El barrio de San Antón en Elche gana luz tras los derribos mientras la demolición del bloque 8 sigue sin fecha

El paisaje urbano del barrio de San Antón de Elche sigue transformándose, aunque a paso lento, meses después del inicio de los derribos que marcaron un punto de inflexión en la regeneración de la zona. Estos últimos días, y después de que los solares hayan quedado despejados tras derruir los antiguos bloques 11 y 14, el Ayuntamiento ha vallado perimetralmente la zona y ha instalado iluminación, unas actuaciones que contemplaba el propio proyecto de demolición para evitar riesgos y recuperar condiciones mínimas de seguridad y accesibilidad tras la imagen desangelada en este tramo de ahora a esta parte.

Así las cosas, además de instalarse estos días unas farolas de gran porte, también se van a reparar aceras en el caso de que la maquinaria haya causado daños. Y es que hay que tener en cuenta que se ha modificado la fisonomía de la zona norte, y donde antes había fachadas, patios interiores y estrechos pasos entre edificios ahora quedan explanadas abiertas que, durante las noches, habían provocado sensación de inseguridad.

Evitar la oscuridad

Precisamente esa era una de las principales reclamaciones vecinales en las últimas semanas. Desde la asociación San Antón Quiere Vivir recuerdan que reclamaron hace meses medidas para evitar que la zona quedara completamente a oscuras, teniendo en cuenta que a escasos metros se encuentra el centro social y cuando los vecinos salían por las tardes, cuando anochecía antes, se encontraban con un ambiente lúgubre junto a la carretera.

Hay que recordar que estos últimos trabajos, que a nivel global suponen una inversión de más de 700.000 euros para acabar con cuatro bloques, llegaron después de una compleja tramitación administrativa y técnica, además de la retirada de amianto. Las actuaciones en estos primeros se desarrollaron con cierta cautela por la cercanía de otros edificios habitados y la posibilidad de encontrar elementos subterráneos no documentados.

De igual forma, todavía sigue pendiente el derribo de otros dos (12 y 13) al seguir inmersos en procesos judiciales por ocupaciones ilegales. En febrero, cuando se inició la última demolición, el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, apuntaba a que los expedientes estaban muy avanzados.

Si bien, desde el Ejecutivo local insisten en que sigue terminándose la tramitación para poder acometer el derribo pendiente con el que liberar suelo para levantar futuras promociones residenciales según el plan de regeneración urbana del barrio.

Un año del desalojo

También sigue en el aire cuándo se derribará el bloque 8. Más de un año después del desalojo forzoso de más de 60 familias por riesgo de colapso, el edificio situado en la calle Palombar, entre los números 1, 3, 5 y 7, continúa cerrado y sin una fecha clara para tirarlo abajo después de que las inspecciones técnicas detectaran graves problemas estructurales.

La asociación vecinal traslada a este diario que han solicitado recientemente una reunión con el equipo de gobierno para conocer en qué situación se encuentra el procedimiento, ya que desde abril de 2025 las viviendas permanecen vacías y algunas llegaron incluso a ser saqueadas porque la mayoría de propietarios e inquilinos tuvieron que dejar pertenencias en el interior porque ni ellos ni los bomberos entrando con un camión grúa pudieron retirarlas completamente tras el desalojo.

Eso sí, el pliego técnico de la redacción de la demolición contempla una fase previa de un mes para facilitar el acceso al inmueble y la recuperación de objetos personales y enseres que aún permanecen en las viviendas.

Sin calendario

Aunque la pretensión del bipartito de PP y Vox es que el derribo se produzca a lo largo de 2026, con la vista en verano, como apuntaron hace unos meses, no hay un calendario claro porque todavía no está ni adjudicada la redacción del proyecto de demolición que se encargó desde el consejo de Pimesa.

Este expediente salió a licitación el pasado 5 de marzo por algo más de 34.300 euros (sin IVA), que incluye también el estudio de seguridad y salud, así como coordinar posteriormente las obras, que durarían alrededor de cinco meses como máximo.

Si bien, el último trámite que se publicó en el perfil del contratante fue una notificación avisando que se cancelaba la apertura del Archivo Electrónico Único, prevista para el pasado 30 de marzo, sin que se haya comunicado una nueva fecha en la plataforma del sector público, con lo que el procedimiento estaría estancado.

Enseres

Hay que matizar que este contrato no equivale al derribo material del edificio, si no que se trata de un contrato “complementario” al futuro contrato principal de ejecución de las obras de demolición, que irán aparejadas a la construcción del futuro bloque de las 45 viviendas protegidas, un local comercial y dos plantas de sótano con plazas de garaje.

Y es en este punto en el que se evidencia que la situación de este conjunto de viviendas responde a una tramitación diferente a la seguida con los últimos bloques extintos. En este caso, la actuación está vinculada al proyecto específico de regeneración urbana valorado en 5,8 millones y financiado conjuntamente por Generalitat, Ayuntamiento y particulares.

El pasado noviembre la junta de gobierno confirmaba la aprobación del convenio con la Generalitat por el que el Consell compromete 2,5 millones en un plan plurianual para la reconstrucción. Un poco antes se estimaba un plazo de 16 a 18 meses para que el nuevo inmueble viese la luz, que se terminói elevando a los dos años.

Reparto

La Administración autonómica sería la principal inversora aportando un 43%, seguido de los propietarios que tendrían que abonar un 33,4%, lo que sería algo más de 1,9 millones, mientras que el Ayuntamiento asumirá el 23,5% restante, elevando la aportación a 1,3 millones de euros. El Gobierno central no participaría, lo que desde el Ejecutivo local ha sido visto todo este tiempo como un "abandono" al barrio ilicitano por parte de la Administración central.

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