De las colas por la regularización de migrantes en Elche al atropellado arranque de un nuevo trámite telemático para reducir el colapso

Una situación de colapso por la regulación extraordinaria de migrantes que no cesa pese a que se está tratando de poner medios. El Ayuntamiento de Elche anunció este martes que se ha impulsado un nuevo sistema para intentar aliviar las largas colas a las puertas de la OMAC para solicitar el certificado de vulnerabilidad, pero la solución ha comenzado también entre incidencias. Apenas unas horas después de habilitarse el trámite telemático específico para solicitar este documento, abogados especializados en extranjería denunciaban que la plataforma presentaba fallos que impedían registrar solicitudes cuando se actúa en representación de personas migrantes sin documentación o sin medios digitales propios.

La situación llega después de varios días de desconcierto, colas interminables y falta de información en los puntos de atención municipal y servicios como Pangea de la Generalitat. Hay quienes pasaron la noche a las puertas de las dependencias con tal de conseguir el documento, porque desconocían la vía telemática, o, al menos, iniciar un procedimiento del que depende en muchos casos la posibilidad de acogerse a la nueva vía de regularización.

Hay que partir de la base de que este certificado de vulnerabilidad se ha convertido en una de las piezas clave para parte de las personas extranjeras que buscan encajar en el nuevo marco habilitado por el Gobierno central. El Real Decreto aprobado el 14 de abril incorpora una nueva autorización de residencia temporal por razón de arraigo extraordinario, orientada, entre otros supuestos, a personas en situación de especial fragilidad social, y fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite para presentar solicitudes.

Con ese contexto de urgencia, el Ayuntamiento implementó este martes la opción de enviar la solicitud desde la página web municipal. La medida, según explicó el Ejecutivo local, busca reducir la presión asistencial sobre las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana y ordenar el flujo de peticiones derivadas del proceso. Y se amparan en que la demanda en las OMAC se ha disparado en abril ya que en los primeros quince días del mes, las solicitudes de certificados de empadronamiento aumentaron un 40% hasta alcanzar las 2.464, mientras que señalaron que en la jornada las OMAC llegaron a atender a 1.800 personas exclusivamente para la cuestión de la regulación.

Sensación de improvisación

Sin embargo, la activación del nuevo trámite no ha despejado las dudas ni ha frenado la sensación de improvisación. Al contrario, las quejas se trasladaron al terreno digital con abogados que incluso en esta primera jornada remitieron cartas al propio alcalde, Pablo Ruz, describiendo un escenario de “caos” tanto en la atención presencial como en la tramitación telemática.

Falta de reconocimiento

Míriam Rebeca García Córdoba, abogada especializada en extranjería, trasladaba que tras preparar solicitudes para clientes que acudieron a primera hora de la mañana con la intención de presentar el trámite mediante representación, el sistema no reconocía el documento de autorización y bloqueaba el procedimiento, impidiendo avanzar en el registro. Desde el Ayuntamiento reconocían los problemas técnicos y horas más tarde, al filo de las 16 horas, comunicaban que el sistema ya estaba operativo.

Si bien, las llamadas y quejas de usuarios afectados por la falta de información y por la indefensión generada en las oficinas municipales no cesaron incluso en los despachos de abogados, quienes trasladaron a este diario que funcionarios estaban derivando a personas migrantes a despachos profesionales bajo el argumento de que, con certificado digital, la abogada podía completar el trámite “en cinco minutos”.

Si bien, como había incidencias en la sede electrónica, tampoco resultó posible resolver en la primera parte de la jornada esas peticiones. El problema resultó especialmente sensible porque buena parte de las personas afectadas no pueden gestionar por sí mismas el procedimiento. Muchas carecen de certificado digital, de documentación completa o de conocimientos suficientes para moverse en plataformas electrónicas, por lo que dependen de representantes, abogados o entidades sociales para formalizar sus solicitudes.

Circuito

Sobre el papel, el nuevo circuito establecido por el Ayuntamiento pretende racionalizar el procedimiento. Una vez presentada la solicitud, esta se remite a la Oficina de Atención a Personas Migradas, PANGEA, desde donde se contacta con la persona interesada para realizar una entrevista personal previa a la eventual emisión del certificado. A nivel municipal señalaron que esta reorganización pretende dar una respuesta de urgencia ante una carga de trabajo sobrevenida que, como ya alertó el lunes el primer edil ha sido trasladada a los ayuntamientos sin planificación ni recursos suficientes.

Ruz afeaba al Gobierno central que las administraciones locales están asumiendo un volumen muy elevado de expedientes en muy poco tiempo y sin la correspondiente dotación.

Todo ello sucede después de jornadas marcadas por escenas de fuerte tensión en torno a Pangea y a las OMAC. En los últimos días, centenares de personas protagonizaron largas colas a las puertas de las distintas oficinas en busca de un trámite que, en muchos casos, ni siquiera sabían explicar con exactitud. Todo para obtener un impreso que después debían presentar en otra dependencia municipal.

La falta de información clara alimentó un peregrinaje constante entre oficinas, con usuarios que creían que iban a recibir un documento sellado y otros que descubrían, tras horas de espera, que solo debían recoger un modelo de solicitud.

La escena ha evidenciado una mezcla de saturación administrativa, desinformación y ausencia de un protocolo suficientemente claro. El nuevo marco legal está diseñado para ofrecer encaje administrativo a personas que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que puedan acreditar, entre otras circunstancias, vínculos laborales, convivencia familiar con menores o personas dependientes, o una situación de vulnerabilidad certificada por entidades competentes. Esa última vía, precisamente, es la que ha colocado a los servicios sociales y municipales en el centro de una gran presión asistencial.

Empadronamiento

Hay incluso abogados que exponen que el propio decreto no obliga a los solicitantes a presentar certificados de empadronamiento, pero tienen dudas sobre si la Administración finalmente va a exigir que muestren datos sobre el padrón. Letrados reprueban que están intentando canalizar la demanda con escasa respuesta institucional y temen que se produzcan retrasos en la tramitación por la falta de coordinación que termine provocando que haya personas que no lleguen a los plazos límite del 30 de junio.

Desde el Ayuntamiento trasladaron por su parte que el nuevo procedimiento busca precisamente ordenar el sistema y rebajar la presión en ventanilla, pero las primeras horas de funcionamiento evidenciaron que la digitalización, por sí sola, se puede quedar coja si no hay instrucciones claras y un refuerzo real del personal.

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