El PSOE de Elche propone una declaración común contra la corrupción

El grupo municipal socialista llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Elche una declaración institucional contra la corrupción política con el objetivo de reafirmar el compromiso de la Corporación con la transparencia, la integridad pública y la tolerancia cero ante cualquier caso, con independencia del partido al que afecte. El portavoz socialista, Héctor Díez, anunciaba este miércoles que su grupo propondrá recuperar íntegramente el texto que ya fue firmado por unanimidad por todos los grupos municipales en 2016.

La iniciativa llega después de que el Partido Popular destapara su intención de reafirmar su compromiso contra la corrupción. Sin embargo, Díez acusaba a los populares de presentar una moción partidista centrada en atacar al PSOE y al Gobierno de España, en lugar de buscar un acuerdo común contra la corrupción en todas sus formas. “Condenamos cualquier práctica corrupta, venga de donde venga, y quien no pueda dar explicaciones, se llame como se llame, tiene que atenerse a la Justicia”, señalaba el portavoz del PSOE.

Recuperar el texto de 2016

Díez explicaba que la propuesta socialista consistirá en llevar al pleno la misma declaración institucional que la Corporación aprobó hace diez años. El objetivo, según defendía, es evitar que el debate se convierta en un cruce de acusaciones entre partidos y situar la posición del Ayuntamiento en un rechazo claro y compartido a cualquier práctica corrupta.

“Vamos a llevar la misma declaración institucional que firmamos todos hace diez años, con las mismas palabras, las mismas comas y los mismos puntos; sin trampa ni cartón, con honestidad y transparencia, porque no tenemos nada que ocultar”, afirmaba Díez.

La declaración que el PSOE quiere recuperar se presenta bajo el título de “Declaración institucional manifestando diversas exigencias ante los casos de corrupción política y rechazando la corrupción en todas sus formas”. El texto parte de la idea de que los portavoces de los grupos municipales deben suscribir una posición común ante los casos de corrupción que afectan a la vida pública y a la imagen de los cargos electos.

El documento plantea que la corrupción supone una amenaza para la estabilidad y seguridad de la sociedad valenciana, perjudica a las instituciones y a los valores democráticos, compromete el desarrollo de los municipios y representa una lacra especialmente grave frente a quienes sufren los efectos de crisis económicas y sociales. También subraya que las instituciones tienen la obligación de promover el rechazo a la corrupción y fomentar una cultura basada en valores éticos, democráticos y de gestión pública responsable.

Críticas a la moción del PP

El portavoz socialista rechazaba el planteamiento del PP y sostenía que el texto presentado por los populares no responde al espíritu de consenso de 2016. A su juicio, se trata de una moción política que utiliza la corrupción como elemento de confrontación contra el Partido Socialista y omite los casos que han afectado al propio Partido Popular en los últimos años.

“Lo que hace aquí el Partido Popular es un ejercicio de cinismo absoluto”, afirmaba Díez, quien reclamaba abandonar las “triquiñuelas” y recuperar un texto común capaz de ser respaldado por toda la Corporación. El portavoz socialista considera que un asunto de esta gravedad no debe utilizarse como arma partidista ni como instrumento de desgaste entre formaciones políticas.

En ese sentido, Díez tendía la mano al resto de grupos municipales para negociar una declaración institucional compartida. “Lo que decimos al Partido Popular es que dialoguemos, que consensuemos y que llevemos al Pleno un acuerdo de todos, como hicimos hace diez años”, señalaba.

La declaración que el PSOE propone recuperar recuerda que la mayoría de cargos electos locales desempeñan su labor con dedicación y honestidad, especialmente en municipios pequeños donde muchos representantes públicos no perciben retribución económica. Sin embargo, advierte de que la conducta delictiva de unos pocos supone un atropello al buen hacer público de la mayoría y deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.

El texto también señala que los casos de corrupción dañan la legitimidad institucional porque evidencian fallos en los mecanismos de control de los partidos y de las administraciones. Por ello, reclama que los ayuntamientos actúen como administraciones íntegras, intachables y honradas.

Seis exigencias contra la corrupción

La propuesta de acuerdo que los socialistas quieren llevar al pleno incluye seis puntos. El primero exige la obligación de reponer el dinero público por parte de quienes hayan cometido delitos de corrupción. El segundo reclama una actuación inmediata y pública de las formaciones políticas para separar de sus responsabilidades o representación a las personas corruptas.

El tercer punto plantea retirar los honores públicos a las personas condenadas por corrupción, en todas sus modalidades, incluidas placas conmemorativas, plazas, estatuas o condecoraciones, e insta a las entidades ciudadanas a apoyar estas actuaciones. El cuarto exige el cumplimiento riguroso de la ley en los mecanismos de control de la gestión de las administraciones públicas.

El quinto punto recoge el rechazo a la corrupción en todas sus formas y la necesidad de combatirla en todos los ámbitos de la vida pública, promoviendo una democracia presidida por la ética y la dignidad. El sexto defiende el nombre de la sociedad ilicitana, trabajadora y honesta, y lamenta la estafa económica y moral que suponen las prácticas corruptas.

“La corrupción nos mata a todos. A juegos políticos no vamos a jugar”, concluía el portavoz socialista.

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