Los vecinos de Torrellano exigen al bipartito medidas más contundentes contra las campas del aeropuerto de Alicante-Elche

Los vecinos de Torrellano han elevado el tono contra el Gobierno municipal de PP y Vox por la proliferación de campas de vehículos en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche y exigen medidas más contundentes para frenar una situación que, a su juicio, lleva años transformando el suelo agrícola, alterando caminos rurales y generando problemas de movilidad, seguridad y convivencia. La Junta de Distrito de Torrellano fue el escenario de la petición de acciones inminentes y contundentes en la noche del martes. Así lo exponía a este periódico el presidente de la asociación Vial Aeropuerto Elche, Juan José Mateo Rocamora, que presentó su informe sobre la evolución de las campas desde hace más de 20 años. Mateo destacaba que los presentes "aprobaron por mayoría este documento para que ahora se lleve al pleno municipal”. Para la entidad vecinal, el acuerdo supone un avance relevante, pues el problema deja de quedar limitado al ámbito de las quejas vecinales y pasa a situarse en la agenda política municipal, con Compromís especialmente combativo en esta cuestión, y todo pese a que el equipo de gobierno ha anunciado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poner orden.

Análisis del impacto

El documento aprobado por la Junta de Distrito analiza el impacto de las campas vinculadas principalmente al negocio del rent a car en el entorno del aeropuerto. La asociación advierte de que estos aparcamientos se han implantado en la mayoría de los casos sobre suelo agrícola, cerca de viviendas y caminos rurales, sin una planificación específica que ordene su crecimiento ni limite sus efectos sobre el territorio.

Los vecinos llevan años denunciando que estas instalaciones han transformado progresivamente la fisonomía de Torrellano y El Altet. Donde antes había terrenos de cultivo, accesos agrícolas o parcelas con tráfico muy reducido, ahora se han consolidado grandes superficies de estacionamiento, con movimiento constante de coches de alquiler, furgonetas, camiones portavehículos, maquinaria pesada y lanzaderas.

Mateo interpreta el respaldo de la junta -una de las más activas de Elche, hasta el extremo de que parece que el martes había en torno a las 40 personas- como un primer resultado de esa presión vecinal. La asociación pretende que el pleno municipal debata el problema y que el Ayuntamiento aclare qué campas cuentan con autorización efectiva, cuáles se encuentran en una situación irregular, qué inspecciones se han realizado y qué medidas se van a adoptar para evitar nuevas implantaciones o ampliaciones. El representante vecinal insiste en que el conflicto afecta al modelo territorial de toda la zona este del Camp d’Elx.

Tensión por las licencias y el suelo agrícola

La sesión de la Junta de Distrito estuvo marcada por la intervención de la concejala responsable de Aperturas, Caridad Martínez, que acudió a la reunión para trasladar, según la versión vecinal, un mensaje de tranquilidad sobre la situación. De acuerdo con el relato de Mateo, la edil defendió que el Ayuntamiento estaba revisando el asunto y que algunas actividades podían contar con antecedentes administrativos o licencias antiguas. Esa afirmación provocó la reacción inmediata del presidente de la asociación, que pidió a la concejala que matizara sus palabras. Según su versión, el debate giró en torno a las claves urbanísticas 54 y 55 del Plan General de Elche, donde se encontrarían prácticamente todas las parcelas afectadas por campas.

El representante vecinal sostiene que esas claves corresponden a suelo no urbanizable de carácter agrícola o forestal, por lo que, según la interpretación que dice haber contrastado con abogados y técnicos, no sería posible otorgar licencias de actividad para aparcamientos de vehículos en esos terrenos sin una modificación previa del planeamiento. “Si usted me dice que en clave 54 y 55 hay licencias, matice sus palabras”, señaló Mateo que planteó durante la sesión.

Siempre según el relato vecinal, la intervención derivó en un cruce de reproches en el que también participaron representantes políticos presentes en la Junta. Mateo asegura que la concejala acabó precisando sus palabras y que no llegó a exhibir ninguna licencia de actividad durante el encuentro. “No había nada en concreto”, resume el presidente de Vial Aeropuerto Elche.

Uno de los puntos que más controversia generó fue la referencia a posibles autorizaciones anteriores a 2014. Según Mateo, en el Ayuntamiento podría estar planteando revisar las actividades a partir de esa fecha, pero los vecinos rechazan que las campas previas puedan quedar al margen si el uso es incompatible con la clasificación urbanística del suelo.

