El Ayuntamiento de Elche cierra con el aval del juzgado otra campa en Torrellano con más de 3.600 coches

Segundo cierre de una campa en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche en poco menos de un mes, en este caso, en Torrellano Alto, en nueve parcelas con 50.000 metros cuadrados y donde había unos 3.650 coches. Eso es lo que ha decretado el Ayuntamiento, hasta el extremo de que el martes por la noche, a las 21.21 horas, los agentes de la Policía Local procedían a la clausura de este negocio de estacionamiento de vehículos que desarrollaba su actividad sin licencia de apertura. Con un matiz importante en esta ocasión: la decisión está avalada por el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, después de que su titular rechazara la medida cautelar pedida por la empresa, con la que pretendía continuar con su día a día hasta que se resolviera el recurso que presentó contra la resolución del pasado 30 de junio por la que se decretaba el cierre.

Instalaciones ampliadas

Así lo anunció este miércoles el alcalde, Pablo Ruz, acompañado por el comisario principal de la Policía Local, César Zaragoza. Lo hizo en el marco de una comparecencia en la que explicó que se habían ampliado las instalaciones de la campa después del acuerdo de la junta de gobierno local del pasado mes de abril, en la que se activaron los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, de este modo, ordenar este tipo de negocios en el entorno de la terminal del aeropuerto. Sin embargo, por encima de todo, el regidor ilicitano puso el foco en el demoledor auto del juzgado.

El auto

“En las presentes actuaciones, no se justifica por la parte solicitante de la medida cautelar en qué punto se vería comprometida la garantía de la efectividad de la sentencia o en qué medida se podría producir la pérdida de la finalidad legítima del recurso”, comienza diciendo el juez en su resolución. Entre otras cosas, y más allá de que las causas económicas no las considera suficientemente acreditadas, porque cree que son riesgos inherentes a toda actividad económica, y más cuando no se dispone de la correspondiente licencia, como se encarga de resaltar.

Ahora bien, destaca especialmente que el juez hace hincapié en que la junta de gobierno dio luz verde el pasado 23 de abril a un acuerdo por el que se impedía la implantación de nuevas campas de aparcamiento y alquiler de vehículos, y la ampliación de las existentes mientras se ordenaba la puesta en marcha de estas actividades. “Esta decisión responde a razones de interés público expresamente recogidas en el propio acuerdo y persigue evitar la consolidación y el crecimiento desordenado de actividades con una evidente incidencia territorial, ambiental, paisajística y funcional, cuya implantación exige una previa respuesta planificadora”, expone. A ello, añade que “la citada directriz constituye un criterio general de actuación destinado a reforzar las labores de inspección y control en el ejercicio ordinario de las competencias municipales, con el propósito de impedir nuevas implantaciones o ampliaciones durante la tramitación del correspondiente instrumento de planeamiento”.

Sin privilegios ni tratamientos singulares

Es más, apunta que “es una medida de alcance general, que no contempla excepciones, privilegios ni tratamientos singulares en favor de ninguna actividad en concreto”, y señala que la empresa no puede refugiarse en los posibles prejuicios económicos “cuando habría acometido las ampliaciones del negocio de aparcamiento con posterioridad a dicho acuerdo y a sabiendas de su contenido y trascendencia”. Finalmente, puntualiza que “el criterio municipal resulta público, conocido y coherente con los fines perseguidos por el acuerdo de 23 de abril de 2026, integrándose en una actuación administrativa general, planificada y dirigida a garantizar una adecuada ordenación del territorio, siendo plenamente compatible con el ejercicio de las potestades urbanísticas y de control que el ordenamiento jurídico atribuye al Ayuntamiento”.

Procedimiento reglado

Con estos puntos de partida, Ruz incidió en que “se trata de un procedimiento reglado y con todas las garantías, no un capricho de la junta de gobierno, del alcalde o del comisario principal”, y subrayó que el juez viene a ratificar que, desde el pasado mes de abril, no se pueden poner en marcha nuevas campas ni ampliar las existentes. De hecho, aseguró que se está trabajando en la modificación del PGOU, que es compleja, para ordenar estos negocios en el Camp d’Elx y, en particular, en Torrellano y El Altet.

No obstante, dejó claro que, hoy por hoy, el planeamiento prohíbe este tipo de negocios, cerrando la puerta así a que la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), que ha introducido el PP en las Cortes Valencianas vía enmiendas al anteproyecto de Ley de Acompañamiento a los presupuestos autonómicos, pueda ser un coladero. “Y no solamente es que no se pueda, es que no se puede decir que el Ayuntamiento está permitiéndolo, porque se está incurriendo en una falsedad, se está mintiendo, y se está liando”, dijo en alusión a aquellos, en particular los vecinos, que ponen en duda la firmeza del Ejecutivo local en su lucha contra las campas.

Acompañamiento policial

Respecto al negocio clausurado en sí, relató que hay actas de inspección que acreditan la evolución y la ampliación de los terrenos dedicados a esta actividad sin licencia, y precisó que, en total, son nueve parcelas. “Los vehículos ahora mismo quedan inmovilizados, y los propietarios podrán retirarlos cuando lo soliciten”, comentó, aunque con el protocolo que se ha establecido con la Policía Local, de manera que, para que se garantice el cumplimiento de la clausura, habrá un acompañamiento por parte de los agentes a la hora de llevarse los vehículos. En cuanto a la sanción, si la hay finalmente, llegará en otra fase.

Dos actuaciones más en camino

A estas actuaciones, en breve, se podrían sumar dos más, ya que dijo que ya hay otros expedientes muy avanzados, que están en el trámite de audiencia. Todo en el marco de un plan en el que, reiteró Ruz, se han identificado 110 campas, y se han hecho cerca de 85 inspecciones. “Todas presentan algún tipo de irregularidad administrativa, pero no todas están en la misma situación jurídica”, alegó el alcalde. En este sentido, hay 45 anteriores a la modificación que se hizo en su día del Plan General para legalizar negocios en el Camp d’Elx, y 30 cuentan con licencias provisionales de 2005 que están siendo revisadas, aunque puso el foco en que los negocios que están generando problemas son los impulsados en los últimos años.

También volvió a hacer hincapié en la responsabilidad que tienen los propietarios que alquilan terrenos para estas actividades, con casos en los que se llegan a percibir hasta 25.000 euros al mes por el arrendamiento, según los datos ofrecidos por el regidor ilicitano. “Esto no puede ser, esto no es la ley del oeste, esto no es la ley de la jungla, hay un ayuntamiento que es firme e inflexible”, sentenció.

Control de los precintos

Respecto a la primera campa, admitió que aún quedan coches, pero alertó de que no se pueden introducir más vehículos, y que se están haciendo inspecciones. Eso sí, matizó que “el Ayuntamiento no puede tener un Gran Hermano permanente, porque tenemos un término municipal muy extenso. Por eso, hay que poner un poco de sensatez”, en alusión al placaje que están haciendo desde la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto. “Cuando las campas se precintan, tanto la primera como esta segunda, se pone un precinto que es vigilado por la Policía, y, si ese precinto es quebrantado, tiene consecuencias, y también tenemos un control de los vehículos que hay”, apostilló César Zaragoza.

Reunión

Finalmente, en cuanto a la reunión pedida por los vecinos, el alcalde de Elche señaló que, de momento, no había una solicitud formal, pero manifestó que “este domingo estaré en Torrellano, y estoy encantado de reunirme con todo el mundo. No tengo problema, al contrario”.

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