Vecinos alertan con un informe de 20 años de descontrol en las campas del aeropuerto de Alicante-Elche

El crecimiento de las campas de vehículos vinculadas al aeropuerto Alicante-Elche ha dado el salto al ámbito institucional tras años de denuncias vecinales. La Asociación de Vecinos Vial Aeropuerto Elche ha presentado ante la Junta de Distrito de Torrellano, para que sea debatido en próximas fechas, un informe técnico que analiza en profundidad la situación y advierte de una transformación progresiva del suelo rústico durante más de dos décadas, con consecuencias directas sobre el territorio, la seguridad y la calidad de vida de los residentes.

El documento, denominado «Informe impacto campas», ha sido expuesto por el presidente de la entidad vecinal, Juan José Mateo Rocamora, quien reclama una respuesta política y administrativa. «Llevamos años denunciando esta realidad, pero ahora hemos puesto negro sobre blanco todo lo que está ocurriendo», señala. El objetivo es que el texto, junto a una propuesta ciudadana, sea debatido y votado el próximo 28 de abril en el Centro Social de Torrellano.

Transformación silenciosa

El informe recoge que desde principios de los años 2000 se ha producido una proliferación constante de campas de estacionamiento, parcelaciones funcionales y actividades logísticas vinculadas al rent a car, muchas de ellas en terrenos clasificados como suelo no urbanizable.

Estas actividades, según el documento, se han implantado en parcelas cercanas a viviendas y caminos rurales sin capacidad para asumir el incremento de tráfico. Como consecuencia, se ha producido una «alteración sustancial del carácter rural del suelo», derivada de la aparición de explanaciones, pavimentaciones, vallados, iluminación o construcciones auxiliares propias de entornos urbanos.

«Estamos ante una urbanización encubierta que se ha ido consolidando con el paso del tiempo», afirma Mateo Rocamora, quien advierte de que esta transformación «ha cambiado completamente la fisonomía de la zona y su uso original».

Ausencia de planificación

Uno de los aspectos más destacados del informe es la falta de un instrumento de planificación específico que ordene el entorno del aeropuerto, a pesar del crecimiento de estas actividades durante más de dos décadas. Esta carencia ha provocado, según el documento, un crecimiento desestructurado, la consolidación de situaciones irregulares y una evidente inseguridad jurídica.

El texto también apunta a posibles incumplimientos de la normativa urbanística, como cambios de uso no autorizados, implantación de actividades incompatibles con la clasificación del suelo, ausencia de evaluaciones ambientales o falta de estudios de movilidad.

Para la asociación, esta situación refleja una falta de disciplina urbanística prolongada en el tiempo. «No se trata de un problema reciente, sino de dos décadas de inacción que han permitido consolidar lo irregular», sostiene el presidente vecinal.

El informe dedica un apartado específico a las consecuencias sobre el tráfico y la seguridad vial. En él se describe un incremento exponencial del tráfico en caminos rurales, con presencia de vehículos pesados, lanzaderas y maniobras complejas en vías estrechas y sin acondicionar.

Esta situación se traduce en riesgo de accidentes, conflictos entre peatones y vehículos, y saturación en horas punta, especialmente en momentos de mayor actividad aeroportuaria. «Hay caminos pensados para uso agrícola que ahora soportan tráfico intensivo durante todo el día», denuncia Mateo Rocamora.

Afecciones directas

Más allá del tráfico, los residentes denuncian un deterioro progresivo de sus condiciones de vida. El informe señala la proximidad de grandes campas a viviendas, el aumento de ruido nocturno, la iluminación invasiva y la sensación de inseguridad.

También se advierte del riesgo de incendios asociado a la acumulación masiva de vehículos y del impacto psicológico que genera esta transformación del entorno. «No es solo una cuestión urbanística, es un problema que afecta directamente a las personas», subraya el presidente de la asociación.

Impacto ambiental

El documento pone el foco en las consecuencias medioambientales, destacando la eliminación de suelo agrícola productivo, la compactación -y en muchos casos asfaltado- del terreno y la alteración del paisaje tradicional.

A ello se suman problemas como el aumento de escorrentías o la contaminación lumínica, factores que contribuyen a la degradación del entorno. «Estamos perdiendo un espacio rural que tenía un valor agrícola y paisajístico evidente», lamenta Mateo Rocamora.

El informe también analiza las repercusiones económicas, alertando de una competencia desleal entre operadores regulados y no regulados, así como de la pérdida de valor residencial y la falta de retorno ordenado para la economía local .

Para la asociación, el modelo actual genera distorsiones que afectan tanto a los vecinos como a las empresas que sí cumplen la normativa. «No se puede competir en igualdad si unos operan dentro de la ley y otros no», sostiene.

Dos décadas de inacción

Uno de los puntos más contundentes del documento es el análisis de los efectos acumulados de más de 20 años sin intervención efectiva. Según el informe, esta situación ha generado una normalización del uso irregular del suelo, dificultades para revertir las actividades y una creciente desconfianza hacia la administración.

