruido aeroportuario vuelve así al pleno municipal en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo y aumento de las quejas ciudadanas. La propia normativa europea obliga a revisar periódicamente los planes de acción y a implicar a todas las administraciones en la reducción del impacto acústico.

En este sentido, el documento ministerial subraya que la percepción del ruido es compleja y depende de múltiples factores, pero reconoce la necesidad de reducir la población expuesta a niveles elevados y mejorar la calidad de vida de los residentes.

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