Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después

Llevan ya casi tres décadas de lucha. Sin embargo, aún hoy no acaban de ver la luz al final del túnel. O al menos esa es la sensación que tienen los en torno a 800 afectados con propiedades en primera línea de playa en Arenales del Sol, en Elche. Los inmuebles se construyeron en los años setenta del siglo pasado, cuando, por tanto, aún estaba en vigor la ley de 1969. Sin embargo, en 1988 se aprobó una nueva legislación que, tras el deslinde que se autorizó en 1997, hizo que esas construcciones quedaran incorporadas al dominio público marítimo-terrestre. Comenzó una lucha que sigue abierta desde entonces. Entre otras cosas, porque tres décadas después, la gran mayoría de afectados no ha recibido ni siquiera la propuesta de concesión. De ahí que hayan comenzado a reactivarse para conseguir los títulos, solo a unos meses que tengan que solicitar la primera prórroga del derecho de uso.

“Reivindicaciones justas”

El presidente de la Asociación de Afectados de Primera Línea de Arenales del Sol, el abogado Carlos Llorens, pone el foco en que “las reivindicaciones de los propietarios son justas, porque son propiedades legales que se levantaron en suelo privado y conforme a la ley en 1976, aunque luego se aprobó una ley en 1988 y no fue hasta 1997 cuando se dijo que afectaría a Arenales”. De este modo, lo que establecía la normativa era que, en lugar de expropiar a estos residentes, se les daría una concesión, esto es, un derecho de uso por 30 años que se podrían prorrogar por 30 años más, a los que el colectivo considera que se podrían añadir otros 75 años por la ley de 2013, apostilla Llorens. No obstante, para optar a la prórroga de 30 años habría que pedirla con seis meses de antelación. Un plazo que, como explica el presidente de la organización que agrupa a los afectados, comenzaría a contar a finales de año.

Sin título

El problema es que entre 2018 y 2020 algunos vecinos comenzaron a recibir la propuesta de concesión, aunque Llorens deja claro que ese documento no implica que renuncien a su derecho de propiedad, pero a mayo de 2026 sólo la tienen entre un 10 % y un 15 %. Y peor aún: la concesión como tal solo ha llegado a un 3 % como mucho, según los datos que maneja la asociación. Un título que entienden que es lo que les permitiría renovar la concesión, y, de paso, poner fin en parte a la inseguridad jurídica que les ha acompañado desde el principio.

Hipotecas

Es más, esos documentos que atestiguan que tienen las concesiones son los que permitirían, por ejemplo, acceder a una hipoteca para comprar uno de los pisos en primera línea, porque ahora se pueden transmitir inter vivos, pero no se pueden registrar. “Estamos en un limbo jurídico desde 1997, hace ya 30 años, y no nos lo merecemos, más cuando los edificios se construyeron sobre suelo privado y respetando lo que marcaba la ley en ese momento”, explica y añade que “hay mucha vigilancia sobre lo que hacen los propietarios sobre los edificios, a poco que se levanta una valla ya están aquí desde Costas, pero no llegan las concesiones, que es lo que permitiría tener esa seguridad jurídica que siempre hemos pedido”, subraya Carlos Llorens, que insiste en que no renuncian a la propiedad, y que seguirán con la batalla hasta el final.

Apoyo político

Para ello, han decidido reactivar la asociación, y quieren buscar el apoyo de los cuatro partidos con representación en el Ayuntamiento de Elche, PP, Vox, PSOE y Compromís, para ir de la mano en su reivindicación, y hacer una especie de frente común al que confían que se sumen otros colectivos y plataformas ilicitanas. En paralelo, ya se han puesto en manos de un departamento jurídico para analizar qué pasos deben dar con carácter inminente. El objetivo es conseguir las concesiones que avalan su derecho de uso, aunque también quieren aprovechar para reivindicar la regeneración de la playa. “En 50 años no se ha hecho ninguna aportación de arena, y creemos que es fundamental”, destaca Carlos Llorens.

Desde 2018

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, a finales de 2018, y después de que los vecinos amenazaran con ir a los tribunales, comenzó a requerir por carta a los afectados información para darles lo que pedían: el documento legal que acreditara la concesión. De hecho, en ese momento, según los residentes, lo que alegó Costas para justificar el retraso es que no disponían de medios suficientes para atender todas las solicitudes. El problema es que ocho años después de esas primeras cartas la situación sigue siendo la misma para la gran mayoría de afectados por el deslinde en Arenales del Sol.

Los tiempos

La Ley de Costas que se aprobó en 2013 vino seguida de un reglamento que vio la luz al año siguiente y que amplió el plazo de la concesión: si con la de 1988 eran 60 años desde el deslinde, con el reglamento de 2014, en casos como el de Arenales, se permitían 75 años más. Sin embargo, otro reglamento de 2022 volvió a ser de nuevo más restrictivo y estableció que ninguna concesión podría superar los 75 años. No obstante, a principios de 2024, el Tribunal Supremo declaró nulo el real decreto aprobado en agosto de 2022, por el que se modificaba el Reglamento General de Costas de 2014. Con ello, los afectados de Arenales del Sol en Elche tendrían por delante casi 106 años de concesión hoy por hoy.

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