Un centro integrado de FP en Elche apuntalado seis años y con una torre protegida con redes

Lo tenía todo para ser una joya en pleno Palmeral de Elche, y precisamente el hecho de ubicarse bajo el embrujo de un huerto histórico ha sido parte de su condena. El Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) La Torreta arrastra seis años con pilares apuntalados, cornisas con riesgo de caída y escaleras deterioradas que, desde primera hora de la mañana y hasta por la noche, soportan el paso de 1.700 alumnos de un centro que nació en 1978 como instituto con 600 plazas.

Por no hablar de que el complejo educativo lleva también años con la Torre de Ressemblanch entre redes en busca de una restauración que proteja el Bien de Interés Cultural del siglo XV que el bipartito de PP y Vox quiere impulsar a nivel turístico. Ahora bien, sigue sin materializarse el proyecto de recuperación ni todavía está claro cómo podrá abrir abrir al visitante, teniendo en cuenta que todo el espacio interior del edificio defensivo funciona como centro neurálgico de la administración del centro de FP y no hay visos de desplazar estas oficinas a otro punto por falta de espacios.

Accesibilidad

Cuando le preguntan al profesorado del centro ilicitano por qué es necesaria la huelga indefinida, que encara ya su segunda semana contra la Conselleria de Educación, sólo hacen el gesto de mirar a cualquier rincón frente a ellos donde el desgaste acumulado es más que evidente. Eso sí, el deterioro va mucho más alla de lo estético ya que además de pabellones deteriorados se han cronificado talleres obsoletos, problemas eléctricos y barreras de accesibilidad que impiden, incluso, que determinados alumnos puedan cursar estudios en igualdad de condiciones.

Eso sí, la imagen más simbólica del deterioro son los apuntalamientos que sostienen parte de los edificios. En los pabellones 0, 1, 2 y 3 todavía permanecen las piquetas colocadas para reforzar pilares y voladizos afectados por problemas estructurales detectados hace ya más de un lustro. La dirección del centro asegura que los expedientes fueron remitidos hace dos años a la unidad técnica de Alicante, dependiente de la Conselleria de Educación, pero las actuaciones siguen paralizadas.

Mallas

Hace un año la Generalitat instó al propio instituto a colocar mallas de protección para evitar riesgos por posibles desprendimientos en cornisas y zonas dañadas. También se revisaron los apuntalamientos para garantizar la seguridad del alumnado. Sin embargo, la intervención integral prevista, que corre a cuenta del Consell, volvió a quedar bloqueada por la falta de autorizaciones urbanísticas derivadas de la protección del Palmeral, ya que el centro se encuentra dentro de un huerto declarado Patrimonio de la Humanidad.

La singularidad del enclave se ha convertido en una dificultad añadida para cualquier reforma. Desde la dirección han explicado todo este tiempo que cualquier actuación debe pasar por numerosos trámites administrativos y permisos específicos. La consecuencia es que, pese a que el centro arrastra graves deficiencias desde hace años, apenas se han ejecutado mejoras. “Aquí lo último importante que se hizo fue antes de la pandemia, cuando retiraron el fibrocemento del pabellón cuatro”, lamenta el director, José Andrés Gutiérrez, señalando que el pabellón cinco aún mantiene este material cancerígeno en las cubiertas.

Normativa

Lo que se ve a las claras es que, pese a ser un centro referente a nivel provincial, el incremento progresivo de alumnado y de actividad, con 62 unidades y 28 ciclos formativos, ha terminado desbordando unos espacios concebidos hace casi medio siglo para una realidad completamente distinta. Desde la dirección alertan también de que los talleres no cumplen las exigencias de la nueva normativa de Formación Profesional, que requiere superficies mayores y nuevas condiciones técnicas. Tampoco existen condiciones adecuadas de accesibilidad ya que hay formaciones en plantas superiores sin medidas adaptadas, de modo que un alumno en silla de ruedas no podría cursar determinadas enseñanzas. Las rampas del salón de actos, como ejemplo, tampoco cumplen criterios adecuados.

Por otro lado, la posibilidad de ampliar instalaciones parece, de momento, inviable. La dirección ha solicitado aulas prefabricadas para aliviar la saturación, pero la protección del huerto impide nuevas construcciones. Incluso se ha planteado reducir el tamaño de la sala de profesores para habilitar nuevos espacios docentes, aunque el centro considera que tampoco solucionaría el problema. “No cabemos. Hay 150 profesores en un edificio pensado para muchos menos”, resumen desde La Torreta.

Transformador

A estas deficiencias se suma la falta de climatización, calderas fuera de servicio desde hace años y el mal estado del transformador eléctrico que amenaza el suministro del centro. Las revisiones técnicas detectaron importantes anomalías en una instalación con décadas de antigüedad y llevan un año detrás de un arreglo que superaría los 35.000 euros, cantidad que excede las competencias económicas del propio centro y que debe asumir la conselleria.

Jardines

Las dificultades de mantenimiento alcanzan también a zonas exteriores como jardines y huertos. Apuntan a que el coste de conservación de palmeras, sistemas de riego y espacios verdes resulta inasumible con el presupuesto ordinario del centro, con lo que parte de esos trabajos terminan realizándolos los propios alumnos de jardinería como prácticas formativas. Además, la poda de las palmeras corre a cuenta del centro, aseguran desde la dirección.

En el plano académico, desde La Torreta cuestionan el modelo establecido para dar de baja algunos ciclos tomando sólo como referencia la baja matrícula y no que exista una elevada inserción laboral. Ponen como ejemplo el ciclo de Paisajismo, cuya continuidad estuvo en duda hasta que el centro logró justificar su alta demanda empresarial.

Apoyo especial

En otro orden de cosas, el centro cifra en unos 80 los estudiantes que requieren apoyos especiales y únicamente existe una profesora de pedagogía terapéutica, lo que entienden que es insuficiente para atender a personas con discapacidad, salud mental o dificultades de aprendizaje. A ello se añade una creciente carga burocrática que les consume parte del tiempo docente entre actas, informes, programaciones y planes individualizados. Cargan también contra la Conselleria de Educación por exigirles más competencias digitales sin disponer de equipos.

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