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La dependencia se atasca en Elche: el PSOE apunta a 250 solicitudes al mes y hasta dos años de espera

Los socialistas aseguran que las demoras para una plaza obligan a familias a recurrir a residencias privadas con costes de hasta 2.800 euros mensuales

Conmemoración de la Ley de Dependencia en un acto celebrado en Elche, en imagen de archivo

Conmemoración de la Ley de Dependencia en un acto celebrado en Elche, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

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J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Elche

El PSOE de Elche arreció este jueves sus críticas contra la gestión de la dependencia por parte del Consell apuntando a que el aumento de la presión sobre los Servicios Sociales municipales lleva a que mensualmente se presentan una media de 250 nuevas solicitudes de dependencia y que se estén dando demoras que llegan a alcanzar los 700 días, casi dos años, para acceder a una plaza pública residencial.

El portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, tildó de "fracaso político con consecuencias humanas" el servicio a la dependencia autonómico cargando contra la Generalitat por el atasco administrativo, al recordar que es la Administración competente para resolver expedientes, adjudicar prestaciones y garantizar las plazas públicas.

Reprobó que mientras esperan una plaza muchas familias tienen que asumir el coste en residencias privadas, "por lo que pagan entre los 2.500 y los 2.800 euros al mes", según Valera, quien considera que esta situación acaba "expulsando del sistema a quienes no pueden pagar".

Ayuda a domicilio

El edil socialista, apoyando sus críticas en los datos de los Servicios Sociales municipales, señaló que además de la tramitación de las 250 solicitudes, 518 personas reciben atención a través del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) por Dependencia, otras 275 son usuarias del SAD municipal y únicamente en un mes se realizaron 163 valoraciones de dependencia.

Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE de Elche

Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE de Elche / INFORMACIÓN

Para Valera, estas cifras evidencian que la presión sobre el sistema continúa aumentando y que, por tanto, requieren una respuesta más ágil por parte del Consell apuntando a la agilidad con los expedientes y la ampliación de plazas públicas.

El edil aprovechó para defender el nuevo Real Decreto-ley 17/2026 aprobado por el Gobierno de España, que contempla 6.200 millones de euros adicionales para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia entre 2026 y 2027.

Según expuso, la financiación estatal alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones en 2027, el doble que el pasado ejercicio, con el objetivo de que las comunidades autónomas reduzcan las listas de espera, refuercen las plantillas y amplíen los servicios. De igual forma, desde el PSOE trasladaron que se estima con esta inyección reducir un 28 % la lista de espera en la Comunitat Valenciana, lo que supondría que unas 4.471 personas dejarían de esperar una prestación.

No obstante, el portavoz socialista sostiene que ese incremento de financiación "no está teniendo reflejo" en la Comunidad Valenciana con la gestión de Pérez Llorca.

870 personas

Valera recuperó este jueves los datos que hizo públicos el pasado febrero sobre la falta de plazas residenciales en la ciudad recordando que 870 personas permanecían entonces en lista de espera para acceder a una residencia pública, frente a 285 plazas disponibles. A su juicio, esta situación se ha agravado por la paralización de proyectos previstos en la etapa del Botànic, como la residencia y el centro de día públicos proyectados para Elche dentro del Plan Convivint.

Críticas a Pablo Ruz

El portavoz adjunto socialista tampoco dudó en dirigir sus críticas al alcalde, Pablo Ruz, al que acusa de mantener una actitud pasiva ante la situación. Según Valera, el regidor "calla ante su conselleria y ante el PP valenciano mientras nuestros mayores siguen esperando y las familias soportan en solitario una carga que corresponde asumir a la administración".

Por ello, el PSOE reclamó que el bipartito exija públicamente a la Generalitat un plan urgente para agilizar la resolución de expedientes, reducir los tiempos de espera, incrementar las plazas públicas residenciales y reforzar la coordinación con los Servicios Sociales municipales.

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