Las conclusiones son claras: existe una transformación sustancial del suelo rústico con usos terciarios no planificados y un impacto significativo en términos urbanísticos, ambientales y sociales. «Si no se actúa ahora, el problema se consolidará definitivamente y será mucho más difícil de solucionar», advierte Mateo Rocamora.

Junto al diagnóstico, la asociación plantea una batería de medidas que incluye la redacción de un Plan Especial, la realización de una auditoría urbanística y la evaluación de riesgos en materia de seguridad vial y protección civil.

Estas propuestas serán llevadas a la Junta de Distrito con la intención de que se traduzcan en acuerdos concretos. «No venimos solo a denunciar, venimos con soluciones», afirma el presidente vecinal.

El debate del próximo 28 de abril marcará un punto de inflexión en un conflicto que, tras años de denuncias, busca ahora una respuesta institucional que permita reconducir el desarrollo de una zona estratégica pero profundamente tensionada por el crecimiento sin control.

Historia

El crecimiento de las campas vinculadas al negocio del rent a car en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche no es un fenómeno reciente ni aislado, sino el resultado de una evolución progresiva que se remonta a finales de la década de los 2000. Según relatan fuentes conocedoras del sector, el modelo comenzó con pequeñas parcelas de unos 3.000 metros cuadrados, con capacidad para entre 80 y 90 vehículos, que funcionaron con éxito en los años de mayor expansión turística.

A partir de ahí, el negocio fue escalando de forma continuada. A la primera parcela le siguieron nuevas adquisiciones y ampliaciones que permitieron alcanzar cifras de 150, 250 e incluso 500 vehículos en apenas unos años. La elevada demanda asociada al crecimiento del tráfico aéreo incentivó la expansión, mientras la ausencia de una regulación clara facilitó que las empresas fueran ocupando nuevos terrenos en la zona.

El salto definitivo se produjo a partir de 2015, cuando comenzaron a desarrollarse campas de gran tamaño con la entrada de nuevos socios y capital inversor. De este modo, el modelo evolucionó hacia grandes superficies con capacidad para miles de coches, con instalaciones que llegaron a alcanzar las 4.000 o incluso 5.000 plazas. Este crecimiento, según las mismas fuentes, no responde a la aparición de múltiples operadores independientes, sino a la expansión de estructuras empresariales que han ido concentrando suelo y actividad.

En este contexto, la posible regularización administrativa de estas actividades ha generado inquietud entre los vecinos, que esperaban una reducción del impacto en su entorno. Sin embargo, desde el propio sector se advierte de que esta medida podría consolidar la situación actual, ya que muchas de las campas existentes responden a una misma lógica empresarial. De confirmarse este escenario, la percepción de cambio en el territorio sería limitada, lo que alimenta el debate sobre la necesidad de una ordenación más estricta y transparente.

Posición municipal

Hace unas semanas, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, avanzaba decisiones «en breve». El regidor vinculó este asunto a otros grandes retos de ordenación territorial que el Ejecutivo local está abordando en el municipio y aseguró que el equipo de gobierno es consciente de la inquietud existente entre vecinos de Torrellano y El Altet. Aunque no detalló todavía el contenido concreto de las medidas, Ruz sí anticipó que la próxima semana tiene previsto hablar con los vecinos y que la respuesta municipal no pasará solo por una ordenanza, sino «sobre todo» por una modificación del Plan General. El alcalde dejó claro que «las decisiones están próximas».

El alcalde admitió expresamente que existe una preocupación real por el impacto de estas campas y anunció que en las próximas semanas se celebrarán reuniones con los vecinos. El regidor no quiso profundizar en el detalle técnico de los futuros cambios, pero sí quiso trasladar el mensaje de que el Ayuntamiento no está ignorando el problema. Según explicó, el equipo de gobierno «lleva tres años afrontando buena parte de los grandes asuntos de ordenación territorial que tenía pendientes la ciudad, y entre ellos situó en el mismo plano tanto las plantas solares como las campas de coches».

Moción de Compromís

Además, esta semana se ha sabido que el Ayuntamiento de Elche no había concedido ninguna licencia ni había realizado inspecciones sobre campas de aparcamiento de vehículos en 2024 y 2025, pese a las continuas quejas vecinales en Torrellano y El Altet. Así lo reconocía el Gobierno municipal de PP y Vox tras una pregunta de Compromís, que denunciaba la falta de control mientras estas actividades seguían proliferando en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, consideró que esta situación demostraba que el alcalde estaba permitiendo el crecimiento de estas campas sin regulación, lo que generaba problemas de tráfico, impacto ambiental y molestias a los residentes. Además, criticó que no se hubiera retomado el plan especial urbanístico iniciado en el anterior mandato para ordenar este tipo de usos en suelo agrícola y dar solución a problemas como la acumulación de agua en la zona.

El conflicto se había intensificado tras la apertura de una nueva macrocampa con capacidad para 5.000 vehículos, que había reavivado las protestas vecinales. Desde la asociación Vial Aeropuerto aseguraron que estos negocios «crecen como setas» y superaban el centenar, mientras el gobierno local anunciaba futuras medidas como una modificación del PGOU, sin concretar todavía actuaciones pese a admitir la ausencia total de licencias y controles en los últimos dos años.

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