El bipartito de PP y Vox apunta a 150 ocupaciones ilegales en Elche para justificar la oficina que abrirá en septiembre

La Oficina Anticupación, línea roja de Vox para sacar adelante los presupuestos municipales de 2026 en Elche, empezará a andar en un mes, después de que este jueves se aprobase finalmente por junta de gobierno el convenio con el Ilustre Colegio de Abogados (ICAE) para asesorar a propietarios afectados. Lo curioso es que el acuerdo finalmente será de 8.333 euros en lugar de los 18.150 de los que se habló en el pleno de junio, cuando se aprobó una modificación de las cuentas para habilitar la partida.

Con ello, la inversión municipal final para parar este "tipo de delincuencia cada vez más frecuente", como alertó el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, será sólo una tercera parte de la que se preveía inicialmente, cuando se hablaba de destinar cerca de 30.000 euros, y menos aún de lo aprobado en junio. Preguntado sobre si este acuerdo se renovará anualmente, Ruiz espetó que espera que en 2027 no haga falta la oficina.

El concejal, eso sí, despejó dos dudas. La primera: la ubicación de la oficina, de la que tampoco se tenía la certeza que tuviera un lugar físico, ya que en todo este tiempo se han ido dando vagas respuestas desde el bipartito de PP y Vox sobre la cuestión. Finalmente, será personal del área del edil voxista el que se encargue de esta labor de atención ciudadana en las dependencias de la Casa de l'Orxata, justificando la decisión por la cercanía con el Colegio de Abogados, que destinará profesionales para cubrir la parte jurídica.

Cifras

La otra incógnita que desveló Ruiz es la dimensión del problema en cifras, ya que hasta la fecha el Ejecutivo local no había dado un dato que sustentase la oficina. En este caso, el edil se amparó en datos de la Policía Local asegurando que en 2024 se registraron 232 denuncias por ocupación, y que sólo pudieron resolverse favorablemente 74. En 2025 la cifra descendió a 176 mientras que expuso que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 159 casos y que sólo se han podido resolver 28. El concejal precisó que estos números corresponden únicamente a intervenciones de la Policía Local y reconoció que desconocen los datos de la Policía Nacional y también los que manejan las empresas privadas especializadas en desalojos, por lo que considera que el número real sería superior. Por otra parte, puntualizó que no se trata de intentos de acceso a las vivienda sino de ocupaciones consumadas.

Ruiz atribuyó estas cifras a la legislación actual, cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y sostuvo que en numerosas ocasiones los propietarios terminan recuperando sus viviendas únicamente "bajo una extorsión", al tener que indemnizar económicamente a los ocupantes para que abandonen el inmueble y entreguen las llaves.

"El 95% son particulares"

El responsable municipal, a preguntas de los periodistas, también quiso desmontar la idea de que la mayoría de las viviendas ocupadas pertenecen a grandes tenedores o fondos de inversión. Según indicó, el 95% de los afectados en Elche son particulares, personas que "han trabajado toda la vida para poder adquirir esa vivienda" y que en muchos casos dependen del alquiler para complementar sus ingresos. De este modo, negó tajantemente que las casas a las que se ha entrado por la fuerza, en el grueso, sean de fondos buitre. "Vamos a quitárnoslo de la cabeza", enfatizó.

Sobre el hecho de que se haya podido recrudecer este fenómeno por las dificultades de acceso a la vivienda, Ruiz puso la responsabilidad sobre el Estado para "que no carguen con ese peso los ciudadanos".

"Patadas a la puerta"

Otra de las cuestiones planteadas fue si los expedientes incluían también casos de inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar el inmueble. El edil descartó ese supuesto y aseguró que los datos de la Policía Local hacen referencia a ocupaciones mediante allanamiento. "Estamos hablando de patadas a la puerta para hablar claro", respondió.

Asimismo, evitó señalar barrios concretos como especialmente conflictivos para no estigmatizar zonas de la ciudad, aunque reconoció que existen distritos "más vulnerables" y advirtió de que el fenómeno ya afecta también a algunas pedanías, con casos de chalets.

El concejal se escudó en que la ocupación es un tipo de delincuencia y que las herramientas para prevenirla o reducirla serán orientación, asesoramiento y acompañamiento. Ruiz anunció que los letrados impartirán charlas informativas en todas las juntas de distrito, donde explicarán a vecinos y asociaciones cómo actuar durante las primeras horas tras detectarse una ocupación y qué pasos deben seguir para proteger sus derechos.

Además, el acuerdo contempla acciones formativas dirigidas al propio personal municipal, con el objetivo de que los trabajadores conozcan los protocolos de actuación durante las primeras 48 horas, consideradas "las más cruciales". Paralelamente, el Colegio de Abogados comenzará a formar a profesionales especializados en esta materia para atender los expedientes derivados desde la oficina municipal.

Sin nuevas contrataciones

El concejal salió al paso de las críticas que, según aseguró, ya apuntan a que el nuevo servicio supondrá "otro chiringuito". Negó esa posibilidad y explicó que la oficina no implicará nuevas contrataciones, alquileres ni reformas, ya que operará con personal ya existente de la Concejalía de Promoción Económica, mientras que el Ayuntamiento actuará como "nexo de unión" entre los afectados y los abogados especializados, permitiendo también realizar un seguimiento estadístico de la evolución de las ocupaciones y de la eficacia del servicio.

Tras la aprobación del convenio, el Ayuntamiento dispone ahora de un plazo máximo de un mes para poner en marcha la oficina, aunque Samuel Ruiz confió en que pueda comenzar a funcionar a principios de septiembre.

Sobre la cuestión, en febrero de 2025 el PP elevó al pleno la necesidad de establecer un protocolo municipal contra el problema e incluso apuntaban a que los procedimientos judiciales para recuperar una vivienda se extendían una media de 23 meses y que principalmente quienes estaban detrás de esos accesos ilegales eran mafias internacionales. A finales de mayo, en una entrevista con este periódico, el alcalde, Pablo Ruz, calificó de "muy sensata” la propuesta final de Vox y también aseguró que existe un problema real de ocupación en el país extrapolable en Elche. Entonces declaró que “lo que no puede ser es que las leyes actuales protejan al ocupante y no al propietario”.

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