El Centro del Envejecimiento paga a Pimesa los casi 58.000 euros que adeudaba por el alquiler de su sede en Elche desde hace año y medio
La fundación, que comunicó a la sociedad pública que estaba en proceso de disolución y extinción, asegura ahora que continuará con su actividad

Edificio en el que se ubica ICAR en Elche Parque Empresarial. / Héctor Fuentes
La empresa municipal Pimesa activó hace un par de meses la maquinaria para denunciar a la fundación del Centro Internacional para la Investigación del Envejecimiento (Fundación ICAR, por sus siglas en inglés) por una deuda de más de 50.000 euros por el alquiler de su sede en Elche Campus Tecnológico, en el parque empresarial de Torrellano, después de casi año y medio reclamando lo adeudado. El paso se producía en un contexto, además, en el que la institución incluso había comunicado a la sociedad pública que estaba en trámites de disolución y extinción. La situación era tal que la web https://icarfundacion.com en ese momento estaba caída desde hacía unos días, situación en la que, en cualquier caso, se encontraba este lunes por la tarde. Sin embargo, parece que las cosas han dado un giro en las últimas semanas. Hasta el extremo de que la fundación se ha puesto al día con la deuda, se compromete a continuar pagando el alquiler y, al menos de momento, descarta la disolución de la fundación, según la información ofrecida en el último consejo de Pimesa.

El edificio donde estaba la sede del Centro del Envejecimiento, en Elche Parque Empresarial. / Áxel Álvarez
Orígenes en 2021
El Centro del Envejecimiento nació en noviembre de 2021 como una fundación privada por iniciativa de un grupo de 23 empresarios y corporaciones de la provincia de Alicante, con el apoyo de la Generalitat Valenciana y de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), y sede en Elche, dentro de la política de descentralización que trató de impulsar el entonces jefe del Consell, el socialista Ximo Puig. El objetivo era contribuir al impulso, promoción, estudio y desarrollo de la investigación científicamente excelente sobre el envejecimiento desde una perspectiva multidisciplinar, con la aspiración de tener un impacto social y económico positivo en la sociedad, principalmente en el colectivo de más edad. La situación era tal que hasta se formó un comité científico con investigadores de primer nivel, presidido por María Blasco, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) hasta que fue destituida a principios de 2025 tras las denuncias de los trabajadores por mala gestión y acoso laboral.

Inauguración de las nuevas oficinas de ICAR. / Áxel Álvarez
En las instalaciones, desde mayo de 2023
No obstante hubo que esperar un año y medio para que la fundación se asentara en su actual sede. En concreto, el 23 de mayo de 2023, justo cinco días antes de las elecciones municipales que acabarían apeando del Ejecutivo local a la izquierda. Fue ese día cuando Pimesa y la Fundación ICAR firmaron el contrato de arrendamiento de la que sería su sede en Elche Campus Tecnológico. El problema es que a finales del año siguiente, en diciembre de 2024, parece que las cosas se torcieron, como quedó evidenciado en un escrito presentado por la fundación por registro en Pimesa en el que comunicaba que no le quedaba otra que suspender temporalmente su actividad hasta ver con qué recursos, tanto públicos como privados, podían contar. Hablaban de la “incertidumbre” respecto a las subvenciones nominativas que podía inyectar el Consell, justo en el año de la terrible dana que azotó la provincia de Valencia. Así las cosas, la fundación pedía a la empresa pública una carencia de las obligaciones devengadas del contrato de arrendamiento, con efectos desde diciembre de 2024, por seis meses prorrogables por periodos de esa misma duración.

La consellera Josefina Bueno, el alcalde de Elche, Carlos González, y el secretario del Patronato de ICAR, Antonio Gonzálvez, en las oficinas recién estrenadas en el Campus Tecnológico, el día de la inauguración / Áxel Álvarez
Petición rechazada
Pimesa, sin embargo, rechazó la petición, porque no estaba contemplada en el pliego de condiciones de comercialización. Empezó así un toma y daca de escritos y respuestas, mientras la deuda por el alquiler de las instalaciones en el parque empresarial seguía incrementándose. La situación se agravó más si cabe en septiembre pasado, cuando la fundación presentó otro escrito, este exponiendo que el estado económico y financiero de la entidad, si no se recibían fondos públicos, no permitía su continuidad o, dicho de otro modo, que, con la Ley de Fundaciones en la mano, estaba abocada a la extinción. Un argumento que, en paralelo, les valía a los responsables del ICAR para mantener que no podían garantizar el cumplimiento de los compromisos de pago determinados en el contrato suscrito con Pimesa, tanto los que estaban vencidos como los que no.

Una actividad en el ICAR, en una imagen de 2024. / Héctor Fuentes
Compensación denegada
Comenzó un nuevo cruce de propuestas, hasta el extremo de que la entidad reclamó a Pimesa que aceptara el desistimiento del contrato de alquiler a más tardar con fecha de 31 de diciembre de 2025, sin aplicar indemnización alguna, y que, de ser así, se compensara la deuda devengada y la pendiente hasta final del ejercicio, cuantificada en 41.252,72 euros, con las mejoras en las instalaciones y el equipamiento existente, cifrados en 39.943,58 euros, a lo que sumaban la fianza entregada en su momento. El consejo de administración de Pimesa, sin embargo, a principios de octubre, acordaba resolver el contrato con el Centro del Envejecimiento desde el 31 de octubre, situaba la deuda a 30 de septiembre en 31.487 euros, cantidad que elevaba a 34.909 para un mes de después, y dejaba claro que la fundación perdería la fianza depositada por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato.
El ultimátum de marzo
Finalmente, Pimesa situó a 31 de marzo la deuda en 51.321,98 euros, a lo que se debían sumar los meses siguientes que continuaran impagados y los intereses, y acordó iniciar las acciones legales y / o judiciales oportunas contra el Centro de Investigación del Envejecimiento – Fundación ICAR para recuperar la posesión del inmueble en Elche Campus Tecnológico, así como las plazas de garaje que tienen en el sótano, instar la resolución del contrato de alquiler suscrito y reclamar las rentas, las cantidades asimiladas adeudadas y las costas. En paralelo, se dio luz verde a comunicar formalmente al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana el acuerdo adoptado por el consejo de administración como resultado del “reiterado incumplimiento” del contrato de arrendamiento.
La última comunicación
Ahora, la historia da otro salto, con la comunicación recibida en Pimesa por parte del Centro del Envejecimiento, con fecha del pasado 4 de mayo, en la que se informaba de que la entidad, el 30 de abril, había acordado no disolver la fundación; e iba a liquidar la deuda pendiente con la empresa pública y las que se fueran devengando en el futuro, lo que supone que quieren seguir con el alquiler. Es más, solo dos días después, la Fundación Icar pagó los 57.707 euros pendientes desde diciembre de 2024 y hasta mayo.
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