El Ayuntamiento de Elche clausura una campa de coches a la entrada de Torrellano y prepara ya el cierre de otras dos

Primer hito reseñable, aunque probablemente aún insuficiente para los vecinos y vecinas de la zona, dentro de la cruzada que el bipartito de PP y Vox, con la alianza de la Policía Local, ha emprendido contra las campas en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche, y, en particular, en las pedanías de Torrellano y El Altet. Todo después de que los agentes del cuerpo municipal de seguridad clausuraran este mismo viernes un negocio de estacionamiento de vehículos que desarrollaba su actividad sin licencia de apertura a la entrada de Torrellano, en una parcela con una extensión de 20.000 metros cuadrados, y en la que había en ese momento medio millar de vehículos.

Ley y seguridad

Para hacer efectivo el anuncio, de hecho, comparecieron de urgencia el alcalde, Pablo Ruz, y el comisario principal de la Policía Local, César Zaragoza, lo que daba cuenta de la importancia que, desde el Ejecutivo local, dan a este hecho. Fue en este contexto en el que el regidor ilicitano comenzó subrayando que “gobernar es ordenar”, a lo que apostilló que “el Ayuntamiento, después de muchos años mirando para otro lado, al final ha decidido actuar”. Una actuación que justificó en que “el Ayuntamiento es el garante de que se cumpla la ley y la seguridad, por lo que puede suponer una campa en un entorno rural, un entorno agrícola”, dejando claro que “no es una decisión arbitraria”.

Sin licencia

En este sentido, explicó que la campa en cuestión carecía de licencia para desarrollar la actividad, y que existen actas de inspección que acreditan la evolución de la parcela. “En el mes de febrero sólo había movimientos de tierras y en mayo ya se desarrollaba la actividad dedicada al depósito de coches con cientos de vehículos en el interior”. Una cronología que es lo que le valió para poner el foco en que se trata de una actividad económica impulsada después de la moción aprobada por la junta de gobierno el pasado 23 de abril para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, así, ordenar estos negocios.

“Es el resultado de meses de trabajo, gracias a nuestra Policía Local y al departamento de Aperturas, con mucho esfuerzo, mucha presencia, mucho requerimiento de información, de documentación y de constatación de que las cosas no estaban bien”, destacó el alcalde, que sostuvo que ha habido levantamiento de actas, requerimientos y notificaciones; y un trámite de audiencia previo, además de la presentación de alegaciones y la posterior desestimación, el decreto de clausura y el recurso presentado por el interesado, también desestimado. Con ello, hacía hincapié en que se ha respetado de forma escrupulosa el procedimiento legal y los trámites de audiencia.

El operativo

En total, fueron seis agentes de la Policía Local los que participaron en el dispositivo desplegado este viernes, y que, según Ruz y Zaragoza, se desarrolló con normalidad. No obstante, tras la clausura del negocio, hay 500 vehículos en el interior de la campa, que los propietarios podrán ir retirando, aunque siguiendo las indicaciones de los agentes municipales para garantizar que el establecimiento continúa cerrado, como marca el decreto.

Otros dos expedientes avanzados

Sea como fuere, el alcalde anunció que esta no será la única actuación. "Esto es un punto de inflexión, todo lo que venga a partir de ahora no se va a autorizar", comentó Pablo Ruz. En unas semanas está previsto que se produzcan más cierres. Sobre todo, porque en estos momentos hay otros dos expedientes muy avanzados que ya han superado el trámite de audiencia y que se encuentran en fase de resolución. También estos casos se corresponderían a actividades impulsadas tras el acuerdo de la junta de gobierno el pasado mes de abril para impulsar la modificación del PGOU.

Inspecciones

Unos cierres que se producirían en paralelo a las inspecciones que se han venido desarrollando en las últimas semanas, en buena parte por la movilización vecinal. Hasta el punto de que, según los datos que dio el alcalde, ya se han identificado más de 110 establecimientos, que se traducen en 100 hectáreas de ocupación en pleno Camp d’Elx, y la Policía Local junto con ingenieros municipales han realizado alrededor de 81 controles. “Todas presentan algún tipo de irregularidad administrativa, aunque no todas se encuentran en la misma situación jurídica y ahora disponen de un plazo de tres meses para aportar proyectos, medidas de seguridad y el resto de documentación exigida”, afirmó el alcalde. Asimismo, alrededor de 30 instalaciones cuentan con licencias provisionales concedidas en 2005, y también se están revisando.

De todo tipo

En cuanto a la tipología, es de lo más variada. “Hay mucha la casuística, y es prácticamente tan grande como el número total de campas que existen”, apuntó Ruz. En cualquier caso, diferenció entre las campas que se dedican al alquiler de vehículos, negocio que dijo que es necesario en un entorno como el del aeropuerto, y las que se usan como parking, sin poder concretar cuántas hay de cada tipo. Incluso parece ser que se han detectado algunas que estarían funcionando como desguace, precisó César Zaragoza, con el peligro que eso implicaría de incendios, y las consecuencias que tendría para el tráfico aéreo, al estar cerca del aeródromo.

Propietarios, en el foco

También hubo una llamada de atención a los propietarios de terrenos que continúan arrendándolos, para que se puedan instalar nuevas campas en Elche. “En estas últimas semanas hemos detectado movimientos extrañísimos y contra los que vamos a ir con todo el peso de la institución”, subrayó Pablo Ruz, para agregar que “tenemos constancia de que algunos propietarios del entorno siguen alquilando parcelas para campas con cantidades que se mueven entre los 18.000 y los 19.000 euros”. Les pidió que no lo hagan y, aunque es cierto que contra ellos no puede hacer nada la Administración local, tanto el alcalde como el jefe de la Policía Local, que habló de “poner orden en el desorden”, alertaron de que se arriesgan a quedarse sin el contrato de alquiler por la clausura de estos negocios, alertando, además, de los problemas de sellado de suelo, de escorrentía de aguas e incluso de posibles incendios derivados de este tipo de actividad económica en un entorno donde hay viviendas.

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