El presidente de la asociación sostiene que algunas actividades pudieron funcionar en su día con licencias provisionales concedidas en torno a 2003, pero advierte de que esas autorizaciones, en caso de existir, habrían tenido una duración limitada. “Eran licencias provisionales, para tres meses”, afirmó. “Si me dicen ahora que una licencia provisional de 2003 sigue valiendo en 2026, eso no se sostiene”, añadió. Mateo insiste en que la clave no está en el año de inicio de la actividad, sino en si el Plan General permitía o no ese uso.

Compromís habla de “incoherencias”

Mientras, tras la reunión, el representante de Compromís en la Junta de Distrito de Torrellano, Víctor Moreno, también mostró su rechazo al modo en el que está actuando el Ejecutivo local de PP y Vox en este tema, y las “incoherencias” en este sentido, sobre todo viendo la cronología de cómo se ha desarrollado todo en esta cuestión, como expuso durante su intervención durante el encuentro. No sólo porque en julio de 2024 el bipartito pareció dar por bueno el plan especial impulsado por el equipo de gobierno de izquierdas para regular las campas, sino por las respuestas que ofreció la edil Caridad Martínez tras las preguntas planteadas por la portavoz de Compromís, Esther Díez, en el sentido de que, a lo largo de 2024 y 2025 no se había tramitado ni una licencia de campas para aparcamientos de vehículos en el término municipal ilicitano y, por tanto, tampoco junto al aeropuerto de Alicante-Elche, y mucho menos inspecciones de este tipo de actividades durante esos dos mismos ejercicios, por lo que no se han abierto expedientes al respecto. Hasta el extremo de que Moreno hizo hincapié en que solo unos días después de esta contestación, firmada el 31 de marzo, parece que empezaron las inspecciones, y los vecinos pidieron el 14 de abril introducir el tema de las campas en la junta, y el 21 de abril se firmó la moción que pasó por la junta de gobierno de la semana pasada.

La moción

La moción señala que de lo que se trata es de “encomendar a los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales de Urbanismo la redacción y tramitación del instrumento urbanístico de ordenación de actividades complementarias al aeropuerto, cuyo objeto sea el estudio, delimitación y regulación de las actividades de aparcamiento y alquiler de vehículos en el entorno aeroportuario, estableciendo criterios de localización, capacidad, accesibilidad, integración paisajística y sostenibilidad ambiental”. Asimismo, en el texto, se habla de “reforzar, a través de los servicios municipales competentes, la labor de inspección y control urbanístico, con el objetivo de garantizar que no se implanten nuevas actividades ni se amplíen las existentes de forma irregular hasta la aprobación del nuevo marco regulador, adoptando, en su caso, las medidas cautelares y sancionadoras que procedan para evitar la continuidad del crecimiento desordenado y mitigar su impacto sobre el territorio". Sobre todo porque, se especifica, "se constata una evidente disfunción entre las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 y la realidad socioeconómica del entorno aeroportuario".

El Gobierno dice que ya actúa

Frente a estas críticas, fuentes del Gobierno municipal sostienen que el Ayuntamiento de Elche ha iniciado el procedimiento para una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que consideran el instrumento necesario para proteger y ordenar la zona, dar seguridad a los vecinos y establecer límites claros a las campas de vehículos.

Desde el Ejecutivo local subrayan que se trata de un problema que se arrastra desde hace décadas y reprochan a anteriores gobiernos municipales no haber abordado esta situación pese a su impacto en núcleos como Torrellano y El Altet. El actual equipo de gobierno, añaden, quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos: la zona se va a ordenar.

Las mismas fuentes aseguran que ya se han puesto en marcha inspecciones, que se están intensificando los controles y que se refuerzan las medidas de seguridad para dar respuesta a una problemática que califican de histórica. Con esta actuación, el Ayuntamiento defiende que avanza en la regulación de estos espacios y en la mejora de la calidad de vida de los residentes de estos núcleos rurales.

El choque, sin embargo, sigue abierto. Los vecinos quieren garantías de que la futura ordenación no servirá para consolidar de forma automática actividades implantadas durante años sin control suficiente. El Gobierno, por su parte, afirma que la modificación del PGOU de Elche permitirá poner orden y fijar límites claros. Y Compromís cuestiona la cronología y la falta de inspecciones previas.

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