La regeneración de Porfirio Pascual en Elche choca con antiguas tuberías de gas

La rehabilitación urbana del barrio de Porfirio Pascual en Carrús ha tropezado con una infraestructura que desde sus orígenes tuvo poco fuelle, pero que sigue ocupando fachadas y subsuelo. La red de gas ciudad instalada hace ahora casi dos décadas, en 2009, se ha convertido en un nuevo frente administrativo y técnico para colocar el aislamiento exterior en algunas zonas de los inmuebles y ejecutar parte de los ascensores en este sector de Elche.

Mientras residentes de varios bloques manifiestan que la información que les ha transmitido la promotora es vaga y temen que la situación demore la regeneración, desde la empresa municipal Pimesa aseguran que se ha explicado a los residentes la situación y rechazan que exista un retraso atribuible al gas, e incluso se amparan en que las cuadrillas avanzan en cubiertas, fachadas y reparaciones.

Al hilo, sostienen que para actuar en los puntos donde se encuentran estas conducciones ahora se está haciendo un trabajo previo y esencial, que no es otro que obtener el consentimiento de cerca de 40 comunidades que tienen la instalación. Cuando llegue ese acuerdo unánime de entre la práctica totalidad de los propietarios, unos 300, se formalizaría con la compañía distribuidora, Nedgia, la retirada o el desvío de las conducciones.

Cimentación

Sobre este segundo supuesto, desde la empresa pública reconocen que hay una afección puntual en los dos últimos edificios, ya que una de las conducciones de gas enterrada ocupa el espacio necesario para cimentar los ascensores y la máquina de micropilotes no ha podido trabajar allí.

Teresa Ripoll, presidenta de una de las comunidades del número 15, explica que las tuberías visibles en las fachadas eran conocidas desde el comienzo de las obras, en febrero de 2025, y que se ha terminado lastrando la actuación al hallarse esa línea subterránea. Según su testimonio, hasta la fecha se han colocado ventanas, acondicionado suelos de balcones y picado paredes, pero no observan avances en las tareas que consideran principales. «No hay una fecha clara», sostiene esta residente.

Asunción González, residente en el bloque 1 de este mismo número, comparte la preocupación. Asegura que los últimos trabajos perceptibles en su entorno se realizaron hace alrededor de dos meses y que la respuesta que les dan tanto desde Pimesa como en el Ayuntamiento es que tengan paciencia. «Llevamos meses con los zócalos destapados», afirma.

«Sabemos que es una obra y que hay que aguantarla, pero lo que nos urge es solucionar el gas ciudad», reitera mientras lamenta que el horizonte para el fin de los trabajos se sitúe ahora en 2028 después de que a finales de junio la junta de gobierno aprobase una adenda al Acuerdo número 11 de la Comisión Bilateral de febrero de 2023, relativo al entorno residencial de rehabilitación programada del barrio, un cambio que, en la práctica, permitirá ampliar los plazos casi dos años más.

18 edificios

En cuanto a la permanencia de las conducciones de gas, no es baladí por lo que acarrea. El proyecto abarca 18 edificios y 302 viviendas e incluye un sistema de aislamiento térmico exterior, conocido como SATE. Para fijarlo es necesario liberar las fachadas de elementos adosados. Pimesa ya tuvo que intervenir sobre redes de telecomunicaciones dando un plazo a las compañías para identificar sus instalaciones, todo para poder separar los cables en servicio y retirar los que no tenían uso. Esa operación, reconoce Antonio Martínez, gerente de la empresa pública, demoró algunos trabajos durante varios días.

Sin conexión

Con el gas, sin embargo, no basta con despegar una tubería porque la red discurre principalmente por las fachadas traseras y se estima que más del 95 % de sus derivaciones no estaban conectadas a ninguna vivienda. Cuando Pimesa pidió su retirada, la suministradora les trasladó que no podía desmontarla mientras quedaran usuarios activos. La empresa municipal consultó entonces a los pocos vecinos que mantenían el suministro. Unos renunciaron a él y otros ya se habían dado de baja, por lo que, de acuerdo con la versión de Pimesa, actualmente no queda ningún abonado y la red se encuentra inutilizada.

Si bien, el hecho de cerrar el suministro no resuelve la titularidad de la instalación ni autoriza por sí solo a desmontarla. Las conducciones pertenecen a la distribuidora, pero están colocadas sobre elementos comunes de inmuebles privados. De ahí viene el laberinto administrativo. A ello se le suma que la totalidad de los edificios se dividen en una cuarentena de comunidades, cada una de las cuales debe aprobar la retirada, autorizar la actuación y contar con su propio expediente y presupuesto, por lo que hay que resolver decenas de expedientes, según Martínez.

Condiciones jurídicas

Desde Pimesa empezaron hace semanas a trasladar a los propietarios la necesidad de adoptar esos acuerdos mientras en paralelo se negociaba con la propietaria de la red las condiciones jurídicas y económicas, además de marcar que debe formalizarse un contrato y remitir un presupuesto individual para cada comunidad. La sociedad municipal sostiene que asumirá el coste de la retirada y que no lo repercutirá a los propietarios, y que por ahora ya se han abonado dos de esas actuaciones, mientras se preparan el resto.

La previsión es retirar de una vez los tramos de fachada. Distinto es el caso de la conducción enterrada: no interfiere en la mayor parte del barrio, pero en la última zona coincide con la cimentación de los ascensores. Nedgia deberá facilitar el plano y definir el desvío. Pimesa calcula que la documentación podría estar resuelta en aproximadamente un mes, aunque no ofrece una fecha cerrada para intervenir.

Antonio Martínez insiste en que la incidencia no ha detenido la rehabilitación en su conjunto y que el calendario se ha visto condicionado por el estado real de los edificios, descubierto al abrir fachadas y cimentaciones, y por la necesidad de reforzar numerosos puntos mediante micropilotes, y no por el gas.

Al hilo de lo que expone el responsable de la mercantil, fue el pasado febrero cuando Pimesa aprobó una modificación del proyecto para adaptar los ascensores, las cimentaciones y las cubiertas a deficiencias no previstas inicialmente y cambios con los ascensores que promovieron una ampliación de 18 a 24 meses de la ejecución de las obras a cargo de la UTE integrada por FCC Construcción y Obras y Servicios P. Selva, situando el final en el 30 de diciembre de este año, y no en el 30 de junio. Esta última fecha era el límite para no perder las ayudas de los Fondos Next Generation de la UE, plazo que se acabó ampliando.

Así las cosas, se le terminó pidiendo a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad una prórroga hasta final de año, mientras que para la justificación de las actuaciones se solicitaba de plazo hasta el 30 de junio de 2027. Como ya anticipó este diario, en el plan de actuación de Pimesa de 2026 se reconocía que, al cierre de 2025, lo que se preveía es que se llegara al 74% de ejecución, aunque, finalmente, se quedaron en el 32%. Una demora bastante considerable que justificaban entonces en los cambios impulsados.

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