Ecologistas alertan de incumplimientos con la recogida de biorresiduos en Elche

El colectivo ecologista Margalló–Ecologistes en Acció (EeA) intensificó este lunes su ofensiva contra la gestión municipal de residuos en Elche, denunciando que se vienen produciendo años de opacidad administrativa, incumplimientos legales y falta de planificación en un servicio que supera los 28 millones de euros anuales. A través de varias solicitudes formales registradas en julio de 2025 y la última en marzo de 2026, la entidad reclama acceso a información clave que, según subraya, debería ser pública y accesible conforme a la legislación vigente.

La organización sitúa el foco en la falta de alineación de la ciudad con el marco legal estatal y autonómico en materia de residuos y economía circular. Las advertencias de Margalló encuentran respaldo en los documentos remitidos por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, y que traslada el colectivo, que refuerzan parte de estas denuncias y evidencian que el incumplimiento podría acarrear consecuencias económicas y sancionadoras para el consistorio.

En uno de los escritos oficiales, se recuerda al Ayuntamiento la obligación de implantar la recogida separada de biorresiduos, un requisito legal que debía cumplirse antes del 30 de junio de 2022.

Según consta en el documento, “no se tiene constancia de la implantación efectiva de la recogida selectiva de la fracción orgánica en su municipio”, con lo que el Consell insta a adoptar medidas urgentes para cumplir con la normativa. La falta de esta recogida no solo supone un incumplimiento legal, sino que limita la capacidad de reciclaje y aumenta el volumen de residuos destinados a vertedero.

Infracciones

Además, el mismo informe advierte de que este incumplimiento podría ser considerado una infracción grave, y que acarrearía sanciones económicas que podrían oscilar entre los 20.000 y los 100.000 euros en caso de incumplimiento de la normativa.

En otro escrito, la Generalitat recuerda que las entidades locales debían aprobar antes de abril de 2025 una tasa que reflejara el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos, conforme a la Ley 7/2022. También se señala que el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la pérdida de subvenciones públicas en materia de residuos, lo que afectaría directamente a la capacidad del municipio para financiar mejoras en el sistema de gestión de residuos.

Silencio administrativo

Entre las principales exigencias de Margalló destaca el acceso al Plan Local de Gestión de Residuos, obligatorio para municipios de más de 50.000 habitantes según el Decreto 55/2019 y la Ley 7/2022. Este documento, esencial para planificar la recogida, tratamiento y reducción de residuos, no ha sido facilitado pese a las reiteradas solicitudes.

También reclaman la actualización de la Ordenanza Municipal de Limpieza, vigente desde 2003 y modificada en 2007, que consideran completamente desfasada respecto a las exigencias normativas actuales. A ello se suma la falta de información pública sobre la calidad del aire en el entorno de la planta de Els Cremats, donde vecinos denuncian desde hace años molestias por olores.

“El silencio del Ayuntamiento no solo vulnera el derecho de acceso a la información pública, sino que impide la participación ciudadana en un asunto que afecta directamente a la salud y al medio ambiente”, sostienen desde el colectivo.

Dinero público

Margalló pone también el acento en el destino de los fondos públicos. En concreto, exige conocer cuánto dinero se ha destinado entre 2020 y 2025 al soterramiento de residuos en el Consorcio de la planta en la sierra de Els Cremats, en lugar de apostar por su reciclaje o valorización.

Asimismo, cuestiona el grado de cumplimiento del contrato firmado en diciembre de 2020 con las empresas concesionarias, Urbaser y FCC Medio Ambiente, especialmente en lo relativo a las inversiones en sensibilización y educación ambiental.

Las dudas del colectivo se producen en un contexto en el que, según la normativa estatal, los municipios deben priorizar la prevención, reutilización y reciclaje frente al vertido. Sin embargo, lamentan que los datos solicitados no han sido proporcionados, lo que impide evaluar si Elche está cumpliendo con estos objetivos.

“Tasazo”

Otro de los puntos críticos señalados por el colectivo es la aplicación de la tasa de residuos, que vienen a llamar “tasazo”, diseñada para incentivar la separación en origen. Margalló denuncia que su implementación en Elche ha generado confusión y presenta problemas de equidad.

Según su análisis, el impacto de la tasa es prácticamente irrelevante para rentas altas o grandes negocios, mientras que supone una carga significativa para hogares vulnerables y pequeños empresarios. “Sin una mejora real en la gestión en origen, la tasa se convierte en un instrumento recaudatorio que no cumple su función ambiental”, advierten.

Sanciones

“Elche tiene el tamaño y la capacidad para liderar la transición ecológica en la Comunitat Valenciana, pero falta voluntad política”, sostienen desde la organización. El colectivo insiste en que sus demandas no son excepcionales, sino derechos reconocidos por la ley: acceso a la información, transparencia y participación ciudadana.

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