El bipartito modificará el Plan General para ordenar el centenar de parkings situados junto al aeropuerto de Alicante-Elche y tramita diez inspecciones

Una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche. Eso es lo que va a impulsar el Ejecutivo municipal de PP y Vox en Elche para ordenar, por primera vez en dos décadas, las campas para aparcamientos de vehículos situadas en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Así lo anunció el alcalde, Pablo Ruz, al término de la junta de gobierno local. En esta ocasión, compareció él solo, sin acompañamiento de otros concejales de su grupo o de sus socios de Vox, aunque sí estuvieron presentes durante su declaración su mano derecha dentro del bipartito, el edil de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, y el asesor de Urbanismo y exconcejal Vicente Granero. Un paso que llega un mes después de que el propio alcalde, preguntado por el conflicto que estaban generando estos parkings en el entorno de la terminal, apuntara a una ordenanza municipal, extremo que ahora queda descartado, y a los cambios de planeamiento, que es lo que, finalmente, se va a hacer. “Las campas son necesarias, pero se tienen que construir bien”, dijo el alcalde, a modo de preámbulo este jueves.

Adaptación a la realidad actual

Es en este contexto en el que Pablo Ruz hizo hincapié en que con este trámite lo que se busca es adaptar el planteamiento urbanístico a la realidad actual de la zona, donde se ha producido un crecimiento progresivo de este tipo de instalaciones sin que esté muy claro cuáles son legales, legalizables e ilegales. Tanto es así que aseguró que, en estos momentos, se sobrepasa el centenar de campas, muchas de ellas en una situación alegal y sin que se les pueda aplicar una regulación específica, pese a las quejas que se están generando entre los residentes desde hace tiempo. Entre otras cosas, porque hay negocios, los menos, que están en regla, pero hay otros que tienen licencias provisionales dos décadas después, y algunos incluso, por el entorno en el que se sitúan estos establecimientos, en pleno Camp d’Elx, no han llegado ni a pedir autorización para la actividad económica que se desarrolla realmente, sino para otras, con casos en los que el permiso sólo es para otras cuestiones como, sin ir más lejos, el vallado.

Desde 2003

El origen de este problema se remonta al año 2003, cuando el Ayuntamiento dio la oportunidad a algunos de estos primeros negocios de operar en suelo no urbanizable y no permitido por el Plan General y, con ello, cubrir las necesidades del aeropuerto, siempre que se cumpliera una serie de condicionantes. Eso es lo que dio lugar, según un informe municipal de 2019, coincidiendo con el plan especial que quiso impulsar el Ejecutivo local de izquierdas, a “la ocupación incontrolada del terreno, generando un impacto negativo sobre el entorno”, algo que no ha hecho más que agravarse en estos últimos siete años, a juzgar por las quejas de vecinos y vecinas.

Controles

Por eso mismo, Ruz también anunció que está previsto que las inspecciones se refuercen de forma coordinada entre los departamentos de Urbanismo, Aperturas y Policía Local, especialmente en materia de accesos, tráfico y seguridad vial, y que se va a trabajar mano a mano con la Diputación, que es quien tiene las competencias en las carreteras más afectadas por este fenómeno. Por ahora, lo que se ha hecho, apostilló el alcalde, es reforzar las inspecciones urbanísticas de las campas de vehículos, con una decena de controles desde 2025 -lo que implica que no se ha llegado ni al 10 % en casi año y medio- y cuyos informes, afirmó, ya se han remitido a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, dependiente de la Generalitat Valenciana, y que tiene su sede frente a La Calahorra.

Respuesta de marzo

Todo cuando, además, en una respuesta del pasado 31 de marzo, la concejala de Mujer, Comercio, Hostelería y Desarrollo Local, Caridad Martínez, tras una pregunta de la portavoz de Compromís, Esther Díez, aseguró que no se había otorgado ni una licencia de campas para aparcamientos de vehículos durante los años 2024 y 2025 en el término municipal ilicitano y, por tanto, tampoco junto al aeropuerto de Alicante-Elche, y mucho menos había habido inspecciones de este tipo de actividades durante esos dos mismos ejercicios, por lo que no se han abierto expedientes al respecto. La explicación que dio Ruz tras la junta de gobierno es que “la respuesta se había dado desde Aperturas sin contrastar con Urbanismo si se habían hecho o no esas inspecciones”, a lo que agregó que, “quizás, el error fue a qué departamento se remitió el escrito, y hubo una concatenación de errores”.

