Compromis eleva la presión en Elche contra colegios concertados que segregan por sexos

Compromís tomará acciones legales contra la financiación autonómica de centros concertados que segregan por sexos. La coalición señaló este miércoles que el Consell va a destinar más de 22 millones de euros públicos a los colegios Aitana de Elche y Altozano de Alicante, una inyección que según la coalición atenta contra la legislación educativa actual por separar a niños y niñas.

El portavoz de Educación de Compromís en las Cortes, Gerard Fullana, acusó al Ejecutivo autonómico de haber creado una “trama de financiación ilegal” mientras el profesorado mantiene movilizaciones en defensa de la escuela pública. Según los datos recopilados por la formación a través de la Conselleria de Educación, el colegio Aitana mantiene segregados por sexo a 578 de sus 623 alumnos, el 92,78 % del total. Hace días, y preguntado por la cuestión, el alcalde, Pablo Ruz, negó tajantemente que este centro en el que ha ejercido de docente siga segregando por sexos, declaraciones que hizo el pasado lunes, una hora antes de que se celebrase la manifestación del profesorado durante la primera jornada de huelga indefinida.

Explicaciones

Precisamente durante este 13 de mayo la portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez, puso el foco sobre el primer edil y le reclamó que aclare públicamente si respalda la financiación de centros que segregan por sexo con la actual ley educativa, además de acusarle de priorizar “criterios religiosos” frente a su responsabilidad institucional, exigiéndole al respecto una defensa más firme de la enseñanza pública.

La coalición manifiesta que en el caso del colegio Altozano de Alicante, la cifra asciende a 558 estudiantes de un total de 761, es decir, el 73,32 %. De igual modo, indican que en ambos centros la separación de los menores se produce de forma íntegra a partir de segundo de Primaria. En global, Compromís apuntó a que la renovación de los conciertos educativos aprobada por el Consell supondrá una financiación pública de 12,3 millones de euros para Altozano y de otros 10 millones para el centro ilicitano durante los próximos seis años.

Responsabilidades judiciales

La coalición valencianista insiste en que tanto la LOMLOE como la normativa autonómica prohíben financiar con dinero público a centros que separan al alumnado por sexo. En este sentido, Fullana se escudó también en que la situación actual “no es comparable” a las renovaciones realizadas durante el Gobierno del Botànic, ya que entonces la legislación estatal vigente obligaba a mantener esos conciertos.

Compromís también reveló que hace una semana remitió un requerimiento prejudicial a la actual consellera de Educación, Carmen Ortí, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. La formación consideraba especialmente grave que Ortí supervisara el procedimiento administrativo de renovación de estos conciertos sin activar mecanismos de control ante posibles incumplimientos legales en su etapa como subdirectora de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados entre el 1 de junio de 2024 y el 18 de mayo de 2025. La resolución provisional de qué centros se concertaban se emitió el 30 de abril de 2025, y fruto de esta resolución se dio luz verde a la resolución definitiva. Por ello no entienden por qué el Consell no se acogió en su momento al artículo 61.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, que establece literalmente que “en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto, se constituirá una Comisión de conciliación que podrá acordar, por unanimidad, la adopción de las medidas necesarias, dentro del marco legal, para corregir la infracción cometida por el centro concertado”.

Informes desfavorables

Además, Compromís asegura haber accedido a informes desfavorables de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa sobre varios centros que segregan por sexo, entre ellos el colegio Altozano de Alicante, donde, solo según la formación, se advertía de que no cumplían los requisitos exigidos en relación con experiencias de interés pedagógico.

La coalición aprovechó para acusar al exconseller de Educación José Antonio Rovira de mentir en sede parlamentaria al afirmar en septiembre de 2025 que ningún centro concertado segregaba alumnado por sexo, por lo que alertan de que tanto el anterior máximo representante autonómico en el ámbito educativo como la actual consellera podrían acabar respondiendo “en los tribunales” si no asumen responsabilidades políticas.

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