Elche asume las competencias para sancionar a las viviendas turísticas

De momento, en Elche, las viviendas de uso turístico no suponen un problema de convivencia ni de oferta ilegal. Eso al menos es lo que consideran desde el bipartito de PP y Vox, que, aún así, va a asumir las competencias autonómicas para sancionar a este tipo de establecimientos en caso de irregularidades, tal y como marca la Ley 15/2018, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana. Para ello, lo que va a hacer la Administración local, como ya han hecho otros municipios como Alicante, y como deslizó el equipo de gobierno en septiembre de 2024, es adherirse al convenio marco suscrito entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Los números

De hecho, el Ejecutivo local trata de quitar hierro a la incidencia de las viviendas turísticas en Elche amparándose en las cifras que da. Al respecto, el informe firmado por la concejala de Mujer, Comercio, Hostelería y Desarrollo Local, Caridad Martínez, revela que, en la actualidad, hay 930 pisos turísticos que, en total, ofertan 4.297 plazas. La mayoría de ellas se concentran en Arenales del Sol, con el 61 %; el casco urbano de Elche se queda con el 20 %; y en La Marina hay un 7 %. El resto se distribuye por Torrellano, Maitino, Atzavares, Baya Alta, Peña las Águilas, La Hoya, Jubalcoy, Torrellano Alto y Baya Alta.

Aún no son un problema para Elche, pero el informe sí reconoce que «el aumento de viviendas de uso turístico puede ocasionar conflictos de convivencia con los residentes locales, y, si además son ilegales, contribuye significativamente a la economía sumergida, altera el mercado inmobiliario y afecta al sector turístico en general que opera en el mercado siguiendo la normativa vigente».

Las investigaciones

En cuanto a las investigaciones abiertas en este tiempo, el documento se remite a los números dados por el Servicio Territorial de Turismo de Alicante, que apunta a que en 2024 hubo cuatro expedientes de diligencias previas por reclamaciones o denuncias, y seis en 2025. Por lo que respecta a los motivos de las reclamaciones o denuncias, en cinco casos fueron por establecimiento clandestino, dos por problemas vecinales, dos por insatisfacción con el servicio prestado, y una por estafa.

Por lo que respecta a expedientes sancionadores, se asegura que no se ha iniciado ninguno en 2024 ni en 2025. Sólo hay un expediente pendiente de estudio en 2026, del que están analizando las diligencias previas por su pudiera derivarse en el inicio de un expediente sancionador, se añade.

"Testimonial"

Con estos puntos de partida, el informe, del pasado 15 de junio, pone el foco en que, «como se desprende de estos datos, el número de expedientes por reclamaciones o denuncias es meramente testimonial», a lo que se apostilla que, «desde la entrada en vigor del decreto ley 9/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico, se ha producido, además, una depuración de las viviendas turísticas existente tanto en Elche como en otros municipios».

Es más, se explica que no se prevé que, «con la asunción de competencias por parte del Ayuntamiento para la incoación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores por comisión de infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico, se vaya a producir un incremento significativo de expedientes por estos motivos».

Los ingresos

No obstante, sí se señala que, si en un futuro sí hubiera una subida importante, el convenio marco prevé que los ingresos obtenidos por las sanciones económicas que se impongan en el ejercicio de las competencias delegadas se considerarán como ingresos propios y, por tanto, podrán quedarse en las arcas municipales.

«Según el informe que obra en el expediente sobre medios humanos y materiales necesarios para asumir estas competencias, cabe entender que, en tanto no se modifiquen el nivel de denuncias que se ha producido en los pasados ejercicios, no se requieren medios personales ni materiales adicionales a los existentes para realizar estas funciones, asumidas por delegación», se sostiene en cuanto a quién se hará cargo de esta labor.

Eficacia

«Por todo lo anterior, se entiende que la adhesión mediante convenio singular es instrumento de eficacia y eficiencia, porque permite compartir medios personales y materiales a las administraciones implicadas, a la vez que reducir coste en el ejercicio de las competencias de cada una de ellas», se sentencia.

Compromís aprieta

Ante este escenario, desde Compromís, su portavoz, Esther Díez, incide en que «nos parece como mínimo sorprendente que ahora Partido Popular y Vox quieran hacer como que se preocupan por la ordenación de los apartamentos turísticos», añadiendo que «hay que recordar que en septiembre de 2024 desde Compromís llevábamos una moción en la que se pedía simplemente que hubiera una regulación, una ordenación de este tipo de alojamientos en nuestro municipio para evitar que derivaran en el caos que hay en ciudades como Alicante, y Partido Popular y Vox votaron injustificadamente en contra».

Web

También recuerda que en octubre pasado dieron a conocer la web https://quenotetiren.com, para denunciar apartamentos turísticos ilegales que estuvieran generando problemas entre el vecindario, y que ya llevan 25 denuncias en Elche que, según Díez, «dan una muestra de la realidad que existe en nuestro municipio». Una circunstancia a la que suma el hecho de que «el Banco de España alega que este es el municipio con mayor porcentaje de pisos turísticos en la zona periférica, porque en nuestra costa el 70 % son de ese tipo, con lo que eso conlleva de elevar y tensionar los precios». Por eso mismo, pide «un reconocimiento del PP y Vox de que han cambiado de criterio y se han alineado con las tesis de Compromís, y que digan cómo van a hacer eso efectivo, y si han ampliado los medios en el servicio de inspección urbanística».

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