Antifraude descarta corrupción o irregularidades en el uso del ahorro de 32,8 millones del Ayuntamiento de Elche para gastos generales

Es cierto que los números son números, pero en política dan pie a interpretaciones de lo más dispares en función de si el partido está en el Gobierno o en la oposición. Eso explica los rifirrafes que, mandato tras mandato, una bancada y la otra tienen a cuenta de la Hacienda municipal, y eso lleva a que cuestiones como los remanentes en el Ejecutivo se interpreten como ahorro, pero que el mismo partido, una vez apeado del poder, lo vea como ineficacia por lo que implica de inejecución. Ahora, precisamente con el remanente de tesorería, se ha dado un nuevo giro de guion. La Agencia Valenciana Antifraude recibió una denuncia por presuntas irregularidades en el uso para gastos generales de los ahorros con los que se cerró 2025, que se elevaron a 32,8 millones. Venía a denunciar la persona en cuestión que se estaba utilizando el remanente de tesorería para financiar modificaciones presupuestarias aprobadas en lo que va de ejercicio, y que eso podía tener incidencia en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y del Plan Económico-Financiero (PEF) en vigor. Sin embargo, Antifraude acaba de dar carpetazo a la denuncia, lo que desde el bipartito de PP y Vox consideran como un aval al uso del remanente que están haciendo, tal y como subrayó este martes el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler.

Modificaciones presupuestarias

El propio Soler, de hecho, aprovechó su comparecencia para poner en valor la gestión económica del Ejecutivo local. “La Agencia Valenciana Antifraude ha estado estudiando la supuesta utilización irregular del remanente de tesorería para gastos generales por parte del Ayuntamiento en el ejercicio 2026, pero ha archivado la denuncia, al no apreciar ningún tipo de irregularidades, fraude o corrupción”, señaló el responsable municipal de Hacienda, destacando especialmente que lo que se denunciaba es que determinadas modificaciones presupuestarias financiadas con remanentes podían comprometer el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y del plan de ajuste, cosa que no ha ocurrido, según subrayó.

Documentación diversa

El edil explicó que, durante la investigación, Antifraude requirió diversa documentación a la Administración local, como informes de Intervención, evaluaciones de estabilidad presupuestaria, rendiciones a la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEL) e informes de seguimiento del PEF. “Tras la revisión de informes y modificaciones presupuestarias, ha estimado que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y ha decidido archivar el expediente”, explicó el concejal.

Endeudamiento

A partir de ahí, mantuvo los argumentos que desgrana pleno tras pleno, sobre todo en los debates con el PSOE: “El Ayuntamiento de Elche no tiene ningún problema económico”, sentenció, para, a continuación, apostillar que “lo que estamos haciendo con los ahorros de este Ayuntamiento, que no deja de ser dinero de todos los ilicitanos, es que se vean las inversiones en la calle durante estos tres años”. Finalmente, defendió que el municipio tiene “un endeudamiento completamente controlado y muy bajo comparativamente con otros municipios”. Todo cuando, además, el bipartito ya ha activado los trámites para pedir un préstamo de 10,9 millones de euros, cuyo plazo para presentar ofertas se cierra el próximo 30 de junio, por lo que Soler confía en que el proceso se cierre pronto.

Interpretación

Sea como fuere, Antifraude hace pivotar su archivo en dos cuestiones muy definidas. Por una parte, considera que los hechos objeto de la denuncia afectan a cuestiones que tienen que ver con criterios de interpretación y aplicación de la legislación en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y que, por tanto, con la normativa en la mano, hay mecanismos específicos de supervisión y tutela financiera. Sobre todo, porque la agencia entiende que no hay indicios de fraude o corrupción que pudieran derivar en una investigación.

Con informes

Lo hace, en este sentido, escudándose en que las modificaciones presupuestarias que se denunciaron se tramitaron por los procedimientos que marca la legislación, con los informes de Intervención necesarios en estos supuestos. La entidad admite que hubo advertencias técnicas sobre el posible impacto que podía tener la utilización del remanente en términos de contabilidad nacional, pero no había ni reparos ni otro tipo de cuestionamientos que pusieran en tela de juicio la viabilidad jurídica de esas modificaciones, descartando incluso actuaciones dolosas orientadas a eludir la legalidad o a obtener beneficios indebidos.

Cambio normativo

Por otro lado, Antifraude apela a que, tras la presentación de la denuncia, entró en vigor el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, que introduce medidas de flexibilización del marco financiero de las entidades locales, adaptando el régimen de estabilidad y minimizando el impacto de las consecuencias derivadas del uso del remanente de tesorería, lo que refuerza los argumentos de la agencia de que no hubo un fin fraudulento o con ánimo de eludir la legislación fiscal. No obstante, la Agencia Valenciana Antifraude sí acuerda remitir al servicio de tutela financiera de la Generalitat Valenciana los hechos denunciados por las competencias que le puedan corresponder en este tema.

Críticas del PSOE

Desde el equipo de gobierno pusieron el foco en que estas denuncias son anónimas y que, por tanto, no se sabe quién la ha presentado. No obstante, el PSOE se ha mostrado especialmente combativo con este tema en Elche. Hasta el extremo de que solo unos días después de que el bipartito de PP y Vox presentaran públicamente los datos del remanente, que se vendió como el más alto de su historia con 32,8 millones, achacándolo a licitaciones a la baja y otros ahorros, los socialistas acusaron al Ejecutivo local de “confundir" a la ciudadanía al plantear que el dinero sobrante de las cuentas municipales pudiera emplearse para inversiones, hasta el extremo de que aseguraron haber consultado la cuestión con el Ministerio de Hacienda, que les respondió que el superávit solo podía destinarse reducir la deuda bancaria del Ayuntamiento.

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