Más de 3.000 alumnos pendientes de examinarse del carnet de conducir en Elche con listas de tres meses de espera

Una situación cronificada y que, pese a las protestas, va a peor. La falta de examinadores de tráfico mantiene al borde del colapso a las autoescuelas de Elche. Solo en la ciudad más de 3.300 aspirantes permanecen pendientes de realizar el examen práctico del carnet de conducir en la jefatura ilicitana, según datos de este miércoles, y las esperas ya superan ampliamente los tres meses, alcanzando en algunos casos hasta cinco.

Los datos locales representan el 18 % provincial, ya que a lo largo de las diferentes comarcas hay un total de 18.294 usuarios aguardando en bolsa en comparación a las 15.000 que había por estas fechas en 2025. Con lo cual, lo que hace apenas un año desembocó en una de las mayores movilizaciones del sector en la provincia de Alicante sigue sin solución y, lejos de mejorar, las previsiones para 2026 apuntan a un agravamiento del problema, de ahí que las asociaciones planteen próximas reuniones para unificar demandas.

En medio de este atasco, que es generalizado en el país y con territorios incluso peor como Cataluña, en la ciudad esta tensión se respira porque el número de examinadores no logra cubrir la demanda de una población en crecimiento y con miles de jóvenes que necesitan el permiso de conducir para trabajar, estudiar o desplazarse.

Desde la Asociación Local de Autoescuelas de Elche alertan de que el sistema se encuentra tensionado. “No hemos evolucionado nada”, lamenta Vidal Ocaña, presidente de la entidad. La principal reclamación gira en torno al déficit de profesionales de la Dirección General de Tráfico (DGT) que repercute en los días de examen y en los candidatos que cada autoescuela puede llevar.

Itinerante

Actualmente Alicante cuenta con una plantilla itinerante que se reparte entre la capital de provincia, Elche, Orihuela, Alcoy y Dénia. Sobre el papel existen alrededor de una treintena de efectivos, aunque no todos realizan exámenes prácticos de coche diariamente porque hay quienes se dedican a pruebas teóricas o a los exámenes de moto en circuito cerrado.

Ahora bien, las previsiones no son alentadoras, ya que desde la entidad calculan que de cara al próximo año al menos habrá dos jubilaciones y tres interinos podrían finalizar su etapa, mientras no hay certezas de que se compensen esas plazas porque sigue sin asegurarse que con las convocatorias de puestos (la última iniciada en diciembre y que sigue en proceso) se destinen funcionarios a la provincia en vista de la necesidad que hay también en otras regiones.

Propuestas

De ahí que el sector tilde ya el problema de "estructural" y ponga el foco en esa falta de medios humanos como un bloqueo a la actividad económica. "Con apenas cuatro o cinco examinadores adicionales se podrían realizar unos 70 exámenes más por semana y rebajar en pocos días cerca de 300 expedientes pendientes", insiste Ocaña.

"A medio gas"

Mientras tanto, las consecuencias recaen sobre alumnos y empresas. Las autoescuelas reconocen que trabajan “a medio gas” porque no pueden asumir todo el volumen de prácticas que demandaría el mercado. En algunos casos incluso han tenido que retrasar el inicio de las clases prácticas para evitar que los alumnos acumulen demasiadas sesiones antes de tener fecha de examen.

Desde Zen, autoescuela del barrio de Carrús, cuentan que tienen una espera media que oscila entre los cuatro y cinco meses, y que unos 40 alumnos están pendientes de examen práctico. “Nos dijeron que habría cuatro exámenes al mes, pero solo se cumplió un mes", advierten.

A este escenario se suma el descontento con el sistema CAPA (Capacidad para las Pruebas de Aptitud), implantado hace ahora un lustro por la DGT para regular el número de alumnos que cada autoescuela puede presentar. Aunque nació con la intención de repartir de forma equitativa las plazas disponibles, gran parte del sector considera que ha terminado empeorando las listas de espera y que solo ha sido un "parche". Incluso hay quienes reprochan que esta aplicación informática "nos castiga si el alumno suspende", apuntan desde la autoescuela Guilabert en Poeta Miguel Hernández.

"Diez llamadas al día"

Desde esta empresa familiar aseguran que podrían trabajar el doble ampliando plantillas, incorporando más vehículos y aumentando la actividad si existiera capacidad real para examinar alumnos. Si bien, la rutina es bien distinta ya que llegan a recibir mínimo diez llamadas diarias de jóvenes preguntando cuál es la espera media.

Los profesionales cargan con el modelo diseñado por el Ministerio del Interior cuestionando que no se apliquen límites para presentar a alumnos a la primera fase, la teórica, que es cuando el índice de aprobados a la primera es superior (51,2%), y después se acote tanto el volumen de las autoescuelas para el práctico en vista de que el porcentaje de éxito cae al 50 %, lo que denota que haya más usuarios que tengan que repetir la prueba. Hay incluso autoescuelas que, en vista del colapso continuado, y la falta de refuerzos, han llegado a plantear que se externalicen estas pruebas como ocurre con otros servicios como las ITV.

Cuello de botella

Con este cuello de botella lo que ocurre, exponen, es que se da el caso de muchos alumnos que se sacan el teórico y permanecen tantos meses a la espera que hay incluso casos de alumnos que se fueron a estudiar y vuelven agobiados porque están a punto de que se les caduque el teórico, que tiene validez de dos años en ese maremágnum administrativo y de retrasos, explican desde la asociación. Es más, son muy claros cuando manifiestan que el carnet no responde a un "capricho juvenil" sino a una necesidad real de movilidad y acceso al empleo. “No es lógico que se pongan restricciones a un derecho por el que estás pagando unas tasas”, denuncian.

Jornadas extra

Hasta la fecha la única medida extraordinaria que se baraja es la implementación de jornadas extraordinarias de exámenes los sábados, que solo en contadas ocasiones se han aplicado y que alivian parcialmente el atasco. Eso sí, los examinadores se tienen que presentar de forma voluntaria y, según trasladan desde la asociación, muchos funcionarios rechazan participar porque las condiciones económicas no compensan los desplazamientos entre distintos puntos de examen.

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