Las sanciones por abandono de tierras y las dudas sobre lindes centran las alegaciones contra la ordenanza del medio rural de Elche

La futura Ordenanza del Medio Rural de Elche encara sus últimas semanas de exposición pública envuelta en alegaciones de colectivos ecologistas y organizaciones agrarias por motivos muy distintos que van desde la supuesta criminalización que hace el texto de las "malas hierbas" a la falta de puntos claros sobre lindes.

Este martes la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) trasladó un paquete de propuestas para modificar varios artículos de la ordenanza aprobada inicialmente el pasado 30 de marzo en el pleno, al entender que parte de la normativa atenta contra la vegetación natural del Camp d’Elx, e incluso alertan de que podría fomentar el uso masivo de herbicidas como el glifosato para evitar posibles sanciones.

Los ecologistas se acogen a que existen cada vez más evidencias científicas sobre los efectos nocivos de este tipo de biocidas, y hablan incluso del aumento de enfermedades neurodegenerativas como el párkinson con la exposición continuada a determinados herbicidas, citando datos del Instituto Nacional de Estadística que reflejan un incremento de casos diagnosticados en España en los últimos años.

Además, recuerdan que países como Francia o Alemania ya reconocen determinadas patologías vinculadas a estos productos como enfermedades profesionales. Por ello, AHSA solicita que la ordenanza incorpore obligaciones específicas de protección laboral para las personas que manipulen estos químicos, incluyendo el uso obligatorio de equipos de protección y que los propietarios faciliten ese material a los trabajadores.

Drones

Paralelamente, la asociación también pide expresamente la prohibición del uso de drones para fumigaciones agrícolas debido a la elevada dispersión de viviendas existentes en el Camp d’Elx y al reducido tamaño de muchas parcelas.

Por otra parte, el principal foco de las alegaciones del colectivo se centra en el artículo 7, dedicado al abandono de tierras. El texto considera que una parcela puede catalogarse en “estado de abandono” cuando exista “proliferación de vegetación espontánea o invasora fácilmente inflamable, constitutiva de riesgo de incendio”.

Para AHSA se está haciendo un paralelismo “muy peligroso” entre vegetación natural y residuos, reforzando una percepción negativa de la flora ruderal que, aseguran, no se corresponde con la realidad ecológica del medio agrario.

Precisamente por ello AHSA critica que la normativa equipare en el mismo apartado la acumulación de residuos sólidos y la presencia de vegetación espontánea, recordando que muchas de estas plantas que aparecen en márgenes agrícolas, cunetas o parcelas no cultivadas desempeñan un papel clave en el equilibrio del ecosistema agrícola.

Según defienden, la citada flora favorece la presencia de insectos polinizadores, sirve de refugio a fauna auxiliar que ayuda al control natural de plagas y contribuye a frenar la erosión del suelo y mantener la biodiversidad.

La asociación considera, por tanto, que presentar esa vegetación como un problema puede generar una presión indirecta sobre propietarios y agricultores para eliminar cualquier cobertura vegetal mediante tratamientos químicos. Si bien, uno de los ejes principales de la normativa es el control de ese abandono de tierras porque estiman a nivel municipal que afecta a cerca del 50 % de las parcelas, una problemática que genera problemas de convivencia, fomenta las plagas e incluso genera riesgos de incendio.

La norma también matiza que no se considerará abandono la situación de barbecho, la rotación ni la falta de cultivo motivada por restricciones en el suministro de agua.

Árboles muertos

Las alegaciones ecologistas también cuestionan el apartado referido a la existencia de arbolado muerto o enfermo susceptible de convertirse “en reservorio de plagas o vectores de enfermedades vegetales”. Exponen que la redacción en la ordenanza sobre esta cuestión es ambigua porque no define quién determina cuándo un árbol supone una amenaza fitosanitaria.

Según sostienen, esta falta de concreción puede empujar a muchos propietarios a eliminar troncos y árboles envejecidos que actualmente sirven de refugio para aves insectívoras que ayudan a controlar plagas.

Especies

El colectivo cita especies habituales en el Camp d’Elx como el cernícalo vulgar, la carraca, el mochuelo o la abubilla, aves que suelen anidar en cavidades de árboles viejos o palmeras secas y que ayudan a combatir insectos perjudiciales como el picudo rojo.

Más allá de la vegetación, AHSA también pone el foco en el creciente problema de los residuos plásticos agrícolas, por lo que reclaman que la ordenanza obligue expresamente a trasladar a vertederos autorizados todos los restos plásticos derivados de la actividad agraria.

Además, solicita sancionar el labrado de parcelas sin retirar previamente los acolchados plásticos utilizados en cultivos hortícolas como el brócoli, una práctica que, según denuncian, se ha extendido en los últimos años provocando degradación del suelo y pérdida de productividad agrícola. Sin embargo, la ordenanza sí contempla actualmente como infracción la acumulación de residuos o plásticos agrícolas en parcelas abandonadas.

Otro de los aspectos planteados por los ecologistas afecta directamente al ámbito territorial de aplicación de la ordenanza, por lo que piden excluir de forma expresa los enclaves naturales catalogados como zonas de especial protección en el PGOU, al entender que estos espacios deben contar con una regulación específica.

Conflictos

Paralelamente, Asaja también prepara alegaciones relacionadas con conflictos de lindes, regulación de caminos y mecanismos de mediación agraria para resolver conflictos vecinales relacionados con cerramientos, servidumbres o delimitaciones de parcelas después de que la asociación, pese a que se congratula de que la ciudad cuente con este instrumento, lamentase hace semanas que el documento no ha contado con consenso.

Ese documento regula aspectos como distancias de vallados, separación entre árboles y lindes, servidumbres de paso, balsas de riego o cerramientos tradicionales. Sin embargo, desde la entidad agraria quieren saber si esos criterios coinciden realmente con las demandas del sector.

Cuenta atrás

El periodo de exposición pública concluirá el próximo 20 de mayo después de que el documento se publicase el pasado 2 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Al hilo, el bipartito ha convocado para el 15 de mayo un Consejo Agrario Local, aprovechando que será San Isidro Labrador, donde se debatirán las alegaciones presentadas por entidades y colectivos.

"Se ha convocado más veces que nunca" apunta el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, quien asegura que el gobierno local analizará todas las propuestas “dentro de lo que permita la legislación vigente” y recordó que algunos aspectos de la ordenanza están condicionados por normativa autonómica y urbanística como la LOTUP o el propio Plan General de Ordenación Urbana.

28.000 hectáreas

La nueva normativa municipal nace con el objetivo de regular el uso y conservación del suelo rural que engloba más de 28.000 hectáreas y cerca de 20.000 parcelas sin una regulación específica hasta la fecha.

Se incorpora, por tanto, un régimen sancionador con multas que oscilan entre los 750 euros para infracciones leves y los 3.000 para las muy graves.

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