Sin nuevos negocios por ahora

Unas inspecciones, que, según señaló el regidor ilicitano, vendrán de la mano de la prohibición de implantar nuevas campas mientras se tramita la modificación del PGOU. “Las que están en trámite se podrán concluir, pero no se van a poder construir campas nuevas, como ocurre con las placas solares, mientras se continúa el proceso administrativo de modificación del Plan General”, subrayó, para añadir que “vamos a ser rotundos y rigurosos con esto”. Más tarde, reconocería que, como ocurrió con las plantas fotovoltaicas, cuya moratoria para conceder licencias ha decaído porque así lo ha determinado el Consell tras la aprobación del Plan Simplifica hace ahora dos años, será la Generalitat quien tenga que dar luz verde a esa suspensión de autorizaciones.

Seguridad jurídica

“Con este paso, iniciamos un proceso administrativo clave para dotar de orden, seguridad jurídica y planificación a una actividad necesaria en el entorno del aeropuerto, pero que debe desarrollarse con criterios claros”, dijo el alcalde, que, no obstante, dio pocos detalles de por dónde pueden ir los tiros, más allá de las comparaciones con la modificación del PGOU que se ha hecho para ordenar la presencia de plantas solares en el Camp d’Elx. A lo más que llegó es a decir que ya hay una base sobre la que van a trabajar, y que esa normativa será la que fije las condiciones en las que podrán implantarse estas actividades, estableciendo límites, ubicaciones adecuadas e infraestructuras necesarias, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo económico con la protección del entorno y de los núcleos residenciales próximos.

“Anuncios grandilocuentes”

Sin embargo, la portavoz del grupo municipal Compromís, Esther Díez, puso el foco tras la comparecencia del alcalde en que “Pablo Ruz ha realizado uno de sus ya conocidos anuncios grandilocuentes sobre la ordenación de las campas de vehículos en el entorno del aeropuerto, pero lo ha hecho sin dar explicación de cómo se van a solucionar los problemas que ya sufren los vecinos y vecinas de pedanías como El Altet y Torrellano”. Díez, además, recordó que, “casualmente, estas declaraciones se producen después de que desde Compromís hayamos destapado la pasada semana que la Concejalía de Aperturas no ha llevado a cabo ninguna inspección de este tipo de negocios ni en 2024 ni en 2025, como nos reconoce en una respuesta del 31 de marzo de este año firmado por la concejala Caridad Martínez”.

Consulta pública

La portavoz municipal de la formación valencianista incidió en que, “desde el anterior gobierno de izquierdas, llevamos a cabo la consulta pública para el plan especial para la regulación de actividades en suelo no urbanizable en el ámbito del aeropuerto Alicante-Elche y Pablo Ruz, si de verdad hubiera tenido interés, hubiera continuado esta tramitación al día siguiente de tomar posesión y ahora quiere vendernos como un logro seguir la tramitación tres años después”. En esta línea, añadió que “lo preocupante es que el alcalde no ha dicho cómo va a proceder con las campas ilegales que ya están en marcha, qué medidas va a tomar al respecto, porque más allá de las infracciones urbanísticas que se hayan podido cometer, este Gobierno municipal tiene la facultad de actuar sobre negocios que se puedan haber activado sin las licencias necesarias”. Finalmente, y desde su faceta de concejala de Movilidad en el anterior mandato, puso el foco en que, en su día, su departamento procedió a las actuaciones de seguridad vial en la carretera del aeropuerto ante los problemas de este tipo de negocios, y puntualizó que “este proceso de ordenación, que es complejo, debe llevarse a cabo con la participación de los vecinos y vecinas, los mismos que el pasado sábado le afearon en Torrellano haberse desdicho de su promesa de la construcción de un centro de salud en la pedanía”